ALER exige al gobierno de Honduras proteger y garantizar seguridad del personal de Radio Progreso

La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), preocupada por la grave situación de violencia social y política que vive Honduras, se suma a las voces ciudadanas que, desde las calles, hacen un llamado a las fuerzas policiales y militares al cese inmediato de la violencia y represión que agudizan el quebrantamiento del Estado de derecho en ese país centroamericano. 

Las fuerzas militares muestran procedimientos irrespetuosos y violatorios de los derechos humanos. En este contexto, el 24 de junio, se registró la incursión de la Policía Militar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde una veintena de estudiantes resultaron heridos, 4 de ellos de gravedad por disparos de bala. Según Amnistía Internacional, las dos últimas semanas han muerto 2 personas y 19 han resultado heridas por armas de fuego en enfrentamientos con la fuerza pública. Por ello nos unirnos a las organizaciones nacionales e internacionales que condenan estos hechos que buscan acallar la voz y frenar movilización del pueblo hondureño.

La gravedad de la situación tiene como origen el golpe de Estado de 2009, así como las elecciones ilegales y fraudulentas de noviembre de 2017, lo cual se refleja en informes como el de la Coalición contra la Impunidad, que afirma que durante la semana del 16 al 22 de junio se produjeron tomas y movilizaciones en al menos 75 puntos del país, llamando la atención que en el 90% de intervenciones hubo uso indiscriminado de bombas lacrimógenas e incluso balas, que alcanzaron a hogares, centros de salud y otros lugares públicos. 

A los actos de violencia y represión provenientes de los cuerpos oficiales del Estado se suma la estrategia de criminalización y campaña de descrédito contra defensores/as de derechos humanos, como es el caso concreto del dirigente social y ambientalista Leonel George. Se les vincula con “grupos armados”. Así mismo, tenemos conocimiento de informes militares y policiales que perfilan al Padre Ismael Moreno Coto, director del ERIC-Radio Progreso, como “uno de los líderes políticos detrás de las planificaciones de las marchas, disturbios y saqueos”; junto con él, hay una larga lista de líderes sociales que se encuentran amenazados de forma permanente por su posicionamiento político de defensa de los derechos humanos. El mismo presidente Juan Orlando Hernández fomenta el descrédito de forma irresponsable cuando el 25 de junio, en declaraciones públicas afirmó que algunos defensores llevan en sus mochilas bombas molotov y piedras. 

A la criminalización y descrédito se suman actos de agresiones, amenazas e intimidación contra varios comunicadores y comunicadoras de nuestra asociada Radio Progreso.

Frente a lo antes descrito exigimos el respeto al libre ejercicio de un periodismo libre y seguro, así como el derecho a la comunicación y demás derechos humanos propios de un Estado democrático.

Hacemos un llamado al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a garantizar y prevenir cualquier situación que atente contra la seguridad y la vida de nuestras y nuestros compañeros/as comunicadores/as, así como de los defensores de los humanos. Exigimos, a la vez, investigación y sanción a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos.

ALER, como organización continental que reúne a medios de comunicación popular y comunitarios en América Latina y el Caribe, se mantiene vigilante de los acontecimientos y continuará denunciando los actos de violencia, así como los reclamos por la protección de los derechos humanos del pueblo hondureño.

Quito, 26 junio 2019

Imagen: hondurastierralibre.com

Last modified: 29/06/2019