Las múltiples caras de la criminalización de la Protesta Social

Haciendo malabares discursivos pretenden convencer a la opinión pública de los beneficios de tales mandatos. En realidad las clases dominantes, los mercaderes de toda ralea, las mafias políticas, lacayos y traficantes de alcurnia están confabulados en acentuar una política represiva, de contención de la lucha popular y de contrainsurgencia de nuevo tinte.

Con la cortina del delito internacional, la explosión de las redes del tráfico de todo tipo y el incremento exponencial del crimen revelándose en sus formas más espeluznantes, como pantalla para justificar una política opresiva que se está acercando a pasos agigantados al terrorismo de Estado.

Detrás de dicha política están los intereses del capital nacional y extranjero. La agudización de medidas económicas con el objetivo de elevar la cuota de plusvalía y las tasas de ganancia, respondiendo a la doctrina fundamentalista de un capitalismo, en otra etapa de barbarie, con planes de explotación y despojo hasta la depredación completa de los recursos naturales, el peculio del Estado, el patrimonio público y las fuerzas laborales.

Ello implica también arrasar con derechos alcanzados por la clase trabajadora y garantías sociales conquistadas por el pueblo.

Los procedimientos políticos se orientan a desregular el sector estatal, flexibilizar el derecho laboral y desmantelar el Estado.

Se puede afirmar que se aplica una especie de desregulación de las nociones constitucionales, de libertades y derechos, leyes y reglas jurídicas con el propósito de corresponder a una corriente recalcitrante en las relaciones económicas y políticas en la sociedad burguesa actual, articulando un Estado despótico, represivo y violento.

Tiene sus antecedentes en la eliminación del Ejército. La oligarquía siguiendo órdenes de Washington aplicó la fórmula idónea expelida por los estrategas imperialistas para controlar militarmente al país como semicolonia. La creación de una policía nacional bajo las doctrinas militares, de adestramiento, adoctrinamiento y de contrainsurgencia acordes a la estrategias hegemónicas del imperio. En el orden de la defensa del territorio de supuestos ataques de enemigos externos se acogen al Tratado de Río o TIAR suscrito por Costa Rica en la “CONFERENCIA INTERAMERICANA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD DEL CONTINENTE”, realizada en el año de 1947. Es decir, al imperio de las tropas del Pentágono.

De acuerdo al texto del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (TIAR), Costa Rica está bajo el escudo protector del sistema interamericano arreglado en los tanques pensantes del norte imperialista: “ARTICULO 3.° 1. Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. A solicitud del Estado o Estados directamente atacados, y hasta la decisión del Órgano de Consulta del Sistema Interamericano, cada una de las Partes Contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente, en cumplimiento de la obligación de que trata el parágrafo precedente y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental…

“ARTICULO 6.° Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”.

En la motivación del pacto de Río de Janeiro se profesa la voluntad de unidad dentro de un “sistema interamericano”, modelo inventado e idóneo de la metrópoli dominante para sojuzgar a las pequeñas, subdesarrolladas y obedientes naciones en el que consideran, con desparpajo e insolencia, un “patrio trasero” de su propiedad y, donde con repugnante prepotencia, se dan la licencia para hacer los que les viene en gana. Agregan en la enunciación de considerandos:

“Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de la persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la efectividad de la democracia, para la realización internacional de la justicia y de la seguridad…”

Pretextando esos ficticios valores La Casa Blanca y sus fuerzas militares han intervenido arbitrariamente en distintas naciones del continente, consumando violentas invasiones y ocupaciones brutales de sus territorios, con el objetivo de preservar sus sedientos intereses.
Costa Rica se ve sometida a los vaivenes de la estrategia política y militar de los Estados Unidos, con la complicidad de la oligarquía nacional. La política de seguridad costarricense esta permeada en su totalidad por los designios del Departamento de Estado y el Pentágono.

Los gobiernos costarricenses se supeditan a los planes de contrainsurgencia y contención social del imperialismo yanqui.

La asesoría y el entrenamiento de oficiales de los cuerpos policiales de Costa Rica es una de las actividades prestadas por las agencias de seguridad, el Comando Sur, la Escuela de las Américas (“Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC)” e infantes de Marina de EE UU.

La profesionalización, la especialización y la entronización de personajes políticos y peritos judiciales, seguridad, inteligencia y militares que se han ido añejando como una roña en las instituciones, departamentos y ministerios, es una tendencia consolidada en el sistema judicial y policiaco de Costa Rica. Tanto en ministerios de Seguridad, de la Presidencia, Justicia y gobernación (cuando se ha habilitado) en el Organismo de Investigación Judicial, (OIJ), en la Fuerza Pública, migración y Aduanas.

