Written by Más allá de los problemas financieros de la Caja de Seguro Social (CSS), generados en gran medida por la naturaleza e imposiciones de la vigente Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, la pandemia del COVID-19 los ha venido agudizando, generándose por ello un serio problema de liquidez. Esto significa que los ingresos de la CSS, junto a sus reservas en efectivo (dinero líquido), no serán suficientes para realizar los pagos que deben hacerse en los diversos programas de la entidad. Esto no implica que no se tengan suficientes reservas en activos para hacerle frente a los mismos, ya que estos se encuentran invertidos y por tanto no están inmediatamente disponibles en forma de dinero.
Para tener una idea del impacto del COVID–19 sobre los ingresos y la liquidez de la CSS se pueden utilizar los siguientes indicadores.
En el año 2018 la CSS tenía 1,289,214 cotizantes activos, es decir trabajadores que cotizaban a la misma. Utilizando la tasa promedio de crecimiento de estos en los diez años anteriores, se puede estimar que los mismos llegaron, aproximadamente, a un total de 1,325,211 personas en el 2019.
Si se tiene en cuenta que en el país se contabilizaron más de 260,000 contratos de trabajo suspendidos, se puede concluir que solo este hecho habría reducido el número de cotizantes activos en 19.6%. Esto significaría volver a los niveles de cotizantes activos del 2011, mientras que los gastos ineludibles de la institución, como lo es el pago de las pensiones, se han incrementado significativamente.
Obviamente la situación en la práctica es peor. Adicional a los contratos de trabajo suspendidos, se han dado despidos de hecho de trabajadores asalariados, mientras que en muchos hogares han prescindido de sus trabajadoras domésticas inscritas en la CSS. Por otra parte, las reducciones de las jornadas de trabajo, así como la moratoria de las empresas en aportar las cuotas, constituyen elementos adicionales con un impacto negativo.
De acuerdo con datos divulgados por la CSS, entre marzo y abril de este año sus ingresos se habían reducido en B/. 266.9 millones, destacándose la caída del último de estos meses, cuando el impacto del COVID-19 ya estaba plenamente desarrollado, que fue de B/. 127.5 millones. En términos porcentuales se puede señalar que las recaudaciones en el primer cuatrimestre de 2020 quedaron en 18.4% por debajo de lo presupuestado.
Si se toma en cuenta lo ocurrido en abril, se concluye que durante ese mes casi el 40.0% de los gastos de los programas de Enfermedad y Maternidad, Invalidez Vejez y Muerte y Riesgos Profesionales, quedaron desfinanciados.
Las Alternativas
Frente a la situación expuesta existen dos alternativas:
La primera de estas es que la CSS, con el fin de hacer los pagos en efectivo a la que está comprometida, venda una parte de los activos que tiene en forma de inversiones con el fin de obtener la liquidez que le hace falta. De hecho, la Dirección de la CSS ha venido proponiendo esta salida, la que a nuestro juicio generaría los siguientes problemas:
a) La falta de liquidez se estaría “solucionando” por medio de una descapitalización de la CSS. De esa manera el costo del COVID–19 sería plenamente asumido por los asegurados.
b) Esta descapitalización significaría una mayor dificultad para la solución de la problemática del programa de IVM. Entre otras cosas reduciría el tiempo necesario para hacer avanzar la propuesta de volver al sistema solidario.
c) El gobierno de turno se desentiende del problema, olvidando que la CSS debe proteger en términos de salud al 0% de la población
La segunda alternativa, que a nuestro juicio es la correcta, es la que plantea que el gobierno debería hacerse cargo de la falta de liquidez de la CSS. Esto se justifica de la siguiente manera:
a) Es incorrecto que el gobierno destine más de mil millones de balboas para asegurar la liquidez y el negocio del sistema bancario privado y que no apoye con la misma decisión a la CSS.
b) En este caso, el financiamiento de la salud por parte del gobierno sería un importante avance en el cumplimiento de precepto constitucional que señala la responsabilidad primaria del Estado de velar por la salud de la población de la República.
c) Al no descapitalizar a la CSS se genera un escenario más favorable para la vuelta al sistema solidario en el programa de IVM.
Por las razones antes expuestas, y en defensa de la Caja de Seguro Social y sus asegurados, el representante ante la Junta Directiva de los profesionales y técnicos de salud, así como los cuatro representante de los trabajadores, y el representante de los jubilados y pensionados, deben defender con firmeza y unánimemente la propuesta de que sea el gobierno el que asuma la responsabilidad de resolver el problema de liquidez de la CSS, cumpliendo así con la obligación imperativa que le impone el capítulo 6º de la actual Constitución.
Panamá
9 de septiembre de 2020
Poder Ciudadano
Last modified: 20/09/2020
