Written by “Muchas mujeres están luchando, no solo por sus derechos, sino por los derechos de todos”, asegura Yomali Torres, activista afrocolombiana y una de las tantas que se han unido al paro nacional para demandar el fin del sistema neoliberal y patriarcal.
Las mujeres colombianas han ejercido un papel protagonista en el actual ciclo de protestas, por una parte como organizadoras y por otra como víctimas. Actores nacionales e internacionales se han pronunciado en contra de los múltiples casos de violencia y abuso sexual reportados en todo el país. Estos hechos, sin embargo, no son exclusivos de la crisis que se vive actualmente. Tanto la policía, como las fuerzas armadas y los grupos ilegales han usado por décadas los cuerpos de las mujeres como armas de guerra.
El paro nacional, que cumplió un mes el pasado 28 de mayo, se inició como rechazo a un plan de reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Dicha reforma afectaría desproporcionadamente a las clases medias y bajas, en medio de la crisis económica generada por la pandemia.
En el marco de las protestas, se han reportado 106 casos de violencia de género, de los cuales 23 corresponden a actos de violencia sexual, según la Defensoría del Pueblo.
A causa de la fuerte presión de los manifestantes, el presidente Iván Duque pidió al Congreso retirar la propuesta. No obstante, el descontento social de los colombianos va mucho más allá de esta singular reforma. Prueba fehaciente de esto son las continuas, incansables y escaladas manifestaciones que se siguen desarrollando en todo el país.
A finales de 2019, Colombia presenció varias protestas multitudinarias donde participaron diversos sectores de la sociedad. Entre los principales puntos de inconformidad se encontraban las políticas económicas, sociales y del medio ambiente, la mala implantación de los acuerdos del tratado de paz, y el alto índice de líderes sociales asesinados. De acuerdo con el reporte de la Unidad de Investigación y Acusación, 904 líderes han sido asesinados entre diciembre de 2016 y abril de 2021.
Violencia de género: un tema que nunca acaba
Históricamente, las mujeres han sido las más afectadas por el conflicto armado y las desigualdades sociales. La violencia y los abusos sexuales son utilizados para tomar control sobre los territorios y los recursos naturales de las comunidades. En el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un documento donde indicaba que el 52% de las mujeres desplazadas reportaban haber sufrido algún tipo de abuso físico y el 36% habían sido obligadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.
Actualmente y bajo un contexto de múltiples transgresiones de los derechos humanos —incluyendo ejecuciones extrajudiciales, personas desaparecidas, casos de tortura, detenciones arbitrarias y uso de armas de fuego—, la violencia de género sigue siendo desplegada en contra de la población. Según la Defensoría del Pueblo, se han reportado 106 casos de violencia de género, de los cuales 23 corresponden a actos de violencia sexual.
Uno de los casos que ha ocasionado mayor indignación, es el de Alison Meléndez, una joven de 17 años de Popayán que se suicidó después de ser arrestada y sufrir abusos sexuales por parte de cuatro policías.
Con consignas como “la revolución será feminista o no será”, “no parimos hijxs para la guerra”, y “aguante por ellas, por temor a ser violadas”, manifestantes han rechazado la violencia en contra de la mujer y las desigualdades de género.
Uno de los casos que ha ocasionado mayor indignación, es el de Alison Meléndez, una joven de 17 años de Popayán que se suicidó después de ser arrestada por la policía. Antes de quitarse la vida escribió una declaración donde acusaba a cuatro miembros del escuadrón antidisturbios (ESMAD) de abuso sexual. La víctima publicó en sus redes sociales que la policía solo la dejó en libertad al darse cuenta de que era la hija de un agente de policía.
Grupos feministas y sus demandas
Las mujeres de todo el país han tomado las calles demandando igualdad en aspectos como la educación, el acceso a la salud y las condiciones laborales. Su presencia ha sido significativa en grupos de defensores de derechos humanos, participantes de la primera línea y como organizadoras dentro de las comunidades. Aunque la instigación ha sido visible en todos los frentes, el caso de los defensores de los derechos humanos —en su mayoría mujeres— sale a relucir.
“Nosotros hemos recibido amenazas de muerte de parte del ESMAD. Nos dijeron que no nos querían vivos”, asegura Isabella Galvis, del colectivo de derechos humanos Waman Iware. “En el momento nosotros no tenemos garantías. Ellos están usando armas de fuego durante las protestas y esto es ilegal bajo la ley colombiana”, asegura.
