Written by El Gobierno ha ordenado, entre otras medidas, la suspensión de clases en las escuelas y universidades por tres días, declarando como objetivo el ahorro de energía ante la falta de lluvias en el país.
Algunas preguntas, ¿cuál es el consumo del sistema educativo comparado con el de otros sectores? Porque si bien las medidas incluyen el cierre de supermercados entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., ese horario no se caracteriza por una alta actividad en este tipo de comercios, tampoco los cines, que tienen igual medida. Los casinos, espacios cerrados y cargados de equipos eléctricos, siguen consumiendo energía todo el resto del día. Los locales y centros comerciales deben apagar el aire acondicionado de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., ¿y el resto de la jornada?, ¿y la luz?
¿Por qué la medida es más drástica en el sector educativo?, ¿tiene prioridad el comercio sobre el derecho a la educación?, ¿por qué no cerrar los grandes malls y dejar que los niños y niñas sigan estudiando?, ¿cuánto gasta una escuela en los campos del país, en su mayoría sin aire acondicionado ni equipos que requieran energía y que, además, trabajan en horario diurno o vespertino?, ¿el cierre incluirá a las escuelas que nunca han tenido ni siquiera electricidad?, ¿dónde está la ministra de Educación, que dice no tolerar interrupciones en el proceso, tan fiera contra los gremios docentes, tan dócil con el Ejecutivo?
Un escenario: desde el año pasado se nota el aumento en una campaña alrededor del tema energético en la que “coinciden” autoridades ministeriales y el sector privado, usando un guión que incluye el aumento de la demanda, acercándose a la capacidad de generación de energía según datos de un centro nacional de despacho que nadie verifica, un apagón nacional aún sin explicación, interrupciones al suministro, necesidad de hidroeléctricas, proyectos eólicos y de gas natural, campaña mediática de “crisis energética” y finalmente, medidas que afectan temas sensibles para la gente, como la educación de sus hijos, asegurándose de no alterar significativamente la ganancia de las empresas.
Una clave: en medio de esta campaña, se aprobó la Ley 18 de 2013 que crea un procedimiento sumario para que la ASEP expropie inmuebles en proyectos relacionados con la generación, interconexión, transmisión y distribución de electricidad, colocando en indefensión a las comunidades indígenas y campesinas tradicionalmente afectadas por la ejecución de estos proyectos.
Una advertencia: la falsa solución a la “crisis” será una prolongación de sus causas reales, es decir, la destrucción ecológica en beneficio del interés privado, el consecuente despojo a una parte de la población, justificada en un escenario de urgencia creada y en el discurso de utilidad pública, apoyada en el pensamiento cortoplacista e individualista de la población en la capital y alrededores, interesada en mantener su comodidad a cualquier costo, aunque sea insostenible, incapaz de cuestionar a fondo y comprometerse a cambiar el modelo de sociedad, su consumo irracional, sus consecuencias socioambientales. Pero podemos hacer que sea distinto.
Last modified: 09/07/2013