Los aparatos policiales, organismos adjuntos y grupos tácticos han experimentado un proceso de militarización y preparación para alcanzar alta capacidad operativa.

Nuevas cuadrillas de oficiales bien adoctrinados y adiestrados en Academias y unidades militares de Estados Unidos, Israel, Colombia, España, Chile, Suecia, Crea del Sur, entre otras, han asumido las direcciones de los distintos aparatos represivos del país.

En el año 2013 treinta (30) oficiales de la Fuerza Pública costarricense se entrenaron en WHISC.
Con la Policía Nacional de Colombia desde el 2011 han implementado un programa de preparación en cuatro fases. Entre la que se aprecia el envío de oficiales a entrenar a territorio colombiano.
“En la primera se hará un intercambio de las vivencias de ambos grupos policiales; en la segunda se definirá el curso de acción por seguir para mayor eficacia de las acciones policiales. En la tercera fase se van a implementar estrategias de cooperación donde oficiales ticos irán a Colombia a recibir cursos de especialización, y a su regreso compartirán sus conocimientos. Como último punto, se dará seguimiento”.

“Uno de los programas de formación más significativos ha sido el patrocinado por España y denominado “Asistencia Técnica a las Fuerzas Policiales de Costa Rica (Fase I)”; en el que participaron el MSP y la Corte Suprema de Justicia a través del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como contrapartes nacionales(AECID, 2008). Otros procesos de cooperación se han establecido con entidades como la Oficina de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD-OEA, etc”. (Sergio Moya. “Los procesos de formación policial en Costa Rica: avances y desafíos pendientes.” Ciencias Económicas 30-No.1: 2012 / 255-272 / ISSN: 0252-9521.).

La doctrina militarista en el sistema represivo costarricense lejos de menguar se ha intensificado. Desde las décadas setenta y ochenta del siglo anterior se ha sostenido el eco de armar al país.

“En este sentido, la influencia norteamericana era sumamente significativa, de hecho Costa Rica, aun sin contar con ejército, era el país que tenía más graduados de la Escuela de las Américas, más que los otros países centroamericanos que sí tenían fuerzas armadas”. (Sergio Moya. “Los procesos de formación policial en Costa Rica: avances y desafíos pendientes.” Ciencias Económicas 30-No.1: 2012 / 255-272 / ISSN: 0252-9521.).

Parece que la discusión sobre la doctrina de seguridad del país hace persistir contradicciones en el seno de la oligarquía, que no les permite acercarse a preceptos doctrinarios coherentes.
Lo que los hechos evidencian es acuerdo en cómo dosificar lo que llaman el “reconocimiento del carácter social de la violencia” y el “pleno respeto del Estado de derecho”, no precisamente para prevenir o dispersar la delincuencia y la denominada inseguridad ciudadana, sino para perseguir y reducir al pueblo demandante de sus derechos inalienables.

Se afirma en el “Plan Nacional de Seguridad 2009” que la “Represión no puede constituirse en la política o pilar de la lucha contra la inseguridad ciudadana”. Se estampilla en uno de los mandamientos del “Reglamento de Organización del MSP Decreto No. 32177-SP, diciembre 2004: Respeto de las tradiciones costarricenses, a la conciencia democrática, pacifista, humanista y civilista”.

No obstante, la represión es la consigna generalizada, la violencia desproporcionada es la práctica habitual y el atropello a las libertades, la paz, el civilismo y los derechos humanos; independientemente de la bandería del gobierno de turno, son las respuestas para contrarrestar la protesta social ciudadana y los movimientos populares.

La Academia de la Fuerza Pública tiene varios centros de adiestramiento, formación y entrenamiento. Uno de los más conocidos es “El Murciélago” En esa base de instrucción y ejercicios se ha impartido táctica para la defensa de fronteras, operativos antidrogas y para unidades de despliegue rápido y combate irregular.

Dicho campo de entrenamiento puede albergar 310 individuos, con una infraestructura amplia que incorpora recintos para clases teóricas, campo de tiro, helipuerto y aeropuerto.
En El Murciélago se ha denunciado la presencia de veteranos de guerras imperialistas e invasiones perpetradas por Estados Unidos, marines, paramilitares colombianos y expertos militares de otras nacionalidades.

En la década de 1980 en el Murciélago se entrenaron varios batallones de lucha irregular. Se prepararon para el combate con todo el armamento de infantería requerido y con dotaciones para operar baterías de mortero 81 milímetros.

