Manifiesto a la Nación Panameña

Parque Internacional La Amistad (Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad) y Parque Nacional Volcán Barú (Área Núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá)

DE CIUDADADANÍA, MOVIMIENTOS SOCIALES, ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIAS, ASOCIACIONES AMBIENTALES, CIENTÍFICAS, PROFESIONALES

Por este medio, nos dirigimos a los Órganos e instituciones del Estado y sus responsables, la UNESCO, Banca Multilateral que financia proyectos para las áreas protegidas, empresarios y a todos los panameños y sus organizaciones, con el fin de manifestarles nuestras preocupaciones por el mal manejo ambiental y la falta de gobernabilidad y planificación estratégica de las áreas protegidas del occidente del país. Sabemos que existen problemas similares en otras áreas protegidas del país pero como actores claves de la sociedad civil organizada dirigimos esta misiva pública para exponer la situación con respecto al Parque Nacional Volcán Barú (PNVB) en la provincia de Chiriquí y el Parque Internacional La Amistad (PILA) sector Caribe y sector Pacífico de Chiriquí y Bocas del Toro.

Urge esclarecer la verdadera situación ambiental de dichas áreas protegidas donde existen actos de destrucción de la biodiversidad, destrucción de bosques, cambio de uso del suelo, planes de uso de más zonas de amortiguamiento para embalses, cacería, construcción de caminos de acceso para diversas actividades agropecuarias, incluyendo ganadería extensiva, cultivos de café o asentamientos humanos, además de obras de infraestructura turística sin Estudios de Impacto de primer orden. Igualmente, ya se comienza a hablar de una nueva hidroeléctrica que cercaría por varios kilómetros más el corredor biológico terrestre de la base de la cordillera del PILA y el Bosque Protector Palo Seco, entre otros actos. Ante este escenario la sociedad debe estar plenamente informada del nivel de los daños causados, los avances en los procesos civiles o penales y todos los informes de oficio y denuncias dadas al Ministerio de Ambiente o al Ministerio Público. Las actuaciones de las autoridades y las acciones negativas sobre las áreas protegidas aludidas no garantizan la conservación adecuada de las mismas y lo exponemos para que entre todos busquemos las soluciones, antes que sea demasiado tarde.

La sociedad civil siente que no hay una sana gobernabilidad, lo que limita la confianza y el trabajo en conjunto para proteger adecuadamente como sociedad y Estado el patrimonio natural, ya sea fuera o dentro de áreas protegidas, pero con alto valor de biodiversidad, para actividades lúdicas y usufructo público. Notamos mucha complacencia e improvisación, decisiones inconsultas, sobre el buen manejo de las áreas protegidas y su futuro. Exigimos el respeto y cumplimiento estricto de la Ley de creación de cada área protegida, los planes de manejo oficiales, el Convenio de Diversidad Biológica, el acatamiento de las metas de Aichi sobre conservación de la biodiversidad, el acatamiento de los objetivos de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad y áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otros compromisos ambientales que el país debe respetar, como parte de su compromiso de país

democrático y respetuoso de las normas y la adopción de todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En el PILA, sector Caribe y Pacífico, señalamos algunos ejemplos de falta de controles e investigación sobre la tala de bosques y apertura de vegetación secundaria para ganadería ingresando por el área de Boquete, sector de Culebra; avances de caminos hacia el PILA por Los Pozos y Jurutungo y avances de la frontera agrícola en Las Nubes, Guadalupe, Entre Ríos, entre otros lugares.

En el Parque Nacional Volcán Barú existen casos ya denunciados en la oficina Regional del Ministerio de Ambiente, en el Sector de Palmira (Cañas Verdes), el nacimiento del río Colgá, el sector sur en el distrito de Boquerón. Recién se instalaron en el sector Este (Entrada de Camiseta) del parque, por el área de la carretera hacia la cima de Volcán Barú, un proyecto de turismo de alto impacto que comprende ocho (8) torres de canopy, que ya tiene un expediente en fiscalía pero no se ha investigado adecuadamente; esto al igual que otras actividades que se han realizado en el camino hacia la cima del Parque, sin Estudios de Impacto Ambiental aplicándose sanciones irrisorias en comparación con el grave daño ecológico allí causado. Hay indicios fuertes que nadie investiga el cultivo de café especial en varios sectores que está afectando bosques y sotobosques, bosques secundarios en diferentes estadios sucesionales en jurisdicción de fincas que antes sólo cultivaban café tradicional. En Cerro Punta y Paso Ancho, se mantienen los avances de las fincas agrícolas tradicionales en sectores de Alto Pineda, Bajo Grande, Las Cumbres, Los Altos de Bambito. En la práctica es una anarquía que afecta diversos valores naturales del parque.

