Panamá: biodiversidad contra cobre. A un año del fallo de inconstitucionalidad

El ansia por abrir minas para extraer metales prolifera por todo el planeta debido a la transición energética, mientras los conflictos ambientales se multiplican. Se cumple un año desde que en Panamá la propia población elevara la minería de cobre a la categoría de problema nacional grave. Grandes protestas condujeron a una sentencia que ordenaba el cierre de la mina Cobre Panamá.

Quienes tienen intereses comerciales y políticos en la minería pretenden ahora negar el importante alzamiento en contra de la misma en Panamá, como si hubiera sido un conflicto casual. Pero la minería ha despertado un rechazo realmente contundente entre la población panameña. El pasado 19 de octubre se celebró el III Foro por un Panamá libre de Minería, justo al cumplirse un año desde las movilizaciones históricas de seis semanas en defensa del patrimonio biológico y ambiental y en resistencia a la minería.

Las protestas en las calles de Panamá fueron multitudinarias (© Radio Temblor-Colectivo de Voces Ecologistas)

Protesta en contra de la minería en Panamá: alto y claro (© Radio Temblor)

Biodiversidad de Panamá: especies y ecosistemas en peligro

Panamá es un país destacado por su extraordinaria biodiversidad, con más de 10000 especies de plantas (3,3% de la diversidad mundial) y una rica variedad de fauna. Es el hogar de 222 de especies de anfibios, 271 especies de reptiles, 972 especies de aves (el 9% de las conocidas) y 255 especies de mamíferos. Además, se han identificado un total de 220 especies de peces de agua dulce y 1157 especies de peces marinos.

Las especies endémicas ascienden a 1300, de las cuales 1176 son plantas, 49 son anfibios, 33 son reptiles, 8 son aves, 16 son mamíferos y 64 son peces de agua dulce.

Su geografía única conecta América del Norte y del Sur, permite el intercambio biológico y la coexistencia de diversas especies en ecosistemas como bosques tropicales, manglares y arrecifes de coral. Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta la seria amenaza de la pérdida de hábitat por el cambio climático y por actividades como comercio ilegal de vida silvestre y la minería.

El perezoso es uno de los mamíferos de Panamá (© Ronald Kötz)

Se puede afirmar sin temor a equivocarnos que, en países como Panamá, la transición energética no está siendo tan verde como nos la pintan en Europa. El movimiento ambiental viene exigiendo justicia climática con derechos humanos y proponiendo como alternativa modos de vida solidarios y transformaciones estructurales basadas en la soberanía y solidaridad de los pueblos.

El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería emitió un pronunciamiento “contra todo intento de renegociación minera, evasión o intento de continuidad de la minería metálica en los yacimientos de Donoso y Omar Torrijos [en la provincia de Colón], por atentar contra nuestro patrimonio natural, la búsqueda de la sostenibilidad y la paz social”. Dichos yacimientos forman parte del proyecto minero de Cobre Panamá, filial panameña de la canadiense First Quantum Minerals. Reanudar dicha extracción minera transgredería tanto fallos de la Corte Constitucional, como una moratoria minera dictada el pasado año y la propia voluntad popular. “Sería una burla a las luchas populares que exigen precisamente el cierre del proyecto minero, no la modificación de la estructura de la empresa para permitir su permanencia,[…] pues sigue siendo una actividad nociva para nuestros ecosistemas.”

Siguen pidiendo el cierre definitivo de la minería

“El gobierno ha desprotegido los intereses del país al no cumplir con los pasos necesarios para la ejecución del fallo y la moratoria minera. Casi un año después, no hay un plan aprobado por las autoridades que dicte las medidas que debe ejecutar la empresa para la estabilidad física y química de la mina, no se han realizado las auditorías e impuesto las sanciones necesarias, y no existe mecanismos de participación ciudadana para el proceso de cierre”, continúa el comunicado.

Por su parte, el presidente piensa retomar el tema recién el próximo año, mientras que las comunidades vulneradas siguen en riesgo. En este contexto, otra exigencia urgente al gobierno es la realización de una investigación exhaustiva sobre la relación entre la minería y los problemas de salud de la población y casos de discriminación, hostigamiento, agresión y muerte. “El pueblo panameño salió a las calles a defender los intereses panameños y el caso de un activista social y fotógrafo Aubrey Baxter, que perdió la visión de un ojo durante las protestas debido a un disparo efectuado por una unidad policial ha sido archivado”, explica la abogada Dayana Bernal a este respecto, y exige transparencia y que este y otros casos similares se traten con celeridad y no queden archivados e impunes. La abogada sostiene que durante las protestas, el uso de las fuerzas armadas fue excesivo e irracional.

“El cumplimiento de las normas legales ha sido suplantado por el tráfico de influencias, la falta de transparencia y la corrupción”, expresa en un análisis Olmedo Carrasquilla, del Colectivo Voces Ecológicas de Panamá (COVEC). Mientras “la deforestación y la contaminación siguen siendo desafíos importantes “, agrega.

La legislación panameña reconoce derechos a la participación, a un ambiente sano, de la niñez y comunidades vulnerables y de la naturaleza. Una reapertura de la mina aumentaría y ampliaría los impactos y riesgos ambientales y de derechos humanos, haciendo cada vez más costoso y lejano su cierre definitivo, que es responsabilidad de la empresa.

Al rechazo del proyecto de Cobre Panamá se suma la preocupación por la concesión minera de VeraGold en Cañazas de Veraguas. Esta es la única mina no alcanzada por la mencionada moratoria minera. Las comunidades de Veraguas ya han sufrido por la minería y merecen, al igual que el resto del país, un territorio libre de Minería.

Un poco de historia

La mina de Cobre Panamá se sitúa sobre uno de los pasos vitales del Corredor Biológico Mesoamericano, un camino pactado por ocho países en 1997 para proteger y facilitar el tránsito desde Panamá hasta México de especies animales como el puma, el ocelote y muchos otros.

Por sus numerosas irregularidades administrativas, la Corte Suprema declaró en 2017 el contrato inicial de 1997 como inconstitucional, por haber sido otorgado sin licitación previa tal y como lo marca la ley.

Esto no impidió que la empresa extrayera y exportara cobre.

Un nuevo contrato que, a pesar de todo, pretendía legalizar la explotación ilegal de cobre y permitía a la empresa seguir extrayendo cobre por 20 años más (Ley 406), hizo estallar a la población en numerosas protestas, a partir del 20 de octubre de 2023.

La Corte Suprema de Justicia recibió ocho demandas de inconstitucionalidad en contra de dicha Ley 406.

Unas semanas después, el 2 de noviembre de 2023, la Asamblea Nacional declaró la moratoria sobre todas las concesiones de minería metálica del país hasta que la Corte Suprema resuelva las demandas, frenando así el proyecto minero.

El 29 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Panamá que el contrato ley 406 viola 25 artículos de la Constitución.