Written by El reciente homicidio de Emilia Milen Herrera en Panguipulli, que mantiene a tres sujetos en prisión preventiva, está relacionado con un conflicto de fondo y que mantiene en movilización a comunidades de diferentes zonas de la comuna y en diversos otros territorios del sur. Se trata de numerosos y desenfrenados proyectos inmobiliarios que se han emplazado en lugares de significación cultural de territorios ancestrales, así como en espacios de gran importancia para la biodiversidad o Itroxifil Mongen según cosmovisión Mapuche; o bien, han restringido el libre acceso a espacios públicos.
La desaforada actividad inmobiliaria en Chile, se ha convertido en las últimas décadas en uno de los nuevos pilares del neoliberalismo, constituyéndose en una de las principales causas de degradación ambiental. “Su gran capacidad para transformar el medio, de manera casi siempre irreversible, la hace especialmente dañina en comparación con otras actividades o agresiones ambientales. Por otro lado, aparte de la destrucción del medio, lleva aparejados otros impactos que van a incidir negativamente en el entorno natural circundante: extracción de áridos para la construcción, apertura de nuevos viales, establecimiento de tendidos eléctricos, conducciones de agua, de gas, alcantarillado, etc”, señala a nivel internacional la organización Ecologistas en Acción.
En el sur existen activas protestas contra numerosos proyectos inmobiliarios de especulación. En comunas como Villarrica, Cunco y Temuco en la Araucanía; Valdivia y Panguipulli en Los Ríos; Castro y Ancud en Chiloé; Varias zonas del Bio Bio, son algunos de los lugares donde se vienen movilizando habitantes para la protección de espacios de significación histórico, cultural o por su importancia para la biodiversidad.
Gran parte de estos conflictos, están relacionados, por un lado, con el actual marco regulatorio que ha posibilitado numerosas arbitrariedades y abusos vinculados a los ámbitos de la “propiedad” o “dominio” de ciertos grupos sociales, como también, por la permisividad y descoordinación de instituciones competentes encargadas de velar por el interés público.
El homicidio de Emilia
Con posterioridad al homicidio de Emilia Milen Herrera, la noche del 16 de febrero, la comunidad mapuche ha denunciado que fue perpetrado por sicarios que estarían vinculados a la administración del condominio Riñihue, con quien se ha mantenido un constante clima de tensión en estos últimos meses debido al acceso público de un lugar de playa.
Al respecto, Johana Quilamán del Lof LLAZKAWE en Panguipulli, explica el origen del conflicto a través de un video: “Nos encontramos en el sector El desagüe, lago Riñihue, en La Playa, en el acceso que habilitamos, como un lugar libre (…) Este proceso lo levantamos en noviembre del año pasado, nos levantamos como territorio junto a nuestras hermanas y hermanos, para defender lo poco que nos están dejando de territorio los oligarcas de este País. Decidimos levantarnos y defender como protectores de la Ñuke Mapu (…) Luego de conversaciones con particulares, con Manuel García que es el vocero de la comunidad (condominio) Riñimapu, nos comprometimos a que se realizaría la apertura del acceso a la playa, lo cual no se hizo. Ello conllevó a que por nuestra parte cumpliéramos lo que se había dicho, que nosotros abriríamos el acceso si el no lo hacía. Cumplimos con ello y luego nos quedamos en este lugar, en esta playa, porque es un lugar sagrado para nosotros, con este lago, con este cerro, para protegerlo”.
Cabe señalar que en diciembre del 2020, el Lof Llazkawe a través de un comunicado público e imágenes, informó que se había retirado el cerco que impedía el acceso a la playa, indicando: “Se inicia el sacado del cerco que mantenía cortado el acceso al lugar el Desagüe del lago Riñihue por parte del Condominio denominado Riñi Mapu”.
