Written by En los últimos años las protestas sociales en Panamá se han intensificado debido a la crisis económica, social y ambiental. A la par es preocupante la situación con defensores ambientales, activistas sociales y periodistas alternativos, quienes han sufrido represión y terrorismo judicial.
El Caso de Audrey Baxter, fotógrafo y activista, quien perdió un ojo durante las protestas contra el extractivismo minero en Panamá, el pasado 19 de octubre de 2023. A pesar de las denuncias presentadas por el equipo legal de Baxter sobre el uso excesivo de la fuerza policial y la violación a sus derechos humanos, las autoridades archivaron una de sus denuncias, argumentando que no se encontraron pruebas suficientes. Además, solicitó que se le entregara una certificación por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y la misma se la negó. Este hecho ha generado críticas y ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos y activistas ambientales en Panamá, a pesar que el país ratificó el Acuerdo de Escazú.
En las pasadas protestas de julio de 2022 contra el alto costo de la vida y de octubre noviembre de 2023 contra la explotación minera en Panamá, se registraron y documentaron violaciones a los derechos humanos de quienes protestaban.
Por otro lado, el pasado 31 de enero de 2025 en el marco de las jornadas patrióticas, en defensa de la soberanía nacional y contra la visita del Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, se desarrolló una protesta en la entrada de la Universidad de Panamá, donde se encontraban estudiantes, profesores, administrativos universitarios de manera pacífica, entregando volantes a los transeúntes. Posteriormente se acercaron unidades policiales, quienes exigían que se retiraran de la vía y ante la negativa, empujaban a los estudiantes. Un subcomisionado de la Policía Nacional golpeó a la estudiante Hillary Acevedo, a lo que intervinieron estudiantes universitarios. Y la Policía Nacional procede a bloquear las entradas de la Universidad de Panamá, y hacer requisas a todos los automóviles que salían de la casa de estudio superiores, llamando el Director de la Policía Nacional a los estudiantes protestantes “delincuentes”. Todo esto en clara violación a la autonomía universitaria.
Dando continuidad a la política de persecución y de criminalización, en horas de la madrugada del 3 de febrero, estamentos de seguridad fuertemente armados en operativo que denominaron “Operación Ratón”, allanan casas de dirigentes universitarios y activistas sociales, apresando a Pedro Silva García, cineasta, productor audiovisual, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) y Tamara García, estudiante de economía, integrante de la organización estudiantil Juventudes Revolucionarias (JR-16) y se da orden de arresto a otros estudiantes universitarios.
El 4 de febrero se realizó audiencia de Tamara y Pedro, a ambos le dieron medida cautelar de firmar semanalmente, impedimento de salida del país y no acercarse a la víctima (agente policial) durante los 6 meses de la investigación. Pero la fiscalía pidió una audiencia de apelación para el 12 de febrero del 2025 donde solicita cárcel para Pedro Silva García durante el tiempo de la investigación.
Es preocupante la forma como el Estado panameño a través de la Policía Nacional ha manejado las manifestaciones sociales, máxime cuando el país forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, su Constitución Nacional, los cuales consagran el derecho a la protesta, libertad de pensamiento y expresión. Por otro lado, es firmante del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un tratado pionero en América Latina y el Caribe que busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales, quienes a menudo enfrentan amenazas y violencia debido a su labor.
Esto implica un compromiso formal de Panamá para implementar plenamente los derechos a la protesta, de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, así como para proteger a los defensores ambientales y activistas sociales. Sin embargo, la implementación efectiva de instrumentos internacionales sigue siendo un desafío, evidenciado en los casos anteriormente señalados, a la vez que permite la criminalización y violencia contra activistas ambientales, sociales y estudiantes universitarios.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para denunciar la criminalización de la protesta social y judicialización a defensores y comunicadores populares. Invocamos los instrumentos y fundamentos legales internacionales, así como a los organismos de derechos humanos.
Organizaciones internacionales firmantes:
Coalición Regional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano COREDAM
Colectivo Voces Ecológicas COVEC. Panamá
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH
Flor Nacional del Pueblo Maya (Guatemala)
ASDEPAZ. El Salvador
Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú. El Salvador
Red Nacional Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos. El Salvador
Red de Escazú. Costa Rica
Oceana
Centro de investigación para la acción femenina (CIPAF). República Dominicana
Escuela Agroecológica del Programa de Campesino a Campesino
Red Nacional ADEJUMUT, de Tacuba en Ahuachapán. El Salvador
Nayarit Mujeres y Juventudes, Quezaltepeque. Guatemala
Para adherirse como organización internacionales aquí: [email protected]
Last modified: 12/02/2025
