Una tierra llamada Salitre (Video)

Introducción

En el marco del desarrollo humano en Latinoamérica, es preciso visualizar conocimientos sobre las luchas de los pueblos que tienden a fortalecer la construcción de acciones ante un modelo desigual e inhumano. En este sentido, la diversidad de pueblos, culturas y saberes, nos a llevado a emular acciones colectivas, con motivos para transformar o resistir el escenario de la injusticia y decisiones erróneas que han puesto en peligro la existencia de la humanidad, producto de la imposición de políticas extractivas y acaparadoras de bienes naturales. A lo anterior, y las realidades sociales en nuestra región, urge el compromiso de fortalecer el acervo cultural político, modo que nos complementa a impulsar propuesta hacia la lucha de los pueblos.

Génesis

Para comprender la realidad que vive los indígenas en Latinoamérica, solo basta ver los indicadores de violaciones a sus derechos humanos a través de algunos medios de comunicación responsables, y observadores internacionales en la materia.

Costa Rica se presenta al mundo como un país de cultura de paz a partir del fin de la guerras que sacudió Centroamérica en los años 80, y se dice que fue ejemplar en la implementación de protocolos para la conciliación y paz en todos los niveles de la vida pública.

Pero, actualmente a sufrido un revés a plenitud de los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas y empobrecidas, en donde la criminalización de la protesta es la nueva amenaza que las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales sufren actualmente.
Antecedente y Fundamentos legales.

Este escenario es visible en el conflicto territorial en Salitre, cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, a 5 horas de la capital costarricense, en donde mantienen una férrea lucha por la recuperación de sus tierras hace más de 2 décadas.

Según el último censo nacional del año 2000 y relativamente impreciso hay 9,645 personas Bribri, cuya población ha sufrido el despojo de sus bienes y espacio legal, reconocido por las leyes nacionales en materia indígena como es la Ley de Autonomía Indígena promulgada en 1977 y convenios internacionales como el 69 de la OIT.

Como es de su conocimiento, en el año 2010 un grupo de indígenas fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa después de pedir y exigir dignamente la aprobación de la Ley Autonomía Indígena. Como esto fue negado, el pueblo del Territorio Indígena de Salitre decidió hace 3 años iniciar un proceso de Reafirmación Territorial, debido a que gran parte del territorio está en manos de no indígenas (entre estos finqueros, terratenientes, empresas transnacionales y nacionales).

A pesar de que este proceso de reafirmación territorial de tierras está respaldado por varias normativas jurídicas nacionales e internacionales que dan cuenta que estas tierras les pertenecen a ellos y ellas, y que se debe garantizar la seguridad integral personal de ellos y ellas, como lo son:

1. La Convención Americana de los Derechos Humanos firmada en el año 1969 en sus artículo 5 sobre el Derecho a la Integridad Personal y el artículo 11 sobre la Protección de la Honra y su Dignidad.

2. La Ley Indígena del Estado de Costa Rica N° 6172 de 1977 en su artículo 3 y 5.

3. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ratificado por Costa Rica el 2 de abril de 1993 en sus artículos 2, 13, 14, 17, 18 y 19.

4. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 en sus artículos 1, 2, 7, 8, 26, 27, 28.

Hemos visto como el gobierno no ha garantizado el respeto de los Derechos Humanos e Indígenas que competen al poder que usted representa y por ser su persona el representante del Estado costarricense, por tanto, el mayor responsable de dicha situación.

Esto lo decimos, ya que en los últimos días, los y las Indígenas Bribris del Territorio Indígena de Salitre han sufrido agresiones tanto físicas como psicologías por parte las y los invasores no indígenas, las cuales han sido frecuentes, no cesan y continúan impunes.

En los últimos días la situación se ha agravado. El 30 de agosto pasado, la compañera indígena Bribri Grace Delgado Morales, fue agredida en el Territorio Indígena de Salitre por un grupo de usurpadores y usurpadoras, entre los que se encontraba Denia María Sosa Navarro. La compañera había recuperado un terreno en la zona de Cebror, legitimada por la Asociación de Desarrollo Indígena. También salió afectado el indígena Bribri Julian Delgado Maroto a quien le machetearon su mano. En la tarde del 31 de agosto, el indígena Bribri Oldemar Figueroa, fue agredido por el no indígena Kevin Mora Abarca. Otro grupo de usurpadores al entrar la noche quemaron por segunda vez (habían quemado hace más de un año) la vivienda de la indígena Bribri Mariana Delgado Morales, en el sector Río azul del mismo Territorio Indígena de Salitre.