En el marco de este conflicto y de reiteradas dificultades para que se mantenga el libre transito a la playa por el paso público, fue asesinada Emilia. “Es por esto que decidimos ir para poder conversar con alguien del condominio para exigirles que dejen de amedrentar a quien quisiera acercarse al lago. Caminamos en dirección al condominio, momento en que empiezan a disparar. En eso, cada quien intentó refugiarse y una lamngen grita que Emilia había caído al suelo”, señala el Lof LLAZKAWE en un comunicado.
El Tribunal decretó prisión preventiva para tres detenidos acusados como autores y encubridor del homicidio. Se trata de Francisco Javier Jara Jarpa, Cristian Mauricio Larenas Cisternas y Carlos Alberto López Aguayo, sujetos con porte ilegal de arma que se movilizaban en una camioneta y que, según se ha denunciado, estarían vinculados a la administración del condominio.
Desde la comunidad mapuche se ha descartado tajantemente la (des)información realizada por algunos medios y desde la propia administración del condominio autodenominado “Comunidad RiñiMapu” quienes se han referido a un “enfrentamiento” o “fuego cruzado” acusando a través de RRSS a un grupo externo de “terroristas y activistas”.
El magistrado que ve la causa de este homicidio, señaló que los imputados “son considerados un peligro para la seguridad de la sociedad”, por lo que justificó la prisión preventiva mientras continúan las diligencias periciales y judiciales, informó Radio Bio Bio.
Conflictos inmobiliarios en Panguipulli
Además del conflicto “RiñiMapu”, otros conflictos se mantienen en la comuna de Panguipulli. Una dirigenta Mapuche del territorio explica que hay otras situaciones que preocupan en ese mismo sector, identificando que otro particular, Eduardo Matte, “mantiene un terreno que ocupa casi toda la ribera del lago Riñihue y más encima intentaron hacer un camino alternativo porque también tenían un proyecto de loteo e inmobiliario a la orilla. Como el camino público pasaba muy cerca de la playa hicieron un nuevo trazado que las comunidades denunciaron y se logró paralizar. Incluso el MOP se estaba prestando para habilitar el otro camino”, señaló.
En febrero del año 2018, Cántaros (metawe) que se relacionarían a un espacio ceremonial no informados por la constructora, fueron pesquisados en medio de obras en el lugar que se llama “la vuelta de la guitarra”, proyecto inmobiliario: “Bahía Panguipulli”, en el camino Chauquen km 3, Fundo Pelipulli (donde se encuentra el espíritu o en busca del espíritu en mapudungun), encontrándose solo uno en su dependencia y las demás habrían sido “guardadas” por responsables de la empresa contratista, según se denunció desde comunidades haciendo referencia a unas 12 piezas, lo que obligó a PDI y al Consejo de Monumentos Nacionales de realizar las diligencias, sin que se hayan dado a conocer los detalles de manera pública.
El proyecto en cuestión es de la Inmobiliaria Ambienta, que involucra a un grupo de socios encabezados por el ingeniero Claudio Cordero, junto al economista Paul Fontaine, el animador Rafael Araneda y otros inversionistas minoritarios, con una mega intervención que además de la tala de árboles nativos, también involucra: Asfaltos de caminos externos, bandejón central, calles internas asfaltadas, canalizaciones eléctricas subterráneas, casas con plantas de tratamiento individuales de aguas servidas y red de Agua Potable, con 3 Marinas, cancha de Golf , canchas de pádel, entre otras, club house, Gimnasio, Sauna, Jacuzzi interno y externo, lagunas y espejos de agua, helipuerto, según indica el proyecto.
Por su parte, el 28 de enero de 2021, las comunidades mapuche Lof Dionisio Manquel Chepo y Küpal Calfío ubicadas en la comuna de Panguipulli, iniciaron un proceso de recuperación Territorial frente al avance inmobiliario y la subdivisión en loteos para segundas residencias que han generado impactos y transgresiones a espacios de significación cultural.
