3 años. En camino a la represión y criminalización de la protesta en Costa Rica

La acción inicio desde el Edificio de la CCSS, en la avenida segunda en la ciudad de San José, Costa Rica en horas de la mañana.

El 08 de noviembre de 2012, familias de la región occidental del Valle Central, de Guanacaste, así como otros ciudadanos y organizaciones, se manifestaron pacíficamente frente al edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social exigiendo se detuvieran los recortes presupuestarios a los Hospitales de sus comunidades y mejorar en la calidad del servicio de las Clínicas y los EBAIS.

El Estado, haciendo gala del mayor irrespeto a la libertad de expresión y de manifestación, arremetió contra las personas ahí presentes en varias descargas de violencia desde medio día hasta entrada la noche, agrediendo a mujeres, niños y ancianos sin ningún tipo de misericordia, mientras golpeaba y arrestaba a los manifestantes sin justificación.

El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día.

La movilización popular por derechos fundamentales arrebatados se intensifica tanto por la sucesión de acciones directas, como por el carácter y la forma de la respuesta popular. El Estado no da soluciones viables por el contrario se despliega una batería de métodos de persecución y agresión al pueblo y una escalada de violencia draconiana que vulnera los derechos humanos.

El Estado costarricense es culpable tanto por omisión y complicidad como por su participación directo de la violación de los derechos humanos en este país. Así mismo se ha evadido la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades colectivas e individuales, establecidos por la ley nacional e internacional. Especialmente al considerar que los y las luchadoras sociales son defensores de los derechos humanos y están respaldados por convenciones y resoluciones internacionales, particularmente, por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre la criminalización de las luchas sociales indica la CIDH: “La CIDH observa que uno de los más frecuentes obstáculos que enfrentan defensoras y defensores en la región es el inicio de acciones penales en su contra sin fundamento. Esta situación ocurre en forma cada vez más sistemática y reiterada. El fenómeno de la criminalización afecta a las y los defensores de manera individual y colectiva. En relación a la persona del defensor o defensora de derechos humanos, puede producir angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante las autoridades estatales, la privación de su libertad, cargas económicas inesperadas, además de una consecuente afectación a su reputación y credibilidad… Asimismo, se ha presentado una creciente iniciación de acciones penales en algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales para la reivindicación de derechos bajo el argumento de que supuestamente se desarrollarían en un marco de perturbación del orden público o atentarían contra la seguridad del Estado”.

Y exigimos un alto inmediato a la represión del Estado, así como justicia para aquellos que fueron violentados tres años atrás por defender la Seguridad Social y para todas las personas, como Orlando Barrantes y Paulina Briones, que han sido condenadas y están en procesos judiciales por ejercer su derecho a protestar.