Written by Arrodillados ante los promotores de hidroeléctricas, los gobiernos han entregado, descaradamente, nuestros recursos hídricos, al calzar leyes a su medida y otorgar 73 hidroeléctricas en Chiriquí y en la comarca Ngäbe Buglé, sin estudios de impacto ambiental acumulativo. Así dejaron en peligro el frágil ecosistema de cuencas. Nosotros nunca nos enteramos del plan maquiavélico y antinacionalista, con el que se aprovechan de nuestros recursos sin dejar ganancias al Estado. Los verdaderos beneficiados fueron los promotores, en su mayoría extranjeros, asociados a nacionales influyentes en los gobiernos que se “banquetearon” con nuestros ríos.
El anzuelo de las hidroeléctricas era que nos traerían mucho trabajo, dinero y progreso; nada más lejos de la realidad. Los que tomaron esas decisiones forman parte de un cuerpo élite de altos funcionarios públicos, estrechamente relacionados con promotores, quienes ocuparon importantes puestos en la Autoridad de los Servicios Públicos y hoy ocupan cargos en la Secretaría Nacional de Energía, en la junta directiva de Etesa, en la administración de servicios públicos y demás instituciones. Seguidamente, muchas hidroeléctricas han sido convertidas en títulos que se negocian en el mercado de valores, o sea, convertidas en especulación en el mercado financiero.
Los contratos de concesión, amparados en repudiados estudios de impacto ambiental, fueron aprobados por la difunta Autoridad Nacional del Ambiente. Hace dos años, los moradores de Bugaba protestaron contra las hidroeléctricas, y la exministra Mirei Endara tuvo que cancelar 15 proyectos. Quedaron a la buena de Dios, 33 estudios de impacto ambiental. El ministro de Ambiente encargado, Emilio Sempris, ante el evidente delito ambiental de mantener al tope nuestras cuencas, debe pisar los callos que tenga que pisar, para salvar la sistemática destrucción de nuestros ríos, pues todavía los promotores se dan la mano con los gobernantes. La hora de los paños tibios pasó, llegó la hora de los mameyes.
Este gobierno tiene la obligación, moral y legal, de cancelar los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas sin construir, puesto que estas causan un injustificable daño ambiental, sin ser mitigado. En bandeja de plata están las razones para cancelar esas 33 hidroeléctricas, pues aparte de que los numeritos no le están cuadrando a los promotores, el Power Purchase Agreement no está emitiendo contratos.
Pareciera que sobraran hidroeléctricas (nueve están en construcción), Chiriquí ha cumplido ya su cuota con 40 de estas. Alrededor del 10% de la energía que producen las 31 que están en operación es vendida internacionalmente y transportada por las líneas de trasmisión de Siepac, porque aún no contamos con una línea de trasmisión directa hasta la capital. La línea 3, adjudicada a Odebrecht, recién va por Llano Sánchez.
No es ético ni moral entregar, a ciegas, las hidroeléctricas de pasada. Que utilizan el agua como materia prima, en una proporción del 90% del cauce, convergiendo con el 10% restante muchísimos kilómetros, aguas abajo, por lo que se deja a los ríos secos en esos largos trechos, y los convierte en sistemas abióticos de aguas turbinadas (contaminadas y sin materia orgánica). En un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, ese 90%/10% fue declarado ilegal. Más claro no canta un gallo: ¡No más hidroeléctricas!
Por: Laura Pedreschi Janson
Last modified: 18/04/2017