Señalan en un comunicado público: “Ante la amenaza de un proyecto inmobiliario en nuestra Mapu ancestral, cuyo título de Merced, Dionisio Manquel Chepo de 527 has. Denunciamos que la evaluación ambiental se encuentra aún en trámite, pero que sin embargo se encuentra en etapa de pre venta de loteo, en sitio web https//www.patagonland.cl/proyectos/playa–malchehue situación completamente irregular. Cabe mencionar que actualmente este terreno está en manos de los ocupantes Zusaeta y Echavarri , quienes han atentado con nuestro Menoko, espacios de significación cultural, destrucción de Bosque nativo y de todo nuestro Itxofill Mogen”.
Otro conflicto inmobiliario dentro de esta comuna, es en La península de Puyumen que bordea el Lago Panguipulli, “es un espacio que está siendo utilizado para segunda vivienda de familias adineradas y está siendo afectada por diverso proyectos inmobiliarios que contrastan con las necesidades de vivienda de la población de la comuna y con el reclamo por las tierras mapuche”, señaló en enero la comunidad Marcial Patiño Colipan, quien inició un proceso de recuperación territorial en enero de este año.
En las inmediaciones de la localidad de Coñaripe, comuna de Panguipulli, desde hace algunos años, habitantes de la zona se vienen organizando para la protección de una red de humedales, entre ellos Chankafiel, que han sido objeto de talas indiscriminada de árboles centenarios, entre ellos arrayanes y pitras, de cerca de 400 años.
Ecosistemas y proyectos inmobiliarios: Algunos casos en el sur.
Una de las visiones Mapuche desde tiempos antiguos, es de cuidar y proteger los humedales llamados menoko, por ser espacios de enorme significación para los equilibrios ecológicos, donde se concentran energías, un lugar de conexión, donde hay pureza y además, se pueden obtener las mejores plantas para la medicina natural.
Desde las Ciencias Naturales y Biodiversidad, los humedales son purificadores de agua, retienen sedimentos y contaminantes, almacenan y recargan acuíferos, son fuente de alimento, fibras naturales y madera. Asimismo, actúan como esponja natural contra las inundaciones y la sequía, protegen y albergan una alta biodiversidad. Los humedales son considerados dentro de los ecosistemas más importantes del planeta y hay de diversos tipos y formas. En Chile, se consideran los “altoandinos” como bofedales y vegas. En la zona costera hay estuarios, marismas, albuferas (ingresos de mar), y en zonas patagónicas se manifiestan en turberas, verdaderos bloques de vegetación y agua que se prolongan por metros hacia el subsuelo.
Hay varias cifras sobre catastros de humedales en Chile. Una de ellas hace referencia a 40.378 humedales inventariados, con un total de 1.317.704 hectáreas, correspondiente al 1.75 % de la superficie de Chile continental, sin embargo dichas cifras van variando considerando si se suma lo insular y también las variaciones con respecto a las subestimaciones que hay sobre las turberas. En definitiva, se estaría contemplando una superficie aproximada de 1.460.400 hectáreas (1,93 % superficie del País), concentrados mayoritariamente en las regiones del sur
El nombre de Temuco en la Araucanía, se debe al árbol de Temu característico en zonas de pantanos – humedales o menoko. Una red de humedales en este territorio estaba entre dos cerros (winkul). El Ñielol (Ngenlol) que sería un espíritu protector en la cavidad del cerro; y el Konün Wenu, un portal al mundo espiritual. Se señalan estas descripciones para dimensionar la importancia milenaria desde la cosmovisión ancestral sobre estos espacios que están bajo el cemento.
Desde hace algunos años en Temuco y Padre Las Casas, se han manifestado diversos grupos tendiente a la protección de las últimas reservas naturales de estas ciudades, incluido la ribera del Río Cautín y las zonas de los últimos humedales del territorio en la periferia.
Villarrica es otra ciudad que se levantó sobre humedales y que están relacionados con la vida del lago y los diferentes ecosistemas del territorio del Mallolafkén y hoy, los últimos que quedan, están siendo amenazados por proyectos inmobiliarios.
La cantidad de toxinas en el lago por sobre los límites permitidos, que llevó a que el 19 de octubre del 2017 sea declarado como zona saturada, especialistas han señalado al respecto que la destrucción de los humedales en la ribera de lago Villarrica, producto de los proyectos inmobiliarios, ha sido una de las razones principales que lo dejaron en esta condición.
