Written by Nuevamente, expresamos nuestra posición e indignación por la cuestión nacional, máxime cuando el desarrollo se confunde entre el negocio y las necesidades sociales verdaderas.
Es decir, que por encima de la gran mayoría de los panameños prevalece la inversión y comercio de la industria extractivista, sea del agua o tierra. En donde a plenitud, los gobiernos tienen que garantizar las operaciones de las empresas criollas y transnacionales para generar los resultados de acumulación de capital. Sin una reversión de las ganancias, transparencia y rendición de cuentas, sean el mejor ejemplo para los beneficiarios nacionales.
Por ende, la seguridad humana, o seguridad de los ciudadanos panameños, queda en un limbo, o quizás en supuesto por debajo de la seguridad jurídica de las inversiones privadas. Y a este andamiaje se le suma los lacayos y abanicos como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá CCIAP que expresa su preocupación por la paralización de la hidroeléctrica Barro Blanco. Apostando a la seguridad jurídica de las inversiones, sin interesar si los efectos negativos a las comunidades y país afecten.
Seguridad jurídica; eslogan trillado de la clase empresarial por encima de la vida y las leyes panameñas. Así como el mal llamado “daños a terceros”, en donde los segundos, son parte del mismo árbol de afectación del primero: el gobierno opresor, el empresario explotador y la transnacional usurpador.
Last modified: 05/08/2016
