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La exclusión, marginación, la falta de acceso a la salud, educación, justicia, el irrespeto a los derechos colectivos, el progresivo empobrecimiento del campesino e indígena, son la acumulación de injusticia social que hemos vivido históricamente en el Ecuador. Las distancias se han incrementado en los últimos años, tanto así, que actualmente en el Ecuador aproximadamente el 50% de la población vive en un nivel de pobreza y de los cuales el 28% en extrema pobreza, es decir con menos de dos dólares por día. Los niveles de pobreza son mucho más graves en la zona rural, es decir campesinos e indígenas. De hecho, las provincias de la región Andina con excepción de Azuay y Pichincha son las provincias con el mayor índice de pobreza, superado únicamente por las provincias amazónicas, donde los niveles de pobreza superan el 70%.
La política neoliberal implementada por el presidente Guillermo Lasso, genera que se incremente esa brecha, es decir empobrecer mucho más a la población campesina. Adicionalmente a esta realidad que asfixia a la población rural del Ecuador, mayoritariamente indígena, el sistema de salud es cada vez más precario, la educación intercultural bilingüe ha sido desmantelada, los bancos ahogan económicamente a los pequeños deudores. La población mayoritariamente está abandonada y excluida.
Por otra parte, es evidente que el Gobierno de Guillermo Lasso, en un año ha generado toda una estructura jurídica para dar todas las facilidades y seguridad jurídica a las empresas transnacionales para que exploren y exploten los recursos naturales del país, así les permitirían una mayor ganancia económica, muestra de aquellos es la promulgación de los decretos ejecutivos 95 y 191 relativo a la política petrolera y minera que atentan la vida, patrimonio cultural y natural, lo espiritual y ambiental de los pueblos originarios, tal como ocurrió en los años 70 y 80 con la empresa transnacional Texaco hoy Chevron, y que su contaminación sigue vigente hasta la actualidad a pesar de que el fallo judicial haya sido favorable para los pueblos de Amazonía.
Por otra parte, el mismo gobierno de Lasso, ha cumplido fielmente con el pago a los acreedores de la deuda externa. Está claro que la crisis social que afecta especialmente al campo, no es por falta de dinero.
Ante esta injusticia social, que vulnera los derechos Constitucionales de millones de seres humanos, la CONAIE, hizo un planteamiento de 10 puntos, que en el fondo ayudan a resolver la problemática social del Ecuador. Pero el Gobierno, respondió a estos planteamientos emitiendo decretos de Estado de Excepción en seis provincias del Ecuador, ordenando la represión a la población ecuatoriana que hacía uso al derecho a la protesta social. Como resultado de esta represión, desde el día 13 al 23 de junio se registraron al menos: 68 incidentes de violación de Derechos Humanos. 123 detenciones arbitrarias; 126 heridos y al menos 5 personas han fallecido.
Ante estos hechos, que atentan contra los Derechos Humanos, como organización, que defendemos los Derechos Colectivos y de la Naturaleza. Resolvemos:
- Repudiar la brutal represión, violencia de Estado, agresión, torturas, humillación, detenciones arbitrarias, ordenada por el Gobierno de Lasso.
- Expresar muestra solidaridad, con las familias de los fallecidos, los heridos, encarcelados, torturados.
- Exhortar al Gobierno del Ecuador, a aplicar política pública que tienda a proteger los derechos colectivos, a aplicar políticas públicas que resuelvan la grave injusticia social que existe en el Ecuador.
- Exhortar al Gobierno del Ecuador, a respetar el derecho a la protesta social de la población del Ecuador y a buscar en consenso con los pueblos indígenas soluciones estructurales que signifiquen hacer justicia social y buscar mayor equidad dentro del país.
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¡NO PUEDE HABER PAZ SI NO HAY JUSTICIA!
Posted on junio 27, 2022 in noticias
Last modified: 27/06/2022
