Written by Ante la inminente crisis económica que se ha pronosticado para el periodo post-COVID19, gobiernos y empresas tratan de fortalecer la idea de que la minería es una de las alternativas más importantes para la reactivación económica.
Esta posición es paradójica si tomamos en cuenta que, en el contexto de una pandemia -que aún no conoce su fecha de término, si la tiene, – diversas empresas se negaron a suspender actividades o presionaron a las autoridades para evitar la suspensión, aun cuando la situación así lo demandaba, debido al aumento de contagios de trabajadores con el riesgo para sus familias, las comunidades de procedencia y aquellas en el entorno de los centros mineros.
Esto generó conflictos entre las empresas y organizaciones de mineros, quienes, ante la ausencia de una regulación gubernamental responsable, tuvieron que exigir medidas de contingencia adecuadas, llegándose a pedir, en algunos casos la suspensión de actividades.
De este modo, el objetivo del segundo informe de la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 consiste en exponer cómo las empresas mineras han aprovechado el contexto de la pandemia en América Latina para beneficiarse a partir de las medidas generales restrictivas y de confinamiento impulsadas por los diversos países de la región.
Nos interesa poner en perspectiva las medidas específicas para beneficiar la minería, por medio de licencias ambientales y prórrogas, facilidades para operar, facilidades impositivas y la flexibilización de pagos.
Además, mostramos las narrativas de los principales actores involucrados en el sector en cada país, así como los niveles de inversión y producción en el marco de la pandemia que arroja dividendos a favor de las mineras.
Finalmente, en este informe también se integra un ítem sobre las acciones que han desplegado las comunidades para afrontar y resistir en un entorno en el que se han creado condiciones idóneas para favorecer a la minería, además de controlar y criminalizar la protesta social.
Los territorios latinoamericanos eventualmente tendrán que afrontar la intensificación de las actividades mineras en un clima de mayor adversidad observando a la vez un crecimiento de los conflictos sociales y mayor criminalización en un escenario de creciente militarización y control policial bajo las normativas de cuidados sanitarios.
Hemos visto ya, a partir del informe anual de Global Witness (1), correspondiente a 2019, que ha sido el año con más personas asesinadas por proteger sus territorios de la devastación ambiental.
El número de defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados durante el año 2019 fue de 212 personas, la mayor cantidad registrada anualmente.
Lo más preocupante es que del total de casos, dos tercios de los asesinatos, se ubicaron en América Latina, la región más afectada desde el año 2012.
El país con más decesos a nivel mundial es Colombia (64), le sigue Filipinas (43), Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12), Venezuela (8), India (6), Nicaragua (5), Indonesia (3).
Esto indica que siete de los diez primeros países con más muertes pertenecen a Latinoamérica, mientras que Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala encabezan la lista de los países según el número de asesinatos per cápita.
El sector más letal es el de la minería y las industrias extractivas, por lo que, de acuerdo a estos indicadores, el incremento en la imposición de proyectos mineros apunta a una intensificación de los conflictos sociales en el corto y mediano plazo.
Bajo esa perspectiva, se expone el cuadro de los países latinoamericanos, donde los diversos elementos señalados se visualizan con distintos niveles de incidencia, de acuerdo a la dinámica de cada país.
Nota: la información desplegada fue otorgada por las diferentes organizaciones que forman parte y/o colaboran con la red OCMAL.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL
Last modified: 02/12/2020
