La noche del sábado 14 de septiembre, la tragedia golpeó a Tocoa, Colón, cuando un ataque dirigido a Juan López, destacado defensor de los derechos humanos y regidor de la alcaldía local culminó en su muerte. López, que acababa de salir de una misa en su comunidad, subió a su vehículo cuando sicarios le dispararon. En cuestión de minutos, su vida se apagó.
El asesinato de López llega poco después de que él y otros líderes locales demandaran, en una conferencia de prensa, la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. La solicitud se basó en las graves acusaciones de su implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, reveladas en un video reciente divulgado. En la grabación, Fúnez aparecía junto a Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, en una conversación sobre sobornos de narcotraficantes, entre ellos “Los Chachiros” y Mata Walduraga, destinados a políticos del gobierno actual.
Pedimos su renuncia voluntaria porque la situación moral en el municipio es insostenible. Si no accede, dependerá de la presión popular forzarlo a dimitir, ya que no es la persona adecuada para liderar el destino de la ciudad, declaró López en la conferencia.
“La conducta del alcalde Adán Fúnez debe ser sometida a un proceso administrativo, y podría llegar a un ámbito judicial. Es tarea de los órganos competentes del Estado investigar, el partido ya ha emitido una resolución del Tribunal de Honor. Exigimos transparencia y una renuncia efectiva”, agregó.
Para el abogado José Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), el asesinato de Juan López tiene una clara intencionalidad. Según Acevedo, los criminales se aprovecharon del fervor de las celebraciones de independencia para perpetrar el ataque. «Ahora corresponde al Estado llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables del crimen, no solo los autores materiales, sino también los intelectuales. Además, es crucial que se esclarezca la responsabilidad de quienes han causado daño en la región, incluidos aquellos que han afectado los ríos y el Parque Nacional Carlos Escaleras», señaló.
Acevedo subrayó que el asesinato de López es una responsabilidad directa del Estado hondureño. Juan López contaba con medidas de protección y, además, se sabe que la región del Aguán es un área de alto riesgo para los defensores de los derechos ambientales y territoriales.
En un reciente informe titulado «Voces Silenciadas», la organización Global Witness documentó la violencia contra quienes defienden la tierra y el medioambiente. El informe revela que, en 2023, 196 activistas fueron brutalmente asesinados en el mundo, Honduras liderando la lista con 18 de esos casos.
El documento destaca que Honduras mantiene la tasa de homicidios más alta de Centroamérica y muestra un preocupante aumento en los asesinatos de defensores del medioambiente y la tierra entre 2012 y 2023.
Exigen investigación independiente
El sacerdote jesuita Gregorio Vásquez, en representación del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús en Honduras, ha demandado una investigación exhaustiva del asesinato de Juan López. «Exigimos una investigación a fondo que conduzca a la captura y enjuiciamiento tanto de los ejecutores materiales como de los responsables intelectuales y financieros del crimen», declaró en Radio Progreso Vásquez.
Ante las preocupaciones sobre la efectividad e independencia del Ministerio Público, el Consejo Nacional Apostólico solicita que la investigación sea asistida por entidades internacionales competentes. Además, han instado al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los defensores en la región del Aguán, quienes, como López, luchan contra la explotación minera que amenaza el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras. También han pedido la cancelación de contratos mineros, la clausura de la termoeléctrica y la expulsión del alcalde Adán Fúnez de su partido, así como su enjuiciamiento.
Fuente: Radio Progreso
Last modified: 16/09/2024