Nuevos tratados comerciales legalizan el robo por parte de las corporaciones y convierten en ilegales las semillas de los campesinos

EL Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), firmado en 1994, fue el primer tratado en imponer estándares globales sobre propiedad intelectual o propiedad legal sobre plantas, animales y microorganismos, junto a un mecanismo para implementarlos. Representantes de la industria de las semillas y de la biotecnología de EEUU llevaron este tema a las negociaciones comerciales. ¿Cuál era su objetivo? Asegurarse que compañías como Monsanto, Dow y Pioneer pudieran obtener ganancias al impedir que los agricultores reutilizaran sus semillas.

Los Acuerdos de Libre Comercio (TLCs) negociados fuera de la OMC, como la Acuerdo Trans Pacífico y el RCEP, llegan aún más lejos. Se establecen nuevas reglas que confieren poderes monopólicos a las empresas de agronegocios, a expensas a las pequeñas comunidades campesinas e indígenas, por ejemplo, ilegalizando que los campesinos y agricultores guarden, intercambien o modifiquen las semillas de las variedades vegetales conocidas como protegidas. Esta es una tremenda injusticia, ya que los agricultores y los pueblos indígenas son la fuente original de estas semillas.

Desde 2001, GRAIN ha hecho el seguimiento de cómo los TLCs, negociados en su mayoría en secreto y fuera de la OMC, están siendo usados para ir más allá de los estándares internacionales de patentamiento de las formas de vida. En este nuevo informe, entregamos una actualización sobre los TLCs que están legalizando el robo de parte de las corporaciones en todo el mundo. El informe incluye dos conjuntos de datos actualizados sobre los “TLCs que están privatizando la biodiversidad fuera de la OMC” y “Etapa en el proceso de adhesión (por país) a los tratados de comercio que incluyen apartados de semillas”.

El informe y el conjunto de datos está disponible en: https://www.grain.org/e/5540

Fotografía: En Chile, los estudiantes, los campesinos y los consumidores han logrado evitar que el senado adopte la “ley Monsanto” que requeriría que el país se uniera UPOV 1991—que el ATP va a volver obligatorio.