Los instructores provenían de Estados Unidos aportados por el Pentágono y la CIA. También se conoció la presencia de militares y asesores Chilenos, colombianos y de otras nacionalidades.
Ese territorio costero en el noroeste del país estaba prácticamente ocupado y, de alguna manera, funcionaba como una extensión de la base del Comando Sur en Guardia, vinculada al aeropuerto Daniel Oduber.

La zona fronteriza con Nicaragua estaba ocupada militarmente por la Contra-nica y por agentes de la CIA como John Hull. El mencionado personaje actuaba como enlace con las fuerzas mercenarias y la oficialidad del gobierno. Una hacienda propiedad de Hull desempeñaba un papel central como base de desembarco, trasiego de armas y apoyo logístico para la contrarrevolución nicaragüense.
La militarización del país ha sido un credo acelerado por épocas y al que no ha renunciado la oligarquía costarricense. El cordón umbilical que engarza la política de seguridad nacional a las estructuras militares de Washington, confirma dicha corriente.

Los planes hegemónicos de los Estados Unidos notorios en la fenecida ALCA, los mal llamados TLCs, el plan Puebla Panamá-Medellín, el plan Colombia, el plan Mérida, entre otros, vienen preñados de la estrategia de control militar, operaciones de guerra no convencional y nuevas formas de contrainsurgencia o guerra híbrida.

Así observamos las nuevas formas de contención social a través de ONGs que penetran y crean distracción en los movimientos sociales. La desregulación de los derechos y libertades ciudadanas con la aprobación de reformas a códigos procesales penales y laborales, el surgimiento de leyes contra el terrorismo, de lucha contra el tráfico internacional de drogas, convenios de patrullaje conjunto de mares desde 1999 y permisos legislativos para la entrada de naves aéreas, buques de la flota y soldados yanquis armados a territorio nacional.

En el libreto aparece una redefinición del intervencionismo imperialista norteamericano, reconocida como guerra híbrida. En los trazos básicos de dicha táctica se pueden observar factores como: redefinición del enemigo interno como un delincuente o terrorista, readecuación del abanico de formas para aplicar la provocación, penetración y la contención del movimiento popular con un nuevo tipo de organismos no gubernamentales; bien financiados y articulados, la criminalización de la protesta social y la penalización de líderes y activistas sociales, una mayor especialización y profesionalización de oficiales y agentes del sistema de seguridad.

Consecuentemente se mejoran los medios técnicos y se moderniza armamento de los aparatos policíacos. Como procesos simultáneos se ejecutan programas como las ciudades o aldeas modelo, se hacen ajustes a las estructuras policiales y militares con la instalación de nuevas fuerzas o unidades armadas, se desregula la vigilancia y el patrullaje con la privatización de la seguridad, nuevos reglamentos para empresas privadas de seguridad y la contratación de ejércitos privados para el desarrollo de operaciones militares a diferentes niveles.

Entre las modificaciones estratégicas se encuentra una variación en el concepto de bases de ocupación militar. Se pasa de grandes bases y unidades militares a una especie de micro-bases con fines específicos, menos personal y de rápida movilidad y alta capacidad de despliegue.
En Costa Rica estamos experimentando la ejecución de esa guerra híbrida en múltiples envolturas.
Una de ellas es la instalación de pequeñas bases militares del Pentágono con la fachada de colocar radares para la vigilancia de las costas y mares patrimoniales, la detección del tráfico de drogas y contrabando, y la conservación de especies naturales marinas. Se denomina “Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marítima”.

El programa incluye la construcción de 13 bases de radares alrededor de la línea de costas del Pacífico, contemplada la isla del Coco y el Caribe. Se han activado varias, entre las que están Flamingo, Puerto Caldera, isla del Coco.

Dichas pequeñas bases militares de ocupación se suman a las que venían operando, como las conocidas en Guardia y Golfito.

Otra forma de la guerra híbrida es la nueva contrainsurgencia y contención del movimiento social, que se expresa en la ofensiva mediante la criminalización de la protesta convirtiendo en delito las acciones de calle y la judicialización del descontento, la indignación y la desobediencia popular, de la militancia crítica y opositora; abriendo procesos penales contra activistas y líderes de la lucha por los derechos fundamentales y que promueven la defensa los derechos humanos universales.

Es una fase de la guerra híbrida con la que se intenta diezmar, desmovilizar y destruir los movimientos populares y revolucionarios. Es una dimensión de guerra psicológica y tortura sistemática para desgastar el espíritu de lucha y lacerar la moral de las masas con una sostenida campaña de satanización, desmoralización, intimidación y reducción de las fuerzas populares.

