Written by Unos troncos y unas maderas atravesadas le dan forma a dos paredes que sostienen unas láminas de lata, es una choza provisional. Al fondo se ven dos camastros de madera donde se encuentran dos niños indígenas. La mayor, una chica de apenas 15 años, le arranca a la nostalgia un recuerdo. “Yo me siento triste, porque así como vivía antes ya no puedo vivir. La empresa vino, atajó el rio y nuestra casa quedo inundada”, relata Elia Eiu mientras señala el lugar donde estaba su hogar. Entre las aguas turbias estancadas del rio, que ahora yace sin vida, sólo se puede observar alguna que otra copa de una palmera o un árbol que aún agoniza bajo el agua.
Los Ngäbe-Buglé son pueblos indígenas que habitan en el occidente de Panamá, principalmente en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Hoy, la Comarca indígena Ngäbe-Buglé está de luto. Un olor putrefacto emana de las profundidades de lo que fue el rio ancestral Tabasará. Es el gas metano generado por las plantas y árboles que quedaron inundados desde que se represó este rio para poder generar energía limpia a través del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, lo que ha afectado a más de 170 mil indígenas Ngäbe-Buglé que podrían perder sus tierras y su modo de vida.
Sumergidos bajo el agua también quedaron los petroglifos de donde proviene la escritura sagrada de este pueblo. “Cuando el agua comenzó a subir de nivel primero fue hasta donde estaba ubicado un petroglifo, en la cota 87. Inundaron nuestras escrituras sagradas. El nivel del agua continuó subiendo; ahora mismo son siete comunidades que ya han sido afectadas por este proyecto y la mayoría de los petroglifos quedaron inundados”, comparte Hacket Bagamá, un pequeño que no rebasa los 15 años y que pertenece a la comunidad de Kiad, una de las más afectadas por el complejo hidroeléctrico.
El 22 de mayo del 2016 la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) aprobó la inundación del embalse. La compañía panameña Generadora del Istmo S.A. (GENISA), encargada del complejo hidroeléctrico, comenzó inmediatamente con sus actividades para la inundación sin informar a las comunidades locales. Esto se dio en un contexto donde se mantenían negociaciones entre las autoridades indígenas y el gobierno de Juan Carlos Varela, actual presidente de Panamá. Ante esta situación, los indígenas se han rehusado a una posible reubicación y sólo se han recorrido a unos cuantos metros, donde se encuentran en latente peligro, ya que solo se ha llenado el 30% del embalse.
“Antes de que embalsaran el rio no teníamos problemas de comunicación, pero ahora ya han inundado los caminos y la carretera. Tenemos problemas para comunicarnos, nuestras canoas no son seguras porque la profundidad es de más de 30 metros. Ya se ahogó un hermano porque su canoa se inundó. Ya no podemos bañarnos, hay muchos peces muertos y los arboles quedaron inundados. De ahí tomábamos agua, es una tristeza todo esto”, dijo Hacket Bagamá.
“En el Estudio de Impacto Ambiental dijeron que aquí no había gente, que no vivía nadie y por eso no nos avisaron que íbamos a ser desalojados. Ya desalojaron a varios hermanos y nosotros no sabemos cuándo van a querer desalojarnos a nosotros”, dijo Bellini Jiménez, profesora indígena y residente de la comunidad de Kiad, de la Comarca Ngäbe-Buglé.
La resistencia
A pesar de la resistencia de los pueblos Ngäbe-Buglé, la construcción de este complejo ha finalizado y el nivel del agua en el depósito comenzó a subir desde agosto del año 2016. En total inundarán una superficie de 258.67 hectáreas para la operación del embalse en el rio Tabasará. Otras cinco hectáreas serán utilizadas para la presa, la casa de máquinas y las obras complementarias. Aquí se generarán diariamente 28.84 megavatios de energía que contribuirá, según Varela, “a aumentar la producción hidroeléctrica y para disminuir la dependencia de combustibles fósiles que se importan para generación eléctrica y para cumplir con la reducción de emisiones de carbono CO2”.
