Written by Colombia está a las puertas de materializar uno de los proyectos defendidos con más empeño por el Gobierno de ese país para la erradicación con herbicidas de los cultivos de coca, a pesar de las decisiones judiciales que le han cortado el paso y de la oposición de distintos sectores y organismos internacionales que han alertado sobre sus impactos negativos.
Se trata de las fumigaciones aéreas con glifosato, consideradas de carácter “obligatorio” por el presidente Iván Duque para eliminar los sembradíos ilegales de coca, que alcanzan las 212.000 hectáreas en ese país. En días pasados, el mandatario emitió un decreto con el basamento legal para la cristalización de una de sus promesas electorales y de su compromiso con Washington.
Esta semana, en un mensaje institucional conjunto, los ministros de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y de Defensa, Diego Molano, anunciaron el decreto presidencial 380 que establece los lineamientos del ‘Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea’, que no será puesto en marcha aún, según afirmaron.
Orejuela aclaró que este marco normativo “no reactiva automáticamente el Programa”, debido a que le corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) tomar la decisión sobre la reanudación de las aspersiones aéreas interrumpidas en 2015 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificara como un herbicida “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), que forma parte de la OMS, concluyó que la exposición al glifosato podría relacionarse con la generación del linfoma no hodgkiniano, que es un tipo de cáncer del tejido linfático.
Por otra parte, la Corte Constitucional determinó en las sentencias T236, de 2017, y en el Auto 387, de 2019, una serie de requisitos sanitarios y ambientales que deberían cumplirse para retomar este método, que había sido practicado en Colombia desde los años 80. Aunque a partir de 2017 la actividad quedó suspendida, le correspondería al Gobierno acatar las exigencias para retomarla con el visto bueno del CNE.
“El enemigo son los cultivos ilícitos”
El titular de Defensa aseveró que el objetivo de esta medida es “un pasó más” para “combatir el narcotráfico que destruye los ecosistemas naturales y es el principal generador de violencia en el país”.
“Toda Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad”, pidió Molano, y dijo que esta determinación busca proteger el medio ambiente y la salud de los campesinos.
Frente a las posibles críticas por este anuncio, afirmó: “El enemigo son los cultivos ilícitos, cada minuto que pase genera más violencia”.
Del mismo modo, recordó que el objetivo del Ejecutivo es el de reducir el número total de hectáreas de coca con la combinación de varios métodos, entre ellos las 130.000 hectáreas que se esperan erradicar de forma manual este año.
¿Quién tomará la decisión?
El Gobierno afirmó que el Decreto 380 se suma a “otras acciones para combatir los cultivos ilícitos”, que incluyen la sustitución voluntaria y la erradicación manual. Esta última ha sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos porque pone en riesgo la vida de los civiles y de los miembros de los cuerpos de seguridad ante la presencia de minas antipersona y los ataques de los grupos armados.
Si bien el Ejecutivo no puede tomar la determinación unilateral de reactivar las aspersiones, la decisión, según la Corte, queda en manos del CNE, que es señalado de estar integrado por una mayoría afín al mandatario.
En el texto también se explica que los efectos adversos sobre la salud y las quejas serán atendidas por una serie de organismos distintos a quienes ejecutan el programa, como lo son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda.
Por: www.redeco.com.ar
Last modified: 18/04/2021
