Panamá. Efectos del cambio climático y Propuesta Nacional Comunitaria Ecológica

Los efectos del cambio climático se están haciendo sentir cada vez más en Panamá, ya sea con olas de calor, donde las altas temperaturas durante el día hacen difícil y peligroso el trabajo. especialmente cuando se refiere a trabajo manual al aire libre; o con inundaciones por las fuertes precipitaciones en muy corto tiempo, como pasó en varias ocasiones, el año pasado 2022, causando daños materiales considerables en diferentes áreas del país. El aumento de la temperatura generalmente es más leve en áreas tropicales, comparado con regiones templadas o polares y esto explica por qué los impactos y consecuencias del cambio climático en Panamá han sido bastante leves hasta la fecha, comparado con otras regiones fuertemente golpeadas.

Sin embargo, esto no quiere decir que esta tendencia se mantendrá en el futuro. Las especies y los ecosistemas tropicales de por sí ya están cerca de sus temperaturas máximas tolerables, por lo que pequeños cambios pueden causar graves consecuencias para muchas especies de todos los ecosistemas, incluyendo a los humanos. Un ejemplo es el aumento del nivel del mar se está haciendo sentir en las áreas costeras del país, donde las comunidades están perdiendo territorio, casas y otras estructuras. La comunidad de Gardi Sugdup en el pueblo originario Guna Yala se está trasladando de la isla a tierra firme debido a las constantes inundaciones, así como muchas otras comunidades.

En contraste con los serios impactos climáticos que ya están ocurriendo en Panamá y más aún los escenarios que se manejan desde algunas instituciones de investigación que pintan un futuro muy duro para el país, el tema no es parte del debate público, ya que el liderazgo del gobierno en la divulgación de la información y en la concienciación de la población ha sido casi nulo. La cobertura mediática de temas relacionados con el cambio climático se limita a la noticia sobre fenómenos aislados de desastres o publicaciones científicas sin hacer referencia a la mayor crisis que la humanidad jamás haya enfrentado, mucho menos cuestionar y analizar las causas de fondo que están en su raíz.

El manejo del gobierno sobre el climático se limita, o suele informar en comunicados sobre los balances de gases, los escenarios climáticos a futuro, mapas de vulnerabilidad, las CDNs etc. y aquellas medidas que los gobiernos suelen tomar porque conviene políticamente, como los muy cuestionados mercados de carbono, los REDD, la movilidad eléctrica, y la transición energética especulativa.

Compartimos un análisis al respecto con la colaboración de la bióloga Renata Sponner de la red de lucha contra el cambio climático YA ES YA y el profesor Evidelio Adames biólogo y catedrático de la Universidad de Panamá.

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Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional / Asociación Latinoamérica de Educación y comunicación Popular ALER

Propuesta Nacional Comunitaria Ecológica

Ante la crisis ambiental global y el cambio climático, las comunidades organizadas y articuladas siguen resistiendo y demandando al modelo extractivo enfatizando la minería metálica y fuentes hídricas. Este proceso incluye capacitaciones, movilizaciones, reuniones ante autoridades locales y nacionales, hasta cabildeos sobre propuesta de leyes para la protección ambiental. Algunas propuestas de los comités comunitarios rurales, organizaciones socioambientales y profesionales del sector académico – científico son las siguientes:

1. Declarar una moratoria permanente a la minería metálica sobre territorio panameño.

2. Reformas a la ley minera o Código Minero.

3. Revisión de la Ley General de Ambiente 41 de 1 de julio de 1998 referente a los estudios de impacto ambiental, el Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009 sobre Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (con sus modificaciones) y Evaluación de Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA’s) regulado por Decreto Ejecutivo Nº57 del 10 de agosto del 2004.

4. Impulsar un plan de capacitación sobre participación ciudadana y consulta popular tomando el Acuerdo de Escazú ratificado el 10 de marzo de 2020, a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020.

5. Implementar un Plan de Monitoreo Comunitario PMC, constituido por las comunidades rurales, defensores socioambientales, el sector científico / académico, y autoridades locales – nacionales. Garante de las evaluaciones e informes socioambientales sobre proyectos de alto impacto a la población y biodiversidad.

6. Rechazo a falsas políticas de mitigación y reparación a los efectos negativos al ambiente producto del extractivismo y cambio climático, como son los instrumentos financieros: compensación por pérdida de biodiversidad, el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques REDD y el mercado de carbono.

7. Debido al frágil sistema sanitario público, es importante reconocer la medicina comunitaria a través del uso de medicinas ancestrales y naturales como forma alternativa y estratégica para hacer frente a futuras crisis sanitarias.

8. Fortalecer otras dinámicas de producción nacional, como es la economía popular solidaria, cooperativismo, turismo ecológico y otras costumbres, que también son alternativas enfocadas de manera humana y ambiental ante crisis y situaciones de vulnerabilidad social.

9. Propuesta de un debate nacional sobre el agua. Esto representa un tema central en el debate público sobre su acceso como un derecho humano versus la economía emergente. Su objetivo es promover un proyecto de ley para elevarla a rango constitucional.

10. Fortalecer el sector agroalimentario bajo políticas de integración económica y social con enfoque de género. El sector agropecuario está constituido por grandes, medianos y pequeños productores, que con la participación de las mujeres en este proceso, son un eslabón dentro de la cadena productiva y seguridad alimentaria. Estas políticas en mención, también deben tomar en cuenta el acceso a las tierras, créditos y asistencia técnica con un enfoque agroecológico, ya que la producción nacional en distintos niveles, garantiza la sostenibilidad del capital económico del los productores y de los consumidores.

En Panamá, urge la necesidad de crear un país bajo un sistema de valores a través de la Economía Ecológica, cuya propuesta transformaría los estándares de producción que la economía clásica nunca abordó. Reduciendo el riesgo de escasez de producción agrícola, ya que estaría fuera de la dinámica irracional de la economía, y promovería una sustentabilidad socioambiental en la economía nacional.