“De la noche a la mañana el gobierno llegó con el discurso del cambio climático y del desarrollo sustentable y decidió represar nuestro rio para construir este proyecto. Nosotros somos pueblos que no nos doblegamos, no nos interesa su energía limpia, queremos nuestros territorio tal y como esta”, dijo el indígena Goejet Miranda, quien forma parte de la comunidad de Kiad y es presidente del Movimiento 10 de abril, organización que surgió en 2007 para resistir a este proyecto.
Lo que pensamos de su desarrollo
Los procesos de resistencia de los Ngäbe-Buglé anteceden a la lucha contra el proyecto hidroeléctrico. Desde el año 1945 han exigido que se les reconozca su cultura y su territorio. En un primer momento se les quiso reconocer como reserva indígena, un modelo copiado de los Estados Unidos que les permitiría mantener sus costumbres, religión y su forma de vida, pero se negaron a ser reconocidos bajo esta tipificación jurídica. Fue mediante diversas acciones de estos pueblos que, el 7 de marzo del año 1997, mediante la Ley 10 de la Constitución Política de Panamá, se reconoció la Comarca Ngäbe- Buglé. La Comarca es un territorio demarcado físicamente, dentro del Estado-Nación, bajo un régimen de autogobierno al que se le reconoce: la colectividad de la tierra; sus congresos indígenas como organismo tradicional; a las autoridades tradicionales; y las costumbres y tradiciones.
Desde la construcción del proyecto Barro Blanco no sólo se han violado los derechos humanos de estos pueblos indígenas afectados en la Comarca, el gobierno esta violando sus propias leyes, dice el indígena Goejet Miranda. “Para nosotros ha sido un atentado contra nuestras vidas, nuestra cultura y nuestra integridad. Aquí no valió el derecho que determina la ley, la que establece que podemos gozar de nuestro territorio. Está violando la Ley 10 porque en que tenemos que desalojar nuestro territorio”.
El gobierno de Panamá ofreció empleo a los indígenas que se les inundó su hogar. Este empleo consiste en que construyan su propia casa en otro lugar fuera de su territorio. “Quiere que salgamos de aquí. Para nosotros salir a otro lugar es como si estuviéramos presos. Es el pensamiento de la propiedad privada que va en contra de nuestras costumbres colectivas. Por eso nunca hemos aceptado las indemnizaciones del gobierno y no vamos aceptar nada de lo que están ofreciendo, porque nuestras tierras no están en venta. Vamos a luchar hasta lo último para terminar con este proyecto”, agregó el presidente del Movimiento 10 de abril.
Transición energética
El proyecto Barro Blanco fue construido con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Alemán de Desarrollo (DEG) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). Dicho proyecto será conectado al Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. “(…) es un buen momento para destacar que la región ahora cuenta con una robusta infraestructura eléctrica desde Guatemala hasta Panamá, complementada por una conexión a México, y a futuro con Colombia. Lo anterior se logrará a través de varios frentes. SIEPAC y el Mercado Regional Eléctrico de Centroamérica (MER) posibilitan el desarrollo de proyectos regionales de generación de mayor tamaño y eficiencia, a la vez que facilitan la introducción de un mayor número de proyectos de energías renovables tanto tradicionales como no tradicionales, diversificando así la matriz energética”, afirma el sitio web del BID, órgano que ha financiado el 90% de los proyectos en torno al SIEPAC.
Panamá es una república democrática con vínculos estrechos con los Estados Unidos. Sus ingresos principales provienen del Canal de Panamá y del ferrocarril que son parte del mismo complejo. En agosto del año 2014 el gobierno panameño festejaba los 100 años de la construcción del Canal de Panamá y se preparaba para la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes que se celebraría en Paris en el año 2015, conocida como la COP21. También anunciaba el nuevo Plan Energético que se estaba comenzado a construir en Panamá.