Por otro lado, también en la comuna de Villarrica, El Lago Huilipilún ha sido por décadas un playa privada de latifundistas, donde nadie podía acceder libremente a sus aguas ya que los “propietarios”, dos familias con amplios fundos, verdaderos feudos del sector, lo impedían, así como la apertura de un camino público a pesar de una sentencia judicial. Recién a fines del año 2019, vecinos organizados en la pequeña localidad de Villa Alegre, luego de décadas de incesantes acciones, lograron que Bienes Nacionales levantara un “acceso peatonal”.
Paradógicamente, en Wikipedia, aparece una escueta y subjetiva descripción del lago, señalándose: “La entrada publica fue cerrada durante un largo período, por la contaminación y destrozos que causaban los visitantes, pero se reabrió en diciembre del año 2019, luego de largos trámites y acuerdos”.
Cabe señalar que en enero de este 2021, La Contraloría general de la República (CGR), constató en la comuna de Pucón, que 195 viviendas construidas a orillas del lago Villarrica, no tienen permiso de edificación, mientras que otras 78 no cuentan con recepción de obras. Así, los dueños de estas 273 casas no pagan contribuciones por uso residencial, lo que implica una millonaria evasión al Fisco. En el mismo lago, la CGR detectó 643 obras náuticas (94 % del total de las obras náuticas en esta comuna), levantadas sin la concesión que exigen las normas, acaparando amplios espacios de borde lago.
Rampas, muelles, muros, pasarelas, tuberías ilegales extractoras de agua y otras estructuras instaladas en el lecho del lago Villarrica, en las comunas de Pucón y Villarrica, se han tomado el espacio, causando la molestia a residentes y visitantes, convertidos en verdaderas parcelas, donde ciertos particulares, contra todo criterio normativo, de forma irregular, se han creído dueños de la playa y las aguas del lago.
En la comuna de Cunco, uno de los graves conflictos que se vive por años allí, es el acaparamiento de espacios con acceso a playa por parte de particulares en el Lago Colico, En enero de este 2021 integrantes de comunidades Mapuche derribaron un cerco levantado por una familia propietaria del sector y que se relaciona con el acceso a un antiguo camino público y el acceso a playa. El alcalde la comuna responsabilizó a Bienes Nacionales como órgano encargado de regular y fiscalizar. Son numerosas las tensiones con estas características en el borde lago que han detonado públicamente en este último tiempo.
En diciembre del 2017, vecinos/as de sectores aledaños al Humedal Paicaví exigieron a las autoridades que se detenga el relleno que una empresa constructora está realizando en el lugar, poniendo en riesgo un humedal y sus ecosistemas, uno de lo más extensos que existen en el Gran Concepción.
Grave también ha sido el daño a humedales en Hualpén del Gran Concepción. En medio de la polémica por la conservación del humedal “Vasco de Gama” en esta comuna, el cual ha sido amenazado e intervenido por diversas empresas industriales o inmobiliarias, en agosto del 2019 Resumen registró los rellenos a estos espacios, acciones realizadas con la complicidad del Concejo Municipal.
Por su parte, en San Pedro de la Paz, ramas, escombros, barriles, arena, basura y un vertedero clandestino en crecimiento desde 2015, es lo que se encuentra en dos de los esteros que están en el humedal Los Batros en esta comuna, donde también están los intereses de inmobiliarias.
En Valdivia, se denunció en enero del 2018 la situación del humedal Cotapos, uno de los ecosistemas que estuvo siendo rellenado con material de construcción y que se ha convertido progresivamente en un vertedero, lo que ha sido denunciado por parte del Lof Koliñir y el apoyo de diversos vecinos de la ciudad.
También en Valdivia, vecinos de la Junta de Vecinos del sector Krahmer vienen resistiendo a proyectos inmobiliarios denominado Parque de Los Reyes y a obras de edificación que se pretende emplazar en una zona de humedales, lo que ha significado una serie de conflictos y tensiones.
