Written by Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH, se dirige a la Comisión Europea mediante una carta para solicitar que se garantice una legislación sólida y eficaz ante la propuesta de ley de la Unión Europea sobre un “Gobierno Corporativo Sostenible”.
“Le escribo desde Honduras en relación con la propuesta de legislación de la Unión Europea (UE) sobre Gobierno Corporativo Sostenible. En nombre del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le pido que se asegure de que la legislación sea sólida y eficaz, con el fin de evitar los brutales abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, como los que ha sufrido mi familia.”
Sr. Didier Reynders, Comisionado de Justicia
Sr. Thierry Breton, Comisionado de Mercado Interior
Comisión Europea
28 de octubre de 2021
RE: La propuesta de ley de la Unión Europea sobre Gobierno Corporativo Sostenible
Estimado Comisionado Reynders, Estimado Comisionado Breton,
Le escribo desde Honduras en relación con la propuesta de legislación de la Unión Europea (UE) sobre Gobierno Corporativo Sostenible. En nombre del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le pido que se asegure de que la legislación sea sólida y eficaz, con el fin de evitar los brutales abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, como los que ha sufrido mi familia.
Mi madre, Berta Cáceres, nació en La Esperanza, Honduras, en 1971, en territorio del pueblo indígena Lenca. Desde muy joven fue sensible a la condición de violencia y discriminación de las mujeres Lencas. A sus 22 años cofundó el COPINH, cuyo objetivo es defender los derechos territoriales y fundamentales del pueblo Lenca.
Decenas de comunidades Lencas se organizaron con la necesidad de obtener el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre las tierras ancestrales y además de luchar para la desmilitarización de Honduras.
Durante los últimos años de su vida, Berta Cáceres fue nombrada coordinadora general del COPINH, y realizó una activa campaña contra las concesiones otorgadas por organismos estatales tras el golpe de Estado de 2009. Estas concesiones ilegales permitieron la explotación de tierras y recursos comunales en territorios indígenas de todo el país. Dichas concesiones violentaron los derechos especiales de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada.
Una de las luchas más activas fue la defensa del río Gualcarque, donde la empresa hondureña DESA intentó imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Frente a la negación del Estado de escuchar las denuncias de la población local, la comunidad estableció un bloqueo de carreteras. Al ser este un método efectivo para evitar la construcción del proyecto, la empresa, en alianza con el Estado, desplegó la represión, hostigamiento y violencia contra las comunidades, el COPINH y especialmente contra Berta Cáceres.
Desde 2013 y hasta los últimos días de su vida, Berta denunció el financiamiento y el apoyo logístico que bancos y empresas europeas brindaban a DESA. Luego del asesinato de mi madre, en marzo de 2016, estas entidades financieras y empresariales se desvincularon del crimen. Sin embargo, el impacto del crimen y la protesta pública fue tan grande que tuvieron que congelar los fondos temporalmente. Tras las detenciones de miembros de DESA y su procesamiento por su implicación en el crimen, la empresa alemana y los bancos holandés y finlandés tuvieron que retirarse del proyecto.
La vida de Berta Cáceres es insustituible. Una de las más importantes lideresas indígenas y sociales de Honduras fue vilmente asesinada y los tribunales hondureños han declarado recientemente culpable al presidente de DESA por haber colaborado en ordenar su asesinato. Ahora, junto con el COPINH, busco la justicia integral para mi madre y a pesar de saber que ella no volverá, deseo profundamente que nadie más tenga que vivir el dolor de un crimen como este.
La situación en Honduras no es única, este tipo de crímenes se repiten en varios países de América Latina y en otras regiones del mundo. Por eso, como pueblo Lenca, apoyamos la demanda de que haya una mayor regulación de las empresas, bancos e inversiones europeas, para evitar que se repitan abusos como el que le ocurrió a mi madre. Las empresas europeas deben aplicar las mismas normas de derechos humanos que se aplican en Europa cuando operan en países como Honduras, en el cual la vida de quienes defienden los territorios está seriamente amenazada.
Es muy alentador para nuestras comunidades saber que la Comisión Europea tiene previsto proponer una legislación que establezca obligaciones jurídicamente vinculantes para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Se trata de una gran oportunidad para que la UE muestre su liderazgo a la hora de garantizar que las empresas actúen de forma responsable. Sin embargo, para que sea significativa y eficaz, la legislación debe tener un amplio alcance. Debe incluir la responsabilidad de toda la cadena de valor de la empresa y abarcar todas las relaciones comerciales, incluidas las de inversión.
La legislación debe también exigir a las empresas que se comprometan de forma significativa con las comunidades afectadas y los defensores de los derechos humanos. En nuestro caso, si las empresas y los bancos europeos hubieran estado obligados por la legislación de la UE a llevar a cabo un proceso significativo de evaluación de los riesgos para los derechos humanos, deberían haber evaluado que el proyecto se estaba llevando a cabo sin el consentimiento de nuestras comunidades indígenas Lencas, y como tal, no haber entablado una relación comercial con DESA desde el principio.
Por último, dadas las graves e importantes amenazas a las que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, la legislación debería exigir a las empresas que evalúen y aborden explícitamente los riesgos de represalias relacionados con su cadena de valor como parte del proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Comisario Reynders, y Comisario Breton, pueden ayudar a garantizar que esta legislación europea destinada a la protección de los derechos humanos sea lo suficientemente sólida y eficaz como para evitar que este tipo de casos se repitan, y que también permita el acceso a la justicia de las víctimas en los tribunales europeos cuando se produzcan abusos.
Atentamente,
Bertha Zúniga Cáceres Coordinadora general
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Tomado de: desinformemonos.org
Last modified: 14/11/2021