En la noche del 1 de setiembre en horas de la noche, un grupo de matones acuerpados por los finqueros quemaron otra vez la casa de habitación de las hermanas Roxana y Heylin Figueroa Calderón y su madre María Otilia. En la madrugada del 2 de setiembre los finqueros quemaron la casa de Floribeth Morales Figueroa en el sector de Sipar, en el mismo Territorio Indígena de Salitre.

Hoy en día se mantiene un campamento de personas no indígenas que hostigan y amenazan a las compañeras recuperantes en Cebror, lo cual pone en peligro la seguridad e integridad física y psicológica de mujeres, hombres y niños y niñas del territorio. Además, que les cortaron el agua de la casa de habitación de la compañera indígena Grace Delgado Morales, lo cual ha ocasionado que ella y su familia tengan que pasar enfrente de los matones y hostigadores no indígenas, violentándose de esta forma sus Derechos Humanos, y poniendo en peligro la vida y la integridad física y psicológica de las compañeras indígenas.

Queremos recalcar que la Medida Cautelar No. 321-12 sobre el Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre del 30 de abril del 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta que el pueblo del Territorio Indígena de Salitre se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.

Además, que la CIDH solicitó a Costa Rica que adoptará las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo Indígena de Salitre.

Sumado a esto, la Defensoría de los Habitantes calificó de muy grave el conflicto por tierras en el territorio de Salitre entre personas indígenas y no indígenas. Asimismo, la Defensoría solicitó la intervención inmediata de las autoridades gubernamentales para que envié una comitiva con capacidad de decisión y acuerde un plan concertado con ambas partes para el saneamiento territorial.

Al conflicto territorial de Salitre lo caracteriza la violencia y la complejidad que lo generó.
Entre las partes involucradas encontramos indígenas que dedican su vida al desarrollo de la tierra, el cuido del bosque y el desarrollo cultural, y por otro lado los no indígenas, llamado también finqueros, que son colonos que invadieron tierras dentro del territorio indígena de forma ilegal hace ya más de 20 o 30 años, dedicados especialmente a la ganadería extensiva.

Actividad que ha generado un acaparamiento de grandes extensiones de tierra en manos de pobladores no indígenas.

Este conflicto, se puede interpretar como una continuidad de la colonización española en América, cuyos patrones de conducta son evidentes en la usurpación o invasión por medio de la fuerza y violencia y al mismo tiempo que la justicia local carece de los instrumentos legales necesarios para evitar el derrame de sangre. Claras pruebas fueron los hechos de julio del 2014, en donde ranchos fueron quemados y las vías de acceso a salitre fueron obstruidas por los finqueros.

Nuestro equipo de trabajo acudió al sitio para estudiar el caso con mayor detenimiento, considerando otros informes sobre la situación en Salitre pudiendo constatar la violencia hacia los indígenas en formas muy diversas como persecución, humillación, amenazas, actos racistas, golpes, machetazos, tortura y agresiones sicológicas a mujeres y niños. Máxime un escenario social, en donde impera el terror y la inacción del gobierno central y de medios de comunicación comercial que informan a medias la cuestión en Salitre.

La ausencia de una efectiva justicia o la falta de voluntad de las autoridades centrales por darle paz al territorio, es uno de los reclamos más importantes por parte de los indígenas. Pese a que al sitio de confrontación fue la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga a dialogar en el 2014, no se ha logrado contrarrestar los hechos que empaña los derechos humanos para Costa Rica.

Ante tales hechos, los representantes de los indígenas afectados han interpuesto más de 6 denuncias, cuyos resultados no se hicieron efectivos, algunos por supuestamente carecer de pruebas. Pero son abundantes testimonios y pruebas físicas: casas destruidas, machetazos, orificios de bala sobre techos, y el relato de los golpes, amputaciones y herida de bala ejecutadas por parte de los finqueros.