Organizaciones feministas, por su parte, han coordinado varias concentraciones en apoyo al paro y en rechazo a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. El 10 de mayo, una coalición de 173 grupos feministas presentaron una lista de propuestas, donde se incluía una negociación inclusiva donde participaran todos los grupos que han tomado parte en el paro nacional, la desmilitarización inmediata de las ciudades y los territorios y una renta básica universal priorizando a las mujeres afectadas por la pandemia.
Vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia y las desiguales
Los grupos afrocolombianos e indígenas han sido afectados —directa o indirectamente— por el racismo durante las actuales protestas. Cali, donde se ha reportado el índice más alto de represión y muertos, es la ciudad con la mayor concentración de comunidades afrocolombianas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
Las desigualdades existentes en Cali se verían incrementadas con la ejecución de la reforma tributaría, de salud, pensión y laboral, afectando fuertemente a las comunidades afro e indígenas, y a las mujeres pertenecientes a esos grupos en particular.
“Estamos aquí conmemorando el día de la afrocolombianidad. Queremos luchar por nuestros derechos y por un mejor futuro”, explica María Niza Obregón, afrocolombiana de 17 años que tomó parte en las manifestaciones. “Se trata de vivir, no de sobrevivir”, resume.
La reforma de la salud —que fue archivada después de 20 días de protestas— es un claro ejemplo de cómo estos proyectos iban a aumentar las desigualdades existentes. Las regiones con mayor concentración de comunidades negras e indígenas tienen a su vez los sistemas de salud más deficientes del país, según la organización Así Vamos en Salud.
Yomali Torres, de 26 años, participa en la organización por la paz y los derechos de los afrocolombianos Cococauca. Denuncia la falta de hospitales y especialistas en el territorio de la costa pacífica del Cauca, donde ella habita: “Aquí, si alguien tiene un dolor en el pecho, tiene que ser transferido a Cali o a Popayán. Si nosotros no nos morimos es gracias a la medicina ancestral”.
“De una forma u otra, nosotros estamos tomando provecho del paro para demandar justicia para todas las mujeres que han sido violadas, golpeadas y desaparecidas”.
Torres condena las violaciones a los derechos de las mujeres y de la población colombiana. “De una forma u otra, nosotros estamos tomando provecho del paro para demandar justicia para todas las mujeres que han sido violadas, golpeadas y desaparecidas”, dice.
De acuerdo con las Naciones Unidas, las mujeres indígenas y afrodescendientes han sido afectadas desproporcionadamente por la violencia derivada del conflicto. “De 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres”, según cifras publicadas por la organización.
Como símbolo de indignación, el 7 de mayo la comunidad de Guapi, ubicada en la Costa Pacífica del Cauca, organizó un evento llamado “La última noche”. Con expresiones culturales y tradicionales, la comunidad conmemoró a aquellos que perdieron la vida luchando por los derechos de los afrocolombianos y del resto de la población. El evento estuvo acompañado por representaciones de tumbas y alabaos —cantos ancestrales para los muertos—.
“Nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer por los bloqueos”, asegura Torres, de Cococauca. “Históricamente hemos aguantado hambre por más de 200 años. Para nosotros, esto no es un obstáculo”.
Del mismo modo, las comunidades indígenas han ejercido una presencia significativa en el paro nacional. El 5 de mayo, más de 1.500 miembros de la minga indígena se movilizaron hacia Cali en una caravana humanitaria. Durante su estadía distribuyeron alimentos a personas de bajos recursos y realizaron actividades de acompañamiento durante las manifestaciones.
La minga, sin embargo, tuvo que retirarse antes de lo previsto al ser atacados con armas de fuego por individuos vestidos de civil. Las “familias ricas de Cali en unión con la policía (…) dispararon de manera indiscriminada” contra miembros de la guardia indígena, denunció Feliciano Valencia, senador y líder indígena. Actualmente, las comunidades permanecen en paro desde sus territorios y un grupo de ellos se encuentra apoyando los procesos en Bogotá.
El fin del estallido social no parece estar cerca, a pesar del desabastecimiento en algunas partes del país. “Nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer por los bloqueos”, asegura Torres, de Cococauca. “Históricamente hemos aguantado hambre por más de 200 años. Para nosotros, esto no es un obstáculo”.
Por: Antonio Cascio Y Natalia Torres Garzón
Tomado de: www.desinformemonos.org
Last modified: 06/06/2021
