Written by Este martes la Corte Suprema Justicia ordenó el arresto domiciliario del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, una decisión impensada hace apenas unos años para el considerado hombre más poderoso de Colombia.
La medida forma parte de una investigación que pesa sobre el hoy senador, en un proceso por fraude procesal y soborno de testigos que se convirtió en un búmeran para el líder del derechista Centro Democrático y mentor político del actual presidente Iván Duque.
“Casa por cárcel”
El caso se remonta a 2012, cuando el senador del progresista partido Polo Democrático Iván Cepeda dio a conocer ante el Congreso testimonios y documentos que evidenciaban cómo la hacienda Guacharacas, propiedad de los hermanos Alberto y Álvaro Uribe, habría sido el lugar donde entre 1996 y 1997 se conformó en Antioquia (noroccidente de Colombia) el Bloque Metro, uno de los más sanguinarios frentes de la banda paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este señalamiento estaba sustentado en las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, ambos exparamilitares condenados y en prisión. Cepeda, que para entonces recogía las declaraciones como parte de sus funciones parlamentarias en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, recibió los testimonios y los entregó a la fiscalía para que abriera una investigación.
Frente a esto, Uribe respondió denunciando a Cepeda por supuestamente presionar a los “exparacos” para que declararan en su contra. En 2018 la denuncia alcanzó la Corte Suprema, allí el tribunal no halló sustento legal para investigar a Cepeda, por el contrario, encontró pruebas que apuntaban a que Uribe intentó, por medio de testaferros, convencer a Monsalve y a Sierra de que se retractaran.
Una de las pruebas fue una grabación autorizada por la Corte, en la que el abogado Diego Cadena, en representación de Uribe, ofrecía a Monsalve dinero y revisar su condena si cambiaba su versión. También había inconsistencias en documentos; otro “exparaco”, José Marmolejo, escribió una carta que fue entregada a la Corte, que negaba los vínculos de Uribe con el Bloque Metro. La nota había sido escrita por Cadena argumentando que Marmolejo no sabía escribir, lo que se convirtió en un problema ya que el exparamilitar aseguró a la fiscalía que tenía un título de bachiller.
Hasta ahora, Cadena está imputado por cargos de fraude procesal y soborno. Mientras Uribe, que denuncia la medida como una “conspiración de la extrema izquierda”, tiene “casa por cárcel”, según la orden del Supremo por la posibilidad de “obstrucción a la justicia” durante la investigación.
Uribe, el intocable
La decisión de detener a un expresidente, por una investigación judicial, no tiene precedentes en la historia de un país plagado de impunidad y silencios bajo más de medio siglo de guerra interna.
Aunque paramilitares, guerrilleros, empresarios o políticos han caído, nadie ha sorteado los tribunales con la pericia de Álvaro Uribe, que durante su larga carrera política nunca había sido detenido pese a ser objeto de al menos 186 demandas, de las cuales medio centenar siguen abiertas, aunque coaguladas en un mar de expedientes.
Y es que incluso hablar de Uribe es un ejercicio que en Colombia se hace con cautela. Un temor que llevó al propio John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, exsicario del otrora jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, mostrarse reacio a la hora de comentar sobre el expresidente. ¿Porqué tanto miedo? ¿De dónde nace tanto poder?
Habría que volver a la década de 1970, años en los que se consolidaba el cartel de Medellín como empresa criminal. Para entonces, de acuerdo al libro Los jinetes de la cocaína, del periodista Fabio Castillo, el ganadero Álvaro Uribe Sierra –asesinado por las FARC en 1983–, padre del expresidente, ya mantenía relaciones con la organización de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Carlos Lehder. Al mismo tiempo, la creciente demanda de drogas en Estados Unidos hizo del tráfico