A continuación algunos hechos socioambientales registrados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2024:
Crisis del agua en el canal interoceánico. En el marco de la crisis climática, el canal interoceánico se ha visto afectado por el fenómeno del niño limitando el tránsito de barcos, provocando retrasos, aumento de los costes de envío y un enorme embudo de espera en las entradas del canal. A tal efecto del impacto negativo al comercio, han surgido debates e ideas tecnócratas para mitigar dicha situación. Es decir, acaparar volúmenes de masa hídrica que puedan abastecer el sistema operativo del canal. Y uno de estos es el proyecto de embalse hídrico del Río Indio. Expuesto lo anterior, surge en el debate público si la pretensión de esta mega industria compensará el fracaso de la ilegal industria minera derrotada por la movilización ciudadana panameña que dio como resultado una fallo de inconstitucionalidad en noviembre del pasado año 2023. Esto con el cuidado de que el país no acreciente su deuda externa en detrimento de la poca sostenibilidad de calidad de vida de los ciudadanos y de la retórica de una economía nacional menos competitiva en el comercio global, lo que a su vez pueda intensificar la clásica campaña mediática de apostar por la lógica financiera de las elites criollas.
Conflicto extractivo minero. Continúa el debate por la demora en el proceso de cierre de la mina de Donoso. Esto ha provocado una serie de denuncias públicas y acciones legales como querellas administrativas en contra del titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Jorge Rivera Staff por omisión, debido a que la empresa Minera Panamá no ha acatado el fallo 27 de noviembre de 2023 de la Corte Suprema de Justicia donde declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, del contrato de concesión y el hecho de que aún la mina no ha cerrado. Además uno de los actos de repudio nacional ante el gobierno central ha sido el incumplimiento en la exigencia del pago de la fianza de cumplimiento ambiental que tenía la empresa minera en más de 108 millones de dólares favor del estado destinado a cubrir los costos de las obligaciones ambientales del proyecto incluyendo el cierre, post cierre y causas imprevistas.
También en este orden, la compañía minera canadiense First Quantum Minerals reclama $20.000 millones por el cierre de la mina de cobre como parte del proceso de arbitraje internacional contra Panamá. También mantiene su lobby y vínculos con los candidatos a la Presidencia de Panamá para el siguiente periodo con el objetivo de reabrir el proyecto minero.
Además de acciones legales y denuncias ciudadanas por doquier se han dado piqueteos y marchas de protestas convocada por la alianza “Pueblo Unido por la Vida” y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería MPVMSM. También continúan las manifestaciones y la vigilia permanente del movimiento Por un Veraguas Verde en la espera del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 92 de 2013 que da vigencia a las operaciones de la empresa Veragold.
Por otro lado, las contradicciones sobre la minería nacional también han provocado un choque de intereses cuando el Fondo Monetario Internacional FMI proyecta que el crecimiento del PIB de Panamá disminuya a 2,5% en 2024 por el cierre de mina. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, expone el potencial que ha generado el país, tanto nacional como regional, a raíz de la aprobación de la reciente Ley 424 que busca impulsar la cultura, la educación y el emprendimiento mediante la economía creativa. La cual demuestra que la minería es una mejor opción para otro tipo de progreso para el país.
Criminalización de la protesta social. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujerdiversas organizaciones feminista marcharon en la ciuda de Panamá exigiendo protección en el ejercicio de sus derechos humanos y contra la violencia generada por un sistema patriarcal y explotador en diversas dimensiones sociales. Y específicamente a las mujeres en la defensa de la naturaleza, hecho que quedó registrado en la huelga nacional del 2023 contra la ley minera # 406 aprobada a tambor batiente generando protestas y movilizaciones en todo el país. Estas mujeres han sido criminalizadas por ejercer el derecho a la protesta social y discrepar ante la ingobernabilidad socioambiental. En Panamá la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, que es el Acuerdo de Escazú, las ampara en participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de sus defensores. Es el caso de la ambientalista Damaris Sánchez Samudio entre otros defensores a nivel nacional.
Red Nacional del Agua RNDA. La Red Nacional en Defensa del Agua RNDA ante las políticas extractivas de bienes ecológicos en Panamá y el desarrollo neocolonial, viene gestando proyectos de vida como parte de la transición energética comunitaria, justa y real. El pasado 2 y 3 de marzo de 2024 en la comunidad de Caisán, provincia de Chiriquí, se realizó el taller comunitario sobre generación y uso de energía alternativa a partir del impulso y distribución de agua por medio de arietes sin uso de combustible o electricidad. Además del biodigestor o reactor biológico que es un sistema diseñado para descomponer materia orgánica, como restos de vegetales y desechos de animales domésticos (estiércol), con el objetivo de obtener productos aprovechables como fertilizantes orgánicos y biogás para uso doméstico.
Justicia climática. Debido a su ubicación en la zona intertropical, Panamá experimenta un ambiente tropical con altas temperaturas la mayor parte del año. Por ende, se ha declarado una emergencia ambiental extendida debido a la sequía prolongada causada por la crisis climática, las autoridades han extendido hasta el 31 de mayo de 2024 en todo el territorio nacional. En este sentido Cuba y Panamá han realizado intercambios de experiencias en adaptación al cambio climático. En el marco de cooperación entre Panamá y Cuba, el Ministerio de Agricultura de Cuba, realizó durante la semana del 21 al 28 de enero un intercambio en el cual intervienen temas relacionados a sistemas alimentarios locales. El objetivo principal de esta visita fue con el propósito de extraer lecciones que nos permitan establecer estrategias y prácticas de manejo eficiente de los recursos en los sistemas alimentarios locales.
Exploración de petróleo. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), se reunió con funcionarios del Registro Público, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y el Servicio Nacional de Fronteras para conocer el estatus del caso Sinclair Oil. Empresa de hidrocarburo con una concesión de más de 300,000 hectáreas para la exploración de petróleo en la provincia de Darién, Comarca Emberá Wounaan, Comarca de Wargandi, Territorios Colectivos y áreas protegidas.
Aprueban modificación a la ley 339 que busca la protección de la cuenca del río Santa María. Con el voto unánime, se dio tercer debate a la referida norma 1091, que modifica la Ley 339, que declara Patrimonio Natural Nacional y área protegida de reserva hidrológica a la cuenca del río Santa María. El proyecto modifica fundamental y exclusivamente el artículo 1 de la Ley 339 de 16 de noviembre de 2022, relativo a la delimitación de zonas de protección hidrológica y nuevas áreas protegidas en la Cuenca del Río Santa María. La delimitación del área de protección hídrica y nuevas áreas de protección hídrica dentro de la cuenca del Río Santa María se hará a través del Consejo Directivo y las autoridades competentes, tomando en cuenta la zonificación del Plan de Manejo, el Plan de Ordenamiento Territorial, un estudio Hidrológico y Sociocultural para la cuenca, que garantice el derecho al agua en cantidad y calidad a las futuras generaciones. El Estado Panameño pondrá a disposición los recursos y la logística para realizar dicha delimitación.
Producción realizada por el equipo interdisciplinario
Rekha Chandiramani. Periodista investigadora
Olmedo Carrasquilla II. Defensor en DDHH / Ecologismo
Iris Gomez. Bióloga
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Last modified: 28/03/2024