“Específicamente en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, estamos implementando programas específicos, con el apoyo de los Gobiernos de Noruega y Alemania. A su vez, estamos elaborando un Plan Energético Nacional, que establecerá nuestras políticas con visión de Estado, para las próximas décadas y definirá la contribución del sector energético nacional a la mitigación del cambio climático”, fueron las palabras del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, en la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2014 en la sede de la ONU en Nueva York.
En 2015, se lanzaría el Plan Energético Nacional 2015-2050: “Panamá, el futuro que queremos”, un plan mediante el cual se busca asegurar, sobre todo, el capital financiero internacional, arguyendo que los niveles de inversión no corresponden a un periodo de gobierno, sino que son capitales que requieren por lo menos 50 años para mantenerse con vida. “Las inversiones para la producción de energía son cuantiosas y generalmente están expuestas a altos niveles de riesgo. La construcción de centrales eléctricas, líneas de transmisión, refinerías de petróleo y otras actividades propias del sector, necesarias para atender la demanda de energía, comprometen grandes sumas de capital frecuentemente de origen foráneo (…) La política energética es una actividad que va más allá de la duración del periodo constitucional de un Gobierno y, por esta razón, se debe convertir en una política de Estado”, afirma el documento del Plan.
De la misma forma el Plan Energético argumenta que los conflictos en torno a la construcción de la infraestructura es necesaria para transitar hacia las energías limpias, pero, “los distintos actores de la sociedad civil tienen que encontrar un punto de acuerdo, ya que será necesario ampliar constantemente el sistema energético”.
“No hay ningún acuerdo con el gobierno y la empresa, es un abuso, es una imposición. Desde el año 2007 cuando el gobierno dijo que se iba a construir el proyecto Barro Blanco nosotros hemos expresado que no estamos de acuerdo. Desde entonces hemos luchado. Fuimos a la corte, nos hemos manifestado, pero el gobierno no nos ha escuchado y tampoco nos ha consultado”, dijo Bellini.
Según cifras de la Secretaria Nacional de Energía, Panamá maneja aproximadamente el 70% de su electricidad con fuentes renovables, gran parte de ella mediante centrales hidroeléctricas y recientemente con la energía eólica. Así mismo, se espera alcanzar el 80% entre el año 2018 y 2020, con dos proyectos importantes: el primero será realizado por la compañía de electricidad de EE.UU (AES), y contará con una inversión de más de 1.300 millones de dólares; el segundo de la empresa china Martano Inc., con una inversión de 600 millones de dólares.
El 90% de las metas esperadas para la producción de esta energía limpia provendrán de las hidroeléctricas. Según la ASEP, desde el año 2015 se han registrado al menos 37 proyectos hidroeléctricos que se encuentran en diseño o en proceso de construcción en los ríos más caudalosos de Panamá, donde existen poblaciones indígenas. Otros 34 proyectos más están a la espera de que se les aprueben las licencias. Los contratos de concesión giran en torno a 30 y 50 años a partir de la firma del contrato.
“Esto es una guerra contra nosotros los pueblos indígenas que hemos vivido desde siempre en las orillas de los ríos. Es una guerra de los bancos y de los capitalistas para continuar despojando y desapareciendo a los pueblos indígenas. Los ríos se conservan porque para nosotros nunca han representado una mercancía. Ellos con su vida moderna han acabado con todo y ahora quieren quitarnos lo poco que nos queda para producir energía limpia. No es limpia porque destruye los ríos y a los pueblos”, señaló la indígena Bellini.
