· Gobierno de Luis Guillermo Solís incumple acuerdos firmados el 19 de mayo con comunidades afectadas por la producción de piña a gran escala.
· Comunidades, organizaciones sociales y ecologistas anunciamos medidas de presión ante el gobierno.
27 de junio, 2017. – Las comunidades costarricenses afectadas por los impactos sociales y ambientales de la producción de piña a gran escala, y un gran número de organizaciones sociales y ecologistas que acompañamos a las comunidades, denunciamos con indignación el incumplimiento por parte del gobierno costarricense de los acuerdos firmados el día 19 de mayo en Casa Presidencial.
El 19 de mayo de 2017 la ruta encabezada desde Los Chiles por don Jorge Castro, doña Mariana Paniagua y don Gabriel Campos, una dura caminata de casi 180 kilómetros que buscaba denunciar la trágica situación que viven las familias pequeñas ganaderas y campesinas de la zona norte de Costa Rica, culminó con una reunión en Casa Presidencial.
En esta reunión se firmó un documento que contenía cuatro puntos mínimos de acciones que el Ejecutivo realizaría (Ver documento adjunto). Estas acciones buscaban abrir una ruta de cumplimiento de las leyes existentes en el país, y que desde las comunidades y organizaciones reiteradamente hemos denunciado que las empresas piñeras e instituciones del Estado incumplen. Todo esto se hace configurando una trama de complicidad, impunidad y corrupción, donde se salvaguardan los intereses de los capitales nacionales y trasnacionales piñeros y se socavan los Derechos Humanos fundamentales de las comunidades.
Denunciamos la falta de buena fé del gobierno de Luis Guillermo Solís y la falta de seriedad y compromiso con las problemáticas de las comunidades afectadas, que se expresa claramente en que ni siquiera honraron su palabra para el cumplimiento del primer acuerdo.
El primer acuerdo era que “en un periodo no mayor a 15 días” después de la reunión en Casa Presidencial, se realizaría una visita de inspección a fincas piñeras de la zona norte por parte de las y los Ministros de Agricultura, Ambiente, Salud, Trabajo y la Presidencia de AyA.
La fecha de la gira se fijó para el jueves 29 de junio, después de haber sido cambiada tres veces por el Gobierno. El gobierno comunicó oficialmente ayer, por medio del asesor del Ministerio de la Presidencia Raymi Padilla, que decidieron cancelar la gira, a pesar de que mostramos total anuencia para coordinar el cumplimiento de este acuerdo, ajustando la fecha de la visita a la agenda de las y los funcionarios.
El gobierno argumenta que canceló la gira por “señalamientos y ataques hacia el señor Ministro de Agricultura y Ganadería”, hechos en redes sociales; y por “la incertidumbre”, al no decirles específicamente las fincas que iban a visitar. Este último aspecto quedó claro desde la firma de los acuerdos, en el sentido de que se coordinaría una ruta general para la visita pero no se revelarían las fincas hasta el mismo día de la inspección, pues lamentablemente cuando las fincas esperan visitas oficiales suelen “preparar” el terreno para ocultar la evidencia de irregularidades.
Todo esto es sólo una excusa vergonzosa para no cumplir con el compromiso que habían firmado los funcionarios y ministros y que, recalcamos, el Presidente no quiso firmar nunca a pesar de la insistencia de Jorge Castro, Mariana Paniagua y Gabriel Campos, que permanecieron varios días en las afueras de la Casa Presidencial solicitándole dicho respaldo. En esos días entregaron también en Casa Presidencial 215 denuncias relacionadas con los impactos del monocultivo de piña, sobre las cuales no han obtenido respuesta.