Algunos de estos casos tienen expedientes administrativos e inclusive en fiscalías; pero han sido insuficientes frente a las agresiones constantes hacia estas importantes áreas protegidas y zonas de influencia; lamentablemente no se ha cumplido con firmeza el deber de investigar, penalizar y detener y reparar los daños. Pareciera que el sistema de impunidad está prevaleciendo y eso es inaceptable en un Estado de derecho.

Sumado a todo la anterior apuntamos que muchos de los problemas radican en la deficiencia institucional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desde su existencia en el buen manejo de las áreas protegidas y el patrimonio natural como un todo, debido al centralismo de sus funciones. Se requiere profesionalizar a los funcionarios vinculados con las áreas protegidas, capacitarlos adecuadamente en educación y legislación ambiental, se requiere garantizarle formación y adquisición de habilidades y estabilidad al personal que administra in situ las áreas protegidas. Se hace necesario un fuerte componente de planificación estratégica para que las acciones de MiAmbiente en áreas protegidas, no se vean como actos aislados, improvisados, si no como ejercicio de un plan bien elaborado. Sólo cumpliendo con rigor los Planes de Manejo se podrían evitar la mayoría de los conflictos que hoy estamos denunciando.

La falta de cumplimiento del artículo 122 de la ley 41 General de Ambiente, que crea, la Fiscalía Superior del Ambiente y las Fiscalías de Circuitos, para los delitos ambientales, que luego de 22 años, no se han implementado, es otro fallo grave del sistema, deja en entredicho la institucionalidad del Ministerio de Ambiente ante compromisos nacionales e internacionales ratificados ante instituciones como UNESCO y otras instancias multilaterales no menos importantes.

Por lo antes expuesto solicitamos una vez más, se respete el ordenamiento jurídico ambiental, frenen y suspendan todos los proyectos ilegales o con documentos que alegan una legalidad

cuestionable, por el grado de afectación que causan y que se agrava al ser producto de inversiones públicas o préstamos que afectan las áreas protegidas, sus objetivos de creación, ignora sus vulnerabilidades y desatiende necesidades como la implementación efectivas de los planes de manejo con sus programas y zonificaciones vigentes; es necesario que se actualicen los mismos considerando primordialmente la protección de estas áreas y la inclusión de la sociedad civil en mecanismos de administración de las áreas protegidas (patronato), con fondos suficientes para cumplir con el deber de los servidores públicos con competencia en el tema ambiental y de los ciudadanos que de forma voluntaria nos preocupamos por fomentar el respeto y cuidado del ambiente, como esencia de todo lo que existe.

Hacemos un llamado a todos los panameños y sus organizaciones, a luchar firmemente, por lograr el respeto del ordenamiento jurídico ambiental, forjando una firme unidad por el patrimonio natural de todos.

Panamá, 15 de septiembre de 2020.

Para Constancia firman.

Asociación Ecologista Panameña
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación de Ecoturismo y Medicina de Salud
Asociación para la Conservación de la Biosfera
Alianza para la Conservación y el Desarrollo – ACD
Asociación de Productores de Fincas Integrales del río Caisán – APROFIRC Amigos del Parque Internacional La Amistad
Asociación de Productores Orgánicos de Rovira
Centinelas del Parque Nacional Volcán Barú
Colectivo Voces Ecológicas – COVEC
Colibrí, Asociación Ecologista de Panamá
Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá
FUNDICCEP
Movimiento Victoriano Lorenzo
Centro de Pensamiento para el Desarrollo Sostenible
Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas
Grupo de Orgánico de Productores de Cerro Punta

Proyecto Primates Panamá
Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad – OBPAS Ricardo Mazzocchi, ambientalista
Grupo Ecologista de Renacimiento para la Protección del PILA Fundación Naturaleza y Ciencia 507
Red Nacional en Defensa del Agua Panamá
Un Granito de Conservación
Asociación de Comunidades del Área del Canal
Organización Comunitaria, Cerro San Cristóbal
Guardianes de los Ríos, Boquerón
Instituto de Investigaciones Medio Ambientales – IDIMA Fundación Agua y Tierra
Grupo Conservacionista de Santa Rita
Fundación Micológica de Panamá
Fundación Ecológica de Batipa
Movimiento MI MAR
Alianza de Jóvenes Ambientalistas de Panamá
Climate Save Panamá