El Plan Energético es tajante al determinar que el consumo de energía en Panamá está fijado por el modelo económico orientado a los servicios. En ese sentido el Canal de Panamá es de vital importancia, ya que es considerado un engrane del comercio mundial. Pero también se argumenta que la forma de vida copiada de los Estado Unidos determina el consumo de energía. “La permanencia de los Estados Unidos de América, por más de 80 años en Panamá, ha ejercido sobre la población un efecto de imitación de la imagen de la cultura y la sociedad del consumo típicamente norteamericana. Esto ha influido, en gran medida, en el estilo de desarrollo a seguir y en la configuración del sistema energético panameño”, dice el documento del Plan Energético Nacional 2015-2050.
El atardecer comienza a caer en la comunidad de Kiad y las estrellas pintan el cielo. Aquí no hay luz eléctrica. Nunca ha habido. Sólo un miembro de la comunidad cuenta con una pequeña celda solar, la cual utilizan para cargar los teléfonos celulares y alguna que otra necesidad. El joven Hacket Bagamá dice: “No necesitamos su energía porque es producida a partir de la muerte de nuestros pueblos. Su pensamiento es diferente al nuestro, ellos le ponen precio a todo y quieren más energía para seguir destruyendo a la madre tierra”.
Permisos de contaminación
En un primer momento el proyecto Barro Blanco fue certificado por la Naciones Unidas como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), uno de los tres mecanismos acordados en el Protocolo de Kioto en la Tercer Convención de las Partes (COP3), realizada en Japón en el año 1997. Dicho Protocolo fue destinado para los países industrializados, los cuales tenían como objetivo la reducción de las emisiones nacionales en un promedio de 5% debajo de las emitidas en el año 1990 para el periodo 2008 – 2012. Para ayudar a reducir el costo del cumplimiento de reducción se designaron tres “mecanismos de flexibilidad” llamados: Comercio de Emisiones (CE), Aplicación Conjunta (AC) para proyectos en Europa del Este y la ex Unión Soviética y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), para países en desarrollo.
Con el MDL los inversionistas no solo cumplen con sus metas de reducción de emisiones de Dióxido de Carbono al invertir en tecnologías limpias en otros países, también obtienen ganancias de la venta de esta energía y al mismo tiempo obtienen certificados de emisiones reducidas (CER), equivalente a las toneladas de CO2 que no fueron emitidas, documentos que pueden ser vendidos como Bonos de Carbono (o mejor conocidos como permisos de contaminación) para otros países industrializados o empresas que han rebasado sus limites de contaminación y de esta forma poder compensar.
También se emiten CER a partir de los proyectos de reforestación y de las Áreas de Conservación. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente de Panamá, tan sólo en 2014 se recabaron 11 millones 920 mil dólares de la venta de certificados “provenientes de la generación de energía eólica, hídrica y por los programas de reforestación y las áreas protegidas. Los principales países con los que Panamá comercializa este tipo de bonos es con los mismos que están invirtiendo en tecnologías “limpias”: Holanda, España, Austria y Alemania.
Aunque al proyecto Barro Blanco se le retiró el registro de MDL por la violación de los derechos humanos y las acciones que realizaron los pueblos indígenas, no se les impedirá continuar con la producción de energía, que por sobre todo, continuará siendo considerada como limpia. “Nos han dicho que con este proyecto tendremos mucha plata por nuestras tierras, que no sufriremos hambre, que tendremos asistencia de salud; nada de eso es verdad. Nos quisieron chantajear con unas galletas nutritivas y con dos o tres personas que lo aceptaron, llenaron sus informes para decir que había apoyos para los niños. No nos estamos muriendo de hambre aquí y tenemos nuestra medicina tradicional. No necesitamos nada de ellos. Este proyecto no tiene nada de limpio, porque llegaron con mentiras. Es por eso que se les retiro el certificado de MDL. Es una guerra del gobierno y de los bancos europeos en contra de nosotros los pueblos indígenas. A parte de esto nos quieren engañar con las áreas de la conservación”, señaló Goejet Miranda.