En abril del año 20019, también en Valdivia, un amplio sector delHumedal Angachilla fue rellenado pese al anuncio del gobierno de “protección prioritaria”, acción ejecutada por privados para la construcción de proyectos inmobiliarios futuros.
Un caso dentro de los múltiples proyectos inmobiliarios en Valdivia (Ainileufu nombre antiguo), fue el “Ribera de la Dehesa”, quien intentó emplazarse en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, el primer sitio Ramsar de Chile, es decir reconocido por una Convención internacional suscrita por el estado y que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Sólo hay 16 humedales reconocidos con la categoría Ramsar en Chile.
En Chiloé, según la plataforma interactiva «Humedales Chiloé«, a partir de la información proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), se han identificado un total de 1.315 humedales en el archipiélago, los que cubren una superficie de 35.479 hectáreas.
En este territorio insular también se viven situaciones críticas a causa de la especulación y proyectos de intervención. Una de las protestas contra este tipo de intervenciones, fueron las realizadas en la pequeña localidad de Nercón, comuna de Castro, debido a la destrucción de un importante humedal allí por parte de un particular.
Asimismo, en Alto Gamboa, comuna de Castro, la Comunidad Williche allí mantiene la recuperación de un espacio con el propósito de defender un importante humedal de un proyecto de subestación eléctrico y de otras inversiones que pudiesen asomarse, incluidas especulaciones inmobiliarias, ya que el terreno vinculado a la propiedad de una transnacional canadiense, se encuentra en la periferia urbana.
En Ancud, otro humedal que vive en serio riesgo, es el de Pudeto, quien ha estado en los últimos años bajo una constante intervención de empresas y amenazas inmobiliarias. El año 2006 tuvo el relleno de lo que fue una gran laguna que desembocaba al río Pudeto. Hoy buena parte de su extensión enfrenta una escuálida acumulación de agua, cuyo cauce se redujo considerablemente producto de los escombros, la basura, el ripio y la tierra, generando una grave afectación.
Marco regulatorio: ¿Hasta cuando el descontrol inmobiliario?
Los antecedentes descritos aquí, no hacen referencia a proyectos relacionados a cubrir un derecho humano y social ausente en la actual Constitución Política: El Derecho a la Vivienda, sino hace referencia a aquellos proyectos inmobiliarios relacionados al ejercicio abusivo de un derecho subjetivo como la propiedad y dominio, con un estado permisivo que ha posibilitado numerosas arbitrariedades y abusos de ciertos grupos privilegiados (llamados clase alta o acomodadas), que han atentado al bien común, al interés colectivo, al patrimonio natural y/o cultural.
Con respecto a los desafíos constituyentes que se vienen, en particular referidos a la delimitación de los ámbitos de propiedad, la libertad de las personas y la protección del interés público y colectivo, incluidos los abusos del derecho ya sea por políticas permisivas, intersubjetividades o excesos de la norma, se hace claro que uno de los graves problemas y conflictos del ordenamiento jurídico actual están referidos a una serie de inconsistencias, antinomias y superposición de normas, especialmente aquellas que se refieren al ámbito “individual” por sobre lo colectivo.
Si bien en estos últimos años se ha avanzado (lentamente) en ciertas y limitadas normas de protección de espacios naturales como: Ley de espacios costeros marino Pueblos Originarios; Ley Biodiversidad sitios y Áreas Protegidas; Ley de Humedales Urbanos; Ley bosque nativo y fomento forestal, entre otras, cierto es también que continúa predominando una serie de normas referidos a la propiedad en aguas, minería o subsuelo o el derecho de las libertades empresariales bajo un permisivo estado subsidiario, como base del sistema económico y modelo neoliberal dominante.
Es insensato sostener un sistema jurídico que, al igual que los proyectos de la industria inmobiliaria, parcela a la naturaleza, desconociendo el funcionamiento de los ecosistemas, todos relacionados entre si, y a su vez, se desconozca la cosmovisión de los pueblos originarios y su relación con la naturaleza consagrada en el estándar internacional de derechos y que hace referencia a la mirada integral, holística y de Interdependencia con los elementos naturales.