La decisión del gobierno y el lenguaje legal con el que la comunica (Ver adjunto) puede ser una amenaza para el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de la población: ¿La responsabilidad de cancelar un acuerdo firmado por altos jerarcas de gobierno, desde su perspectiva recae en un pequeño ganadero que expresó en redes sociales su frustración ante la dura realidad que enfrenta a diario, una realidad que sigue igual a más de un mes de su caminata de casi 180 kilómetros?. Los funcionarios públicos deben estar abiertos a la crítica. De nuestra parte seguimos considerando necesario el debate y el diálogo; pero éstos no pueden concretarse exitosamente a partir de la intimidación o el desconocimiento de las comunidades como interlocutoras válidas y protagónicas.
Por esto cuestionamos tajantemente la “autoridad moral” del Ministro Luis Felipe Arauz, fiel defensor de la agroindustria y del sector piñero tal como consta en sus declaraciones de prensa y en su artículo “De piña y ambiente”. Lo desconocemos como autoridad ante las comunidades y organizaciones que llevamos a cabo procesos de defensa ambiental y de Derechos Humanos, él acoge serenamente las críticas y presiones del agronegocio pero se niega a atender las acciones que buscan frenar el despojo de las tierras campesinas y la destrucción de nuestro ambiente por parte de las empresas piñeras.
Aunque reconocemos los esfuerzos de algunos funcionarios y funcionarias por atender la grave problemática causada por la expansión piñera, el gobierno de Luis Guillermo Solís no puede seguir apostando por proteger los intereses de los grandes empresarios piñeros. Las comunidades y organizaciones sociales y ecologistas estaremos realizando una serie de medidas de presión en las comunidades afectadas, además de acciones de denuncia nacional e internacional justificadas en el irrespeto a los Derechos Humanos y a las leyes nacionales, así como en la destrucción ambiental que implica la producción de piña a gran escala en nuestro país.
Demandamos una vez más una Moratoria Nacional a la expansión piñera con el fin de proteger la agricultura y ganadería campesinas, el ambiente y los Derechos Humanos frente a este devastador monocultivo, que sigue creciendo sin fiscalización adecuada por parte del Estado. Reiteramos nuestra disposición al diálogo transparente, en aras de sumar esfuerzos para que se cumpla a cabalidad la legislación ambiental, laboral y agropecuaria de nuestro país y que las instituciones públicas implementen sus competencias para garantizar el bienestar de todos los sectores afectados.
Amigos de Pacuare
ASADA de Milano
Asociación de Desarrollo Integral de Buena Vista de Guatuso
Asociación de Desarrollo Integral de La Guaria de Pocosol, San Carlos.
Asociación de Desarrollo Integral de Tiales de Guatuso
Asociación de Ecología Social
Asociación de Mujeres de África
Asociación de Proyectos Alternativos (PROAL)
Asociación de Pequeños productores de Las Marías de Veracruz de Caño Negro
ASOPROGEFO
Bloque Verde
Campaña Piña sin Derechos
Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus
CEP Alforja
Círculo Bolivariano Yamileth López
CoecoCeiba Amigos de la Tierra
Colectiva Tierra Semilla y Pan
Comité Ambientalista de Siquirres
Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus
Comité Cívico Bonaerense
Comité de Turismo Longo Mai
Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus
Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador
Comisión Pro Ríos del Corredor Biológico Alexander Skutch
Comisión Zona Norte
Comisión de Asuntos Ambientales de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR)
Comunidad para el Desarrollo Humano
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Coordinadora Norte Tierra y Libertad
Ditsö
Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON)
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAPP)
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR)
Finca Integral Loroco Talamanca
Grupo Ecologista de Occidente
IndignadosCR
Movimiento Ríos Vivos
Movimiento Salvemos La Loma Salitral y el Comité Pro Defensa del Río Virilla
Red de Coordinación en Biodiversidad
Red de Semillas
Unión de Asociaciones de Desarrollo por el Desarrollo Sostenible de Upala (UNADESU)
Unión de Amigos para la Protección del Ambiente (UNAPROA)
Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)
Last modified: 28/06/2017