Las Áreas Protegidas
“Hay más de 37 mil habitantes en la cuenca, todos somos indígenas y más de 12 mil estamos siendo afectados directamente por el proyecto Barro Blanco. Pero no sólo esto nos afectará, también están las áreas protegidas y otros proyectos que no conocemos bien y que afectarán a todos los pueblos porque nos están atacando de todas las formas posibles”, dijo Clementina Pérez, sacerdotisa de la iglesia Mama-Tatda, quien mantiene un campamento junto con los miembros de su comunidad en la entrada principal del complejo hidroeléctrico Barro Blanco que ha sido reprimido más de una vez por la policía con extrema violencia.
Durante el proceso de construcción del proyecto Barro Blanco, el gobierno de Panamá junto con organizaciones internacionales, avanzaron con la implementación de programas de gestión de Áreas Protegidas (AP) en las comunidades indígenas que están dentro del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP). En este corredor, según el informe de consultoría para la facilitación de talleres de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), se tienen contempladas 14 áreas protegidas prioritarias. La Comarca Ngäbe-Buglé forma parte de una de las tres macroregiones de gran biodiversidad.
Desde el año 2007 la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) propició que la Comarca Ngäbe-Buglé firmara Cartas de Entendimiento donde asegura su participación y ejecución de actividades dentro del CBMAP. Dentro de las actividades en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, se implementaron proyectos de agroforestería en las comunidades indígenas. Según el programa buscaba “crear y fortalecer el capital social comunitario para el desarrollo sostenible”.
“Ellos están planteando las Áreas Protegidas en torno al embalse para que no se seque. A parte del proyecto Barro Blanco ahora tenemos que enfrentarnos a otro conflicto: las Áreas Protegidas. Esto va a ser otro pleito más con el gobierno porque no tenemos a donde ir. El gobierno nos quiere dar mil dólares para sostenernos, con ese dinero quieren que nos mudemos a otro lugar. Que nos digan donde podemos comprar un territorio con esos mil dólares. Y aunque sean diez mil o un millón, no queremos nada”, señaló Goejet Miranda, quien sin conocer ampliamente el programa REDD, ha participado en diversos talleres impartidos.
Según la Organización de las Naciones Unidas, “la iniciativa REDD es un esfuerzo para crear un valor financiero para el carbono almacenado en los bosques”. Un programa que ha perdido la credibilidad en diversos pueblos indígenas en el resto de Latinoamérica por no dar información precisa de lo que implica el mercado financiero del carbono, y las limitaciones a las que se ven sometidos los pueblos indígenas al restringir el uso y acceso de su territorio o al convertirlo en una mercancía con los proyectos de ecoturismo y la conservación.
Como segunda fase de este programa, en septiembre de 2016, se realizaron Foros Regionales, donde se aplicaron protocolos que han sido considerados como “consulta y validación” de los pueblos indígenas para avanzar con la Estrategia Nacional para la reducción de emisiones producto de la Deforestación y Degradación de los bosques (EN-REDD+), liderado por el Ministerio de Ambiente de Panamá. Este programa es ejecutado en conjunto con las Naciones Unidas y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial (FCPF) principales financiadores de los proyectos de conservación en el resto de Latinoamérica.
“En realidad no conocemos que hay de tras de estos proyectos de conservación. Nos han dicho que habrá dinero para las comunidades que decidan conservar. Pero yo creo que es otra forma de apropiarse de nuestro territorio. En cuanto comencemos a aceptar ese dinero nosotros ya estaremos vendiendo parte de nuestro territorio. No necesitamos eso, porque siempre hemos cuidado a nuestra madre tierra. Sabemos que el problema del cambio climático nos afecta a todos, pero el problema está en sus ciudades, en sus automóviles, en su forma de vida, en el pensamiento capitalista”, dijo la sacerdotisa de la iglesia Mama-Tatda, quien asegura que la energía producida con Barro Blanco y la Conservación no traerán beneficios.
