Written by Guatemala es actualmente el país de Centroamérica y el Caribe con más personas fallecidas por la pandemia de Covid-19 (más de 2,600) y con una tasa de letalidad superior al 3.8%, una de las más altas en la región. También es el tercer país con más casos de coronavirus (casi 70 mil).
El primer caso en Guatemala se registró oficialmente el 13 de marzo. El 17 de marzo se decretó estado de calamidad pública[1] a nivel nacional para la contención de la pandemia, con suspensión de garantías constitucionales y toques de queda. La medida fue prorrogada cinco veces.
También se decretó estado de sitio en varios municipios del país, decisión que conllevó una creciente militarización de los territorios y la detención de más de 50 personas, incluso autoridades indígenas y periodistas.
Organizaciones de derechos humanos, como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), denunciaron la falta de acceso a datos y fuentes de información sobre la pandemia, así como la poca credibilidad de las cifras brindadas por las autoridades de salud.
Crisis sanitaria y corrupción
“Estamos ante la presencia de datos muy subestimados. Los hospitales están colapsados, el sistema de salud está cada vez más deteriorado y las autoridades sanitarias, pese a contar con el presupuesto más alto de su historia, no logran hacerle frente a la pandemia”, dijo Jorge Santos, coordinador general de Udefegua.
En efecto, las tasas de ejecución del multimillonario presupuesto son bajísimas, algo que le ha costado el puesto al titular de salud, Hugo Monroy. También fueron cesados los viceministros técnico y administrativo por irregularidades en la adquisición de medicamentos y material sanitario
A inicios del mes de agosto, por ejemplo, la ejecución en el rubro de adquisición de ventiladores, pruebas y equipos de protección personal era de apenas un 4%, la del bono familia (unos 125 dólares) y el fondo de protección al empleo no llegaba al 40%, y los desembolsos para el programa de remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud alcanzaban apenas el 16%.
Lo mismo ocurría con los fondos para hospitales temporales, cuya ejecución no llegaba al 15%.
Consintiendo al gran capital
A pesar de la situación, las autoridades guatemaltecas han comenzado a reactivar las actividades económicas y a permitir la movilización en casi todo el país.
“La impresión es que toda esta estrategia fue dirigida a garantizar los privilegios a la oligarquía guatemalteca. Ha sido una política criminal de ‘sálvese quien pueda’, en el marco del autoritarismo, el retroceso democrático y del aumento progresivo de las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos”, advirtió Santos.
Como ejemplo, el coordinador de Udefegua señaló tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz, donde se mantiene el estado de prevención. El gobierno argumentó que la medida obedece a la presencia de personas y grupos armados que llevan a cabo actos de violencia. Sin embargo, para Jorge Santos el verdadero objetivo es garantizar los intereses de compañías mineras y corporaciones agroindustriales de la zona.
“La militarización ha significado desalojos violentos, capturas, agresiones, abusos sexuales contra las mujeres. Lo que se ha estado implementando son esquemas de control social y represión, en procesos cada vez más difíciles para la auditoría social y la observación en materia de derechos humanos.
El gobierno del presidente Giammattei ha utilizado de manera perversa la pandemia y la poca movilidad que tiene la población para sostener los intereses de los grandes capitales. Todo esto a costa de la libertad, la seguridad y la vida de las comunidades que, en vez de ser atendidas, son agredidas y sus derechos son violados”, añadió Santos.
De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness (descargue aquí la versión en español), Guatemala se mantiene entre los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas el año pasado (13).
Pacto de corruptos
El denominado ‘pacto de corruptos’, que reúne a los ocho grupos oligárquicos que controlan la economía, la política y la justicia en el país, es parte de la estrategia de agresión contra quienes exigen un cambio profundo en Guatemala.
“Son ellos que diseñaron y están financiando la estrategia de ataques contra la democracia y los derechos humanos. Quieren secuestrar el Estado y tomar control de la institucionalidad para garantizar sus intereses y el sostenimiento de un modelo económico que concentra riqueza, explota la fuerza de trabajo y los bienes comunes, expolia territorios.
Los nuevos ataques de estos días contra el Procurador de derechos humanos[2], el Fiscal especial contra la impunidad y contra jueces y juezas del sistema de mayor riesgo, son parte de esta estrategia de agresión contra funcionarios que, bajo el marco de la honestidad y la defensa del estado de derecho, han sostenido la lucha iniciada por la sociedad civil y la Cicig[3]”, manifestó Jorge Santos.
Para el coordinador de Udefegua, el presidente Giammattei ha venido profundizando el esquema de agresión en contra de la débil construcción democrática en Guatemala.
Más agresiones
Entre enero y junio de este año, Udefegua contabilizó 677 agresiones contra defensores y defensoras pertenecientes a unas 70 organizaciones y comunidades. Febrero, junio y mayo fueron los meses más violentos con 180, 152 y 126 agresiones respectivamente. En tan sólo seis meses hay un aumento del 73% respecto al total de agresiones de 2019 (494). También se registraron 13 asesinatos entre enero y mediados de agosto.
“Hubo ataques a la libertad de expresión, desalojos extrajudiciales violentos, muchos casos de criminalización, varios asesinatos y la desaparición de un dirigente comunitario. Es decir, mientras la población sufría los impactos de la pandemia, el gobierno y la oligarquía arremetían violentamente contra la oposición política y las personas defensoras de los derechos humanos.
Prácticamente el comportamiento de agresiones y violencia contra las y los defensores tiene el mismo ritmo de crecimiento exponencial que la pandemia. De tener el mismo comportamiento durante los próximos seis meses, el 2020 se convertiría en el año de mayor nivel de violencia contra defensores y defensoras en Guatemala”, concluyó.
Notas:
[1] https://www.blplegal.com/es/Disposiciones-normativas-COVID19-Coronavirus-Guatemala
[2] http://www.rel-uita.org/sociedad/un-sistema-de-justicia-plegado-al-pacto-de-corruptos/
[3] Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Por: Giorgio Trucchi | LINyM
Last modified: 26/08/2020
