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A pesar de las nefastas experiencias con la minería a cielo abierto en Panamá, el gobierno panameño pretende concesionar la Mina de oro de Molejón, a la empresa canadiense Broadway Strategic Minerals, argumentando la necesidad de “reactivar la economía” y de que la minería puede ser ‘sustentable’.
Para ello ha estado preparando el terreno. Invitó a un “diálogo minero” a diversos sectores, con la finalidad supuestamente de revisar las políticas del Estado en esta materia. Pero, paralelamente, incorporó al régimen de concesiones mineras, 25,599.72 hectáreas de los distritos de La Pintada y Omar Torrijos (en Coclé) y de Donoso (en Colón), áreas declaradas como Reserva y que formaban parte del Corredor Biológico Mesoamericano, sin ningún tipo de transparencia ni de consulta ciudadana.
La mina de Molejón, ubicada en Donoso, fue cancelada en el 2015, por el gobierno nacional, por múltiples incumplimientos de Petaquilla Gold, empresa que la operaba, la cual no sólo abandonó su explotación sin cerrarla, sino que dejó a 600 trabajadores sin el pago de sus prestaciones laborales y adeudó cuotas de seguro social acumuladas. El Contrato Ley que le dio la concesión de explotación en 1997 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017 y aún no se decide aclaración del fallo solicitada por la empresa.
Otra experiencia negativa fue el manejo de la mina de oro de Cañazas por parte de Greenstone Resources, abandonada en 1999 por el escándalo causado por el derrame de cianuro en tinas de lixiviación.
Y en cuanto a Minera Panamá, actualmente operativa, la exigua regalía del 2% pactada no compensa los daños ambientales irreversibles generados, no obstante los dos mil millones de balboas facturados en los 2 últimos años.
Ahora, Broadway Strategic Minerals, sin mayor experiencia en explotación minera y con directivos de dudosa reputación, hace oferta de inversión de 500 millones de balboas en Molejón, junto con regalías de 4% y la apertura de una refinería donde el Estado sería socio del 50% de las acciones.
No hay responsabilidad de las empresas mineras por los daños ecológicos, ni fiscalización del Estado.
Coincidimos con más de 90 organizaciones ambientales y de la sociedad civil, en el sentido de que no hay minería de cielo abierto sustentable. Ésta debe prohibirse expresamente en una nueva Constitución que sea producto de una Constituyente participativa y de plenos poderes.
Por: Anayansi Turner. Docente universitaria / Defensora DDHH
Fotografías / Video: Pedro Silva García
Last modified: 04/06/2021
