Written by Un grupo de cinco organizaciones internacionales han presentado un amicus a la Corte Constitucional de Colombia en el marco del trámite de seguimiento a la sentencia que protege el Arroyo Bruno. En el escrito, piden que se respeten los derechos de las comunidades indígenas Wayúu que luchan pacíficamente contra la expansión de la mina de carbón más grande de América Latina, El Cerrejón, ubicada en el departamento de La Guajira.
Las organizaciones, Terra Justa, el Instituto de Estudios Políticos (IPS) – Programa de Economía Global, War on Want, Global Justice Now y la Red Minera de Londres (LMN), presentaron su escrito al tribunal Constitucional, después de que los gigantes mineros, Glencore y Anglo American, iniciaron demandas de arbitraje internacional en contra Colombia, para evitar la implementación de la decisión de la Corte que suspendió la expansión de la mina de carbón del Cerrejón en favor de los derechos de los Wayúu.
“Nosotros los Wayúu y comunidades afrocolombianas exigimos se nos respete nuestro territorio y con ello nuestros derechos a la vida, al agua, a la seguridad y soberanía alimentaria. Las empresas multinacionales no son de aquí como para que pretendan pasar por encima de nuestras decisiones y las de la Corte”, Misael Socarras, miembro de la Comunidad Wayúu Gran Parada, Accionante ante la Corte Constitucional y parte de Fuerza de Mujeres Wayúu.
En 2017, la Corte decidió suspender el proyecto de expansión minera del tajo La Puente por parte de Cerrejón, que amenazaba con destruir parte del ecosistema del Arroyo Bruno, el cual está rodeado por bosque seco tropical, ecosistema en peligro crítico de extinción. El arroyo es fuente esencial para el abastecimiento de agua a las comunidades locales en una región altamente vulnerable a la crisis climática, donde solo el 4% de la población en zonas rurales tiene acceso a agua potable. Asimismo, el arroyo tiene un valor espiritual y cultural insustituible para el pueblo indígena Wayúu. El proyecto se suspendió bajo la condición de que se realizará un estudio técnico que determinará el alcance de sus impactos ambientales y sociales.
Glencore y Anglo American presentaron sus demandas a mediados de 2021 en virtud de los Tratados Bilaterales de Inversión del Estado Colombiano con Suiza y Reino Unido, respectivamente. Las empresas recurrieron al Mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado (SCIE o ISDS por sus siglas en inglés), estipulados en los Tratados bilaterales mencionados. A principios de 2022, tras la presentación de las demandas, el gobierno colombiano emitió un informe favorable a la expansión de la mina y que fue denunciado por organizaciones colombianas, lo que indicaría que las demandas podrían estar teniendo el efecto disuasorio deseado.
“Tal como evidenciamos en nuestro escrito presentado a la Corte Constitucional, las empresas extractivas llevan demandas de arbitraje supranacional no sólo para buscar millones o miles de millones de dólares en indemnizaciones, sino para presionar a las instituciones del estado y ejercer el control empresarial sobre la naturaleza y las personas, especialmente en el Sur Global. Instamos a la Corte Constitucional a que, a la hora de tomar su decisión, las demandas de arbitraje no tengan un efecto disuasorio sobre su labor y que cumpla con su función de garantizar el respeto de los derechos del pueblo Wayúu al agua, la salud, la soberanía alimentaria, y proteja el Arroyo Bruno”, constató Aldo Orellana López de TerraJusta.
El 1 de julio de 2022, Anglo American desistió de su demanda contra Colombia después de que vendiera su participación en El Cerrejón a Glencore a principios del mismo año. Sin embargo, la continuación de la demanda de Glencore por un monto no revelado podría estar ejerciendo una presión indebida sobre el gobierno y el sistema judicial colombiano.
“El Sistema de resolución de Controversias Inversionista-Estado que ahora está incorporado en casi tres mil Acuerdos Internacionales de Inversión alrededor del mundo, gracias a las políticas impuestas por el Consenso de Washington, es exclusivo para las empresas extranjeras y altamente injusto. Glencore debería desistir de su demanda y respetar la decisión de la Corte Constitucional de proteger el Arroyo Bruno y los derechos del pueblo Wayúu”, subrayó Jen Moore del Programa de Economía Global de IPS.
Las demandas en contra de Colombia son emblemáticas y forman parte de una tendencia más amplia sobre cómo las empresas que se dedican a actividades extractivas están recurriendo al SCIE para socavar la independencia de los jueces y otros organismos estatales en favor de pueblos indígenas y otras comunidades afectadas. El Amicus enviado a la Corte cita ejemplos de otros casos de arbitraje presentados por empresas, que buscan erosionar la autonomía de los tribunales y sus decisiones en países como Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Perú. Además, en el escrito se amplía cómo estos casos han buscado, de forma similar al ejemplo de Colombia, burlar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y generar impunidad en favor de empresas transnacionales que contaminan y destruyen el medio ambiente y las formas de vida de las comunidades.
“Empresas mineras extranjeras han llevado seis casos de arbitraje supranacional en contra de Colombia por decisiones de la Corte Constitucional que son de vital importancia para la protección del agua y ecosistemas vitales en este país, así como para la reparación de los daños sociales y ambientales que enfrentan las comunidades. Es urgente que el gobierno denuncie los Acuerdos Internacionales de Inversión que Colombia ha suscrito y evite negociar cualquier otro que permita a las empresas extranjeras recurrir al SCIE, eludiendo el sistema de justicia colombiano”, dijo el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán que ha estado luchando contra la extracción de oro a gran escala en los páramo sobre los que tres empresas canadienses demandan ahora a Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia.
El Amicus presenta un resumen de diez casos de demandas o amenazas de demandas bajo el mecanismo SCIE en contextos mineros presentados en contra Colombia, por un monto pendiente de casi US$2,5 mil millones de dólares. Las organizaciones internacionales que presentaron el amicus hacen un llamado para que la Corte Constitucional haga cumplir su decisión en defensa de los derechos de las comunidades Wayúu y en favor de la protección del Arroyo Bruno. También solicitan que la Corte recomiende a las respectivas instancias de gobierno en Colombia que revisen sus compromisos con los Acuerdos Internacionales de Inversión con el fin de eliminar el mecanismo SCIE para así recuperar soberanía y el espacio regulatorio necesario, así como para cumplir sus obligaciones internacionales con los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.
Para más información:
- Aldo Orellana, TerraJusta, [email protected]
- Jen Moore, Investigadora Afiliada con el Instituto de Estudios Políticos (IPS) – Programa de Economía Global, [email protected]
- Javiera Martínez, Coordinadora para América Latina de la Red Minera de Londres (LMN), [email protected]
Last modified: 07/09/2022
