Written by Recientemente apareció en el portal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la información sobre el proyecto HO-L1191, denominado Apoyo a la Creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), el que describen como “esta operación apoyará al Gobierno de Honduras en la conceptualización y preparación de estudios técnicos y diseños para el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) que buscan: (i) el incremento de la inversión en sectores intensivos de empleo; (ii) la creación de empleos formales; y (iii) la reducción del desempleo y el empleo informal”.
La iniciativa de las ZEDE, conocidas como ciudades modelo, surgen con el gobierno de Porfirio Lobo, el que promovió una serie de reformas constitucionales para la creación de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED); idea “original” del economista estadounidense Paul Romer, el que asoció con Marc Ravalomana, presidente de Madagascar para ceder en nombre de las ciudades modelo, 1,3 millones de hectáreas a la empresa DAEWOO, filial de la compañía coreana POSCO. El pueblo de Madagascar reaccionó en febrero de 2009 ante la concesión, derrocando a Ravalomana y finiquitando la entrega del territorio insular.
Un año después reaparece Romer en la Honduras post golpe, asesorando al Lobo y su gabinete, en relación a la creación de las ciudades modelo Honduras, tomando como punto de partida de dicho proyecto, la costa Garífuna y promoviendo la construcción de dicho proyecto entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, abarcando más de 24 comunidades Garífunas.
El pueblo reaccionó ante las características neocolonialistas del proyecto, el que replicaba la república bananera impuesta casualmente en 1911, con el golpe de estado de Manuel Bonilla -fundador del Partido Nacional- financiado por San Zemurray. En octubre de 2012, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de RED, teniendo como consecuencia un golpe del poder legislativo al judicial, acontecido el 12 de diciembre del mismo año. Para junio del 2013, fue maquillada la Ley RED y convertida en la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, la que fue aprobada sin mayor oposición en el Congreso.
Con las elecciones en noviembre de 2013, se ratificó la condición de estado fallido y la enorme influencia del crimen organizado en el proceso electoral, el presidente del Congreso Nacional, pasó a controlar el ejecutivo, ratificando las ciudades modelo como uno de los pilares económicos de su administración.
El profeta de las ciudades modelo, Paul Romer -nombrado en el 2016 economista en jefe del Banco Mundial- retiró su apoyo a las ciudades modelo en Honduras tras percatarse de la realidad política del país. Paul Romer en una entrevista alojada en su blog personal indicó que “dejé de trabajar en un proyecto en Honduras porque un grupo de personas está tratando de crear un sistema que establezca un tipo de aristocracia que nunca estará sujeto al control electoral local. Ellos están haciendo esto mediante el establecimiento de una junta gubernamental que volverá a nombrar a sus propios miembros. No estará sujeto al control político de la población de la zona, ni de los ciudadanos de Honduras, ni siquiera de los votantes de otros lugares, como sucedió en Hong Kong. Están tratando de crear una verdadera aristocracia en un pequeño grupo de veinte personas, que nombrarán sus propios reemplazos y que siempre estarán a cargo”.
Hasta la fecha, las ZEDE no han logrado captar inversionistas dispuestos a apoyar la iniciativa. En su momento los libertarios de derecha Peter Thiel y Patri Friedman contemplaron la construcción de una ciudad flotante en el golfo de Fonseca. Para junio de 2015 Juan Orlando Hernandez planificó participar en una conferencia promovida por Seasteaders -compañía impulsora de las ciudades flotantes- en la ciudad de San Francisco, denominada “Disrumpiendo la Democracia: elección de gobernanzas en Honduras”. Hernández a última hora canceló su asistencia aduciendo la crisis por la cual atravesaba el país. Posteriormente las ZEDE publicaron un comunicado en su pagina de internet donde se negaban cualquier vinculación con los experimentos “libertarios” en materia de gobernanza.
El proyecto que pretende financiar el BID, en ningún momento ha sido consultado con las comunidades Garífunas dentro del área de influencias de las ZEDE, que en cinco potenciales zonas de implementación de las ciudades modelo, abarcan 20 comunidades Garífunas. El BID en su Política Operativa sobre pueblos indígenas señala la importancia de “mecanismos de consulta previa para salvaguardar la integridad física, cultural y económica de los pueblos afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales protegidas”.
La rapiña territorial que se ha desatado en la Bahía de Trujillo, a manos de empresarios canadienses, es consecuencia en cierta medida de la implementación de las ciudades modelo. El Informe de la Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras señala que “Dado el ambiente político y el actual estado de documentación de tierras Honduras, se sabe con certeza que tierras pertenecientes a los Garífunas y otros pueblos indígenas no se han titulado de forma correcta, y que incluso sus tierras tituladas están en peligro de perderse ante las ZEDEs u otros intereses de desarrollo sin la consulta previa o indemnización exigidas por la ley”.
El proceder del BID es un indicador del apoyo a la actual cuestionada administración gubernamental y un respaldo a las ciudades modelo, específicamente a la tercerización de justicia, seguridad y nuevas formas de gobernanza, elementos que diferencian a las ZEDE de las Zonas Económicas Especiales, las cuales se originaron en China y ahora pululan por todo el planeta. La catastrófica situación que atraviesa Honduras en cuanto a la aplicación de justicia, la inequidad económica, y las violaciones a los derechos humanos, no se resolverán con la creación de estados cuasi independientes, especialmente si se tiene en consideración la simbiosis existente entre gobierno y crimen organizado.
Exigimos al BID el respeto al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, ante el apoyo económico que pretende otorgar a un proyecto altamente cuestionado por el pueblo Hondureño y que ha dado lugar a un enorme retroceso en materia de aplicación de justicia como se puede deducir de la defenestración de la Corte Constitucional por haber declaró ilegal las ciudades modelos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Last modified: 20/07/2017