A modo de ejemplo, no es comprensible que aparezca una Ley de protección de Humedales, espacios que en la práctica están relacionados con una amplia red ecosistémica de gran importancia para la biodiversidad y por otro lado, operen leyes sin coherencia entre sí, que hacen una fragmentación espacial y operan de manera compleja sobre los elementos naturales como las aguas, borde costero, acceso a playas, bosque nativo, subsuelo, entre otros, misma complejidad del aparato burocrático estatal, donde la coordinación de instituciones públicas para evaluar, fiscalizar o sancionar es mínima y en muchos casos, nula, con una grave crisis de facultades y competencias.
El conflicto inmobiliario en Chile se inserta en esta crisis jurídica y política, cuyo modelo financiero ha venido promoviendo en diversas escalas un “extractivismo inmobiliario” a partir de la aplicación de políticas públicas neoliberales, que entiende a los territorios como una mercancia, como un medio de acumulación de la renta para grupos de elit (oligarquías), profundizando la fragmentación y las desigualdades territoriales.
Independiente que hay una cuestión de fondo relacionado a lo constituyente, hoy es urgente que se impulsen iniciativas legislativas sobre la Ley N 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), con respecto las exigencias y obligaciones ambientales y de derechos indígenas de los Proyectos Inmobiliarios ante el Sistema de Evaluación Ambiental.
Asimismo, a pesar de todas las complejidades y limitaciones vinculadas al marco regulatorio jurídico, Sí es posible acciones de coordinación entre instituciones públicas tendiente a prevenir y resolver conflictos generados por la industria inmobiliaria, dependiendo única y exclusivamente de la voluntad política y administrativa, asumiendo los latentes conflictos que existen en diversos territorios, tendiente a velar por el derecho a la vida y la integridad de habitantes locales, en particular, ante el legítimo derecho de manifestarse y de llevar adelante la protesta social contra proyectos que pueden alterar o atentar al patrimonio cultural o natural.
Instituciones públicas como la Superintendencia del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales, tienen facultades a priori para indagar de manera autónoma y preventiva sobre las posibles afectaciones al medio ambiente y al patrimonio cultural, respectivamente, que pudiesen generar proyectos inmobiliarios en los territorios, coordinándose a su vez con otras instituciones públicas competentes tendiente a realizar oportunas diligencias y mecanismos de protección.
Por su parte, es impresentable que Bienes Nacionales y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), asuman posiciones poco activas frente a un conflicto que se viene extendiendo por años y que se relaciona con el libre acceso a playas públicas, muchas veces cercenado en diferentes tramos por irregulares proyectos inmobiliarios o por el abuso de ciertos propietarios del sector. No es posible que comunidades Mapuche o grupos de vecinos tengan que exponer sus vidas e integridad para que se cumpla con una obligación que debe ser garantizada y exigida por estas instituciones.
Asimismo, las Municipalidades tienen el deber de adecuar sus Planes de Planificación Estratégica de Desarrollo Comunal y de Ordenanzas, de conformidad a la nueva legislación, incluida la Ley de humedales y de Biodiversidad; Los Tratados Internacionales de derechos; y, aplicar las normas internacionales sobre derechos indígenas, incluido la implementación de procedimientos de consulta y participación a las comunidades, organizaciones e instituciones tradicionales de los territorios comunales para las diferentes tomas de decisiones, incluyendo la regulación inmobiliaria.
Finalmente, es de esperar que instituciones con facultades de fiscalización e incidencia, como las respectivas Comisiones de las Cámaras del Congreso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Contraloría General de la República, el propio CDE y Fiscalía, asuman un rol activo ante el debacle y perjuicios que vienen generando grupos económicos vinculados a la industria inmobiliaria y no haya que seguir lamentando nuevas tragedias.
Texto de: Alfredo Seguel
Fotografía: Comunicación Mapuche
Last modified: 23/02/2021