“El agua, la selva y los animales no tienen precio. El agua representa un ser que tiene vida”. Esta energía, dice Clementina “no nos beneficia en nada. Estamos casi seguros que será utilizada para la minería, para el Canal (de Panamá) y para los nuevos lugares donde viven los ricos, para sus carros, para las mercancías de los capitalistas. No hay beneficios para los pueblos indígenas. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos de sus palabras, esas que son de muerte, como el desarrollo sustentable”.
La minería
La Comarca Ngäbe-Buglé no solo está amenazada por las presas hidroeléctricas y la conservación, en este territorio se encuentra uno de los depósitos de cobre más grande del mundo que requerirá de grandes cantidades de agua y por supuesto, de energía.
Clementina ora y canta todos los días junto a los niños, jóvenes y ancianos que están desde el 14 de febrero del año 2014 en el campamento a un lado de la entrada de la presa hidroeléctrica Barro Blanco. En el sitio han levantado pequeños techos provisionales donde descansan. La bebida del cacao compartida entre todos hace de la resistencia un ritual de cada día. Aquí todos han sentido el peso de las amenazas de desalojo, de represión, pero se mantienen de pie, es su forma de resistir. “Hemos sufrido la represión de parte del gobierno, de parte de la empresa pero nosotros no nos vamos a ir hasta que liberen al Tabasará. Hemos sufrido la represión porque no queremos esta presa, no queremos minería, no queremos ningún proyecto de muerte, y por eso, todos los pueblos hemos sido golpeados en Panamá. Pero estamos alerta siempre”, dijo la sacerdotisa quien también forma parte del Movimiento 22 de Septiembre, de la iglesia Mama-Tatda.
Panamá concentra uno de los depósitos de cobre más grande del mundo en la Comarca Ngäbe-Buglé. El lugar conocido como Cerro Colorado, en el este de Panamá, alberga cerca de 1.400 Toneladas Métricas (MT), de las cuales 78% son de cobre. Otro deposito es el de Cerro Petaquilla, concesión que está en manos de la empresa Inmet Mining Corp. de Canadá junto a su subsidiaria Minera Panamá, ubicada en el centro-norte de este país, el cual contiene un recurso de más de 2 mil millones de toneladas con 5% de cobre, 15% de molibdeno y 9 gramos de oro por tonelada. También esta Cerro Chorcha, en el corregimiento de Guariviara, Distrito de Kankintú, Comarca Ngäbe-Buglé, que alberga 47 mil toneladas métricas, de las cuales contiene el 71% de cobre y 8 gramos de oro por cada tonelada. Todos estos depósitos se llevan a cabo en la alta selva, porciones cubiertas de la Cordillera Central.
En la parte norte de Panamá hay otro proyecto, en el distrito de Donoso, (en la provincia de Colón), está el proyecto minero llamado Molejón, una concesión que esta en manos de la empresa Canadiense Petaquilla Minerals Ltd, ha esbozado un depósito que contiene 893 mil onzas de oro. Esta empresa tiene varios proyectos de exploración en Panamá. Su principal activo es la producción de Molejon Gold Project. La empresa Petaquilla Min. se encuentra en Canadá, en Alemania y en Estados Unidos de América.
“Ellos dicen que con estas mineras van a traer el desarrollo. Son más de 400 años que hemos sido golpeados por los capitalistas y su desarrollo. Esto no se llama desarrollo, se llama violación a los derechos humanos. Es un desarrollo que desaloja, que mata, que discrimina a los pueblos, y por eso, no lo aceptamos. Porque es otra de las formas en que nos quieren desaparecer. Ellos están violando los derechos que hemos ganado con nuestras luchas. Las leyes son creadas por los capitalistas y ellos no lo respetan, nuestra ley es mantener las áreas libres, verdes y conservadas. Cada piedra que hay en nuestro territorio es sagrada, no permitiremos la destrucción de nuestras territorios sagrados”, dijo Clementina.