Es una guerra metódica donde se combinan elementos coherentemente. Se legisla desregulando derechos adquiridos, haciendo ajustes en la interpretación el ejercicio de normas constitucionales y la ley, desatando campañas mediáticas donde se confabula la aristocracia política dominante, las cámaras empresariales, diputados, ministros, magistrados y comisarios del aparato de seguridad con mercaderes de la opinión pública poseedores de micrófonos, cámaras de televisión, redes sociales y prensa escrita.

La guerra híbrida se manifiesta en los tiempos presentes en una conspiración abierta y cínica, en la que se justifica la represión directa, desmesurada y con todos medios en manos de los cuerpos policiales contra quien ose salir a los espacios del foro público; dígase avenidas, calles, parques, carreteras, aceras y plazas públicas a ejercer el derecho a luchar por los derechos y demandas primordiales; por un lado.

Por otro, se desacredita pública y impunemente con infamias, calumnias y temerarias locuciones a los movimientos y activistas populares completando el escenario para enjuiciar a luchadores y luchadoras sociales; después de las golpizas de los cuerpos antimotines, la humillación, el ataque con armas para dispersar las manifestaciones, el encarcelamiento y la detracción propalada por las empresas del complejo mediático de la oligarquía.

El encartamiento y las imputaciones a líderes y activistas sociales, en todos los casos, nunca se fundamentó con elementos probatorios y sustento real. Pero, las acusaciones que siempre fueron falsas y asiduamente se repiten en la libreta del ministerio de seguridad y del sistema judicial; como el lanzamiento de piedras, o agresión a la fuerza pública, lo cual es absurdo cuando videos y fotografías demuestran que las agresiones, el boqueo de calles y la embestida es de los grupos represivos y los antimotines, que a la vez, llevan objetos contundentes y armas disuasivas; representa un desgaste psicológico, una distractor de la práctica cotidiana, un trauma moral para las personas enjuiciadas con lo que se les neutraliza y acorrala.

El otro objetivo que se proponen con la táctica de la penalización de luchadoras y luchadores sociales, es el castigo selectivo a quienes se incriminan y el escarmiento colectivo para atemorizar a las masas.

Se muestra la violencia del Estado consumada en distintas formas desde las instituciones judiciales, policíacas, la gestión legislativa y las autoridades ejecutivas, desde las administraciones gubernamentales y, mediante un sistemático terrorismo psicológico y mediático.
Recientemente el actual presidente de la República ordenaba, en una alocución al país, la acción inmediata de todas fuerzas policiales y cuerpos represivos para dispersar o disolver cualquier acción de calle o protesta social que obstruya la vía pública.

Igual se hacían eco de medidas obtusas, medievales y tiránicas contra la protesta social; diputados y medios del complejo informativo empresarial.

La empresa privada también se encuentra enchufada en el concierto para arremeter contra líderes del movimiento popular y defensores de derechos humanos.

Se tiene un ejemplo en el caso de reclamo administrativo presentado por la compañera Marcela Zamora contra la compañía UNIBE, por incumplimiento de responsabilidades enumeradas en el contrato con la CCSS para administrar varios EBAIS.

Con base en informes concretos y argumentos veraces Marcela Zamora Presidenta de una Junta de Salud, y en concordancia a las tareas que le atañen, hace las denuncias y presenta documentos para un trámite administrado en defensa de los derechos de las personas usuarias de algunos EBAIS.
Sin embargo, y fuera de toda lógica, comprendiendo el compromiso y las exigencias de un contrato entre la empresa demarras y la CCSS, y ante todo entendiendo que el fondo del problema se mide con el acceso pronto y cumplido a un servicio vital como es la salud, y donde está en juego la vida humana; la compañía UNIBE contesta con una demanda contra la compañera Zamora.

Como se puede apreciar en la acción legal contra la compañera Marcela Zamora que está en pleno ejercicio de sus labores promoviendo el derecho a la salud y que es una defensora de los derechos humanos, se intenta desvirtuar la gestión de la compañera integrante de una Junta de Salud, mancillar su integridad, estrujar su actividad cotidiana, obstaculizar su labor como luchadora por el derecho a la salud y fastidiar su tranquilidad.

Una acción que viene de una empresa privada cuyo propósito es el lucro y destaca sus intereses sobre los derechos supremos de la colectividad.

Estamos ante un encadenamiento de actos que se pueden observar como santa cruzada, como guerra sacrosanta para reducir el movimiento social y eliminar organización popular.
La criminalización de la protesta social y la penalización de activistas y líderes populares, es un plan dirigido a desarticular las fuerzas populares, impedir que el movimiento popular adquiera músculo y desarrolle la movilización de las clases humildes frente a las antipopulares políticas de las clases dominantes.