Para el noviembre del 2014, procede la captura del indígena Sergio Rojas miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), que además de ser amenazado de muerte y ha sufrido atentados contra su vida por las acciones que conllevan a la recuperación de sus tierras. Dicha acción pone por más de 6 meses de cárcel hasta lograr una medida cautelar a favor del preso.
Durante la semana del 13 de julio, la recuperación de tierras se puso en marcha por los Bribri, ya que es legitima la acción, en donde ha sido realizada en custodia de policías, orden emitida por los tribunales nacionales. Pese a las amenazas de los finqueros, 20 familias procedieron a bloquear el camino de acceso a Río Azul, expresando que el gobierno cumpla con las medidas cautelares, y rechazando las amenazas de los no indígenas.

Por otro lado, múltiples organizaciones de pueblos indígenas piden que se apruebe el proyecto de ley 14352, que busca el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que su espíritu legal conllevaría a la paz para su desarrollo humano, así como de otras exigencias como la atención a la tenencia de tierras, el desarrollo de políticas públicas en los territorios indígenas. A tales fines, las Naciones Unidas ONU, pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego a lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense.

Para formalizar dichos preceptos, los acuerdos entre las partes y la representantes del gobierno tico, que dirige Guillermo Solís, firmados el 8 de julio del 2014 deben se hacerse efectivos, la cual se acordó resolver las tenencias de tierras en Cebror, Río Azul y Puente. Así como control y vigilancia en el territorio indígena. Pero como relevancia la figura de indemnización puede ser la salida a dicho conflicto.

Para los observadores de los derechos humanos y voces expertas, el Estado debe cumplir a cabalidad las leyes en materia de derechos humanos, máxime para la paz, el desarrollo y protección de los ciudadanos. La cual implica la participación de las altas autoridades hasta los estamentos policiales, en donde se decreten acuerdos de conductas imparciales para evitar favoritismo y corrupción de finqueros a la policía. Además, el libre tránsito y respeto a periodistas y medios de comunicación, que no pudieron cubrir los hechos registrados. Es importante destacar que los indígenas rechazan la injerencias de la empresa piñera Pindeco, quienes han influenciados para apoyar a los no indígenas.

Que hacer?

Hasta el momento, Costa Rica sigue en deuda con los pueblo indígenas, especialmente con Salitre. Quienes exigen al gobierno la protección y ejercicios de los Derechos Humanos para que en la oscuridad no quede impune las injusticias de quienes bajo fuego ultrajen la dignidad humana.

A lo anterior, organizaciones de derechos humanos como grupos solidarios, han exigido el cumplimientos de las normas legales y protección de las familias indígenas Bribri. Garantías prescindible para la continuidad de su desarrollo local. En donde también lo acuerpa las medidas cautelares emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

Usted también puede garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, participando directamente en las actividades sociales y legales. Y de manera indirecta apoyando los llamados solidarios y distribución de las alertas e información.

Cuyo consenso exige los siguientes preceptos sociales:

A la Fuerza Pública retirar inmediatamente a las personas no indígenas que se encuentran ubicados en zona indígena como se evidencian en el informe de la 12 Misión de la ODHAIN quienes se mantienen hasta la fecha en una postura amenazante.

Que se le restablezca el servicio sociales.

Al poder ejecutivo y demás órganos competentes del Estado costarricense que intervengan de manera inmediata en la zona de conflicto para que se garantice que las tierras son de los y las indígenas y la seguridad integral de nuestros hermanos indígenas.

Además de esto que se cumplan con las leyes establecidas a nivel nacional e internacional que protegen a los pueblos, personas y territorios indígenas.

Exigimos que se haga cumplir la Medida Cautelar No. 321-12 sobre el Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre del 30 de abril del 2015 de la CIDH.

El cumplimiento de las leyes nacionales por la Defensoría de los Habitantes.
Se responsabiliza al Estado costarricense y a las autoridades del gobierno de cualquier acto de agresión y actos contra la vida de los indígenas.

También se responsabiliza por la inacción, por la complacencia con los finqueros racistas, por el irrespeto a los derechos indígenas a su vida, a su cultura y a su territorio y por los hechos que podrían darse si se mantiene la impunidad de las diversas agresiones.

Referencias y fuentes citadas