En febrero del año 2011, el entonces presidente, Ricardo Martinelli, modificó el Código de Recursos Minerales, donde se determinaba que no podían obtener concesiones mineras, ni ejercerlas o disfrutarlas los siguientes entes o personas: Los gobiernos o Estados extranjeros o instituciones oficiales o semioficiales extranjeras, con excepción de las personas jurídicas en las que tengan participación económica o financiera uno o más estados o gobiernos extranjeros o instituciones oficiales o semioficiales extranjeras, siempre que dichas personas estén constituidas como personas jurídicas de Derecho Privado bajo las normas panameñas, renuncien expresamente en el contrato de concesión a la reclamación por vía diplomática, salvo el caso de denegación de justicia, y se sometan en el contrato a las leyes de la República de Panamá.
A pesar de que esta reforma aumentaba de 15 a 20% los beneficios distribuidos entre los corregimientos colindantes al proyecto que tendrían que ser recaudados directamente por los municipios y comarcas, esta iniciativa provocó un rechazo generalizado de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé. Inmediatamente realizaron una serie de acciones por considerar esta reforma una amenaza sobre sus derechos logrados a través de la Ley 10 del año 1997, donde se estipula, entre otros puntos, que el Estado y el concesionario debían implementar “un plan de divulgación para que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente su punto de vista respecto a la actividad minera”.
El resultado de las protestas fue que el Estado derogará la Ley 8 del 2011, sustituida por la Ley 12 del 18 de marzo del mismo año 2011. No obstante, en 2012, reiniciaron las protestas con un saldo de un muerto y decenas de heridos, ya que la ley no contemplaba los proyectos hidroeléctricos en la comarca y áreas anexas. Entonces se volvió a promulgar una nueva norma , la Ley 11 del 26 de marzo de 2012, la cual establece “un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe-Buglé”, agregando en el articulo 3º el cual “prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca Ngäbe-Buglé, sus áreas anexas y las comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes a estas, por cualquiera persona natural o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera.”
De acuerdo con el Viceministro de Comercio e Industrias, Manuel Grimaldo, actualmente están activas 152 concesiones para extracción de materiales no metálicos y 15 para extracción de metales en Panamá. Desde el 2016 se ha comenzado a estudiar un nuevo reglamento que regule la ley minera. Mientras tanto, Todd Clewett, gerente de la Minera Panamá, filial de la First Quantum Minerals Ltd (FQM), que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá y el London Stock Exchange en Inglaterra, anunció que la mina Cobre Panamá, con una inversión de 6,400 millones de dólares, comenzará a exportar el mineral a Estados Unidos, Brasil, China e India a finales de 2017.
“Ellos siempre juegan con las leyes, como la consulta previa. No queremos ninguna consulta porque simplemente no hay nada que consultar, nuestra decisión es que no queremos ningún proyecto. Pero tenemos que fortalecer más nuestra lucha, porque ellos seguirán avanzando con o sin nuestra aprobación. Es una guerra total contra nosotros los indígenas”, señaló la sacerdotisa.
Efectivamente, mientras que los pueblos resisten contra el proyecto hidroeléctrico, la minería avanza a marchas forzadas. “Las obras tienen un buen progreso, calculamos que hacia finales de 2017 o principios de 2018 comenzará la extracción del cobre”, explicó el gerente de la Minera Panamá. Por otra parte, además de las instalaciones industriales que se están terminando, casi finalizan la construcción de la planta de generación eléctrica a base de carbón, que producirá 300 megavatios, energía que será utilizada para el funcionamiento de la mina Cobre Panamá.
Fortaleza
Así como otros pueblos de Latinoamérica, para los Ngäbe-Buglé, su fortaleza reside en su espiritualidad. Es a través de su Iglesia, llamada Mama Tatda, que fue creada por la “profeta” nativa Adelia Atencio Bejerano también conocida “Mamá Chí” y “Niña Delia”. Fue desde el 22 de septiembre de 1962, cuando Mamá Chi tuvo una visión donde se le reveló la necesidad de guiar a su pueblo de las malas influencias del alcohol y vicios que los tenían esclavizados y desde entonces, siguen el “Mandamiento Mama Tatda”.
Esta religión fue creada al interior de la Comarca por los propios indígenas y cuentan con un libro escrito en jeroglíficos compuesto por 145 capítulos que versan sobre asuntos de la vida cotidiana, temas sociales, ética, valores, asuntos de familia, economía doméstica y cómo aplicar la justicia, entre otros puntos.
Los jóvenes no acuden a las escuelas de gobierno ya que también cuentan con un manual con escrituras en forma de jeroglíficos, a partir del cual han desarrollado su propia escritura y su escuela. “No vamos a la escuela fuera de la comunidad, porque los que van cambian de pensamiento y regresan con malas ideas. Piensan en poder, en dinero y en la venta de nuestra madre tierra. Aquí nuestra educación es con nuestros propios padres y familiares”, agrega el joven Hacket Bagamá.
En las tres regiones de la Comarca existen por lo menos 12 escuelas que funcionan sin ningún recurso económico ni apoyo material. El gobierno ha querido dar apoyos para educación pero no lo han aceptado. “El gobierno quiere que aceptemos estos apoyos, pero eso significa que tendríamos que dejar entrar a los proyectos. Nuestras escuelas no son una religión, son un sistema de educación, donde conservamos y conocemos nuestra lengua con profundidad y así se forman los profesores. Nuestra forma de vida y nuestra cultura se está perdiendo por todas estas amenazas y por los hermanos que se ven tentados por la visión occidental, entonces, fortalecer nuestra lengua es importante para continuar existiendo y para la propia lucha”, dijo la profesora Bellini Jiménez.
El Estado también ha querido implementar en las escuelas la lengua Ngäbe, pero tampoco lo han aceptado los pueblos indígenas. “Quieren incluirla como materia, pero en la letra español ¿Cómo mi idioma se va escribir en español? Eso nunca va a ser igual. Ellos le llaman intercultural bilingüe. Nuestra lengua tendría otro sentido, y es en ella donde guardamos la memoria y conocimientos de nuestras ancestros, nuestra principal fortaleza”, señala Bellini.
Es posible, que el Estado Panameño no desista en continuar otorgando concesiones de más presas hidroeléctricas, parques eólicos y solares, plantas geotérmicas y sobre todo, más minería en territorio indígena, porque es así como lo determina la economía verde. Y quizá lo único que queda como arma para los niños, jóvenes, mujeres y ancianos que están resistiendo cada día a la entrada de esta presa hidroeléctrica Barro Blanco, sea el cuerpo, y no tener miedo. Y aunque no figuran en los medios de comunicación, siempre están a la espera de que su palabra llegue hasta otros pueblos indígenas del mundo que también luchan por la defensa de su territorio.
“El Rio Tabasará está declarado como la sangre del corazón del mundo, si el corazón deja de funcionar, el cuerpo deja de existir. Eso es lo que esta pasando en otros países y por eso estamos llamando a otros hermanos indígenas para unirnos contra estos proyectos. Se avecinan desastres en el resto del mundo porque la tierra tiene fiebre, porque la madre esta herida. Tienen que sonar los caracoles en los siete puntos de nuestra madre tierra para que nos levantemos todos los pueblos indígenas y paremos este desastre. Es el momento de tomarnos de la mano para detener este monstruo que se llama capitalismo. No esperamos nada de ellos, esperamos todo de todos los pueblos indígenas del mundo, esa es nuestra fortaleza”, expresó la sacerdotisa Clementina.
Por: Santiago Navarro F
Fotografías: Renata Bessi y Santiago Navarro F
Diseño/Programación: Pablo Osorio
Fuente: avispamidia.org
Last modified: 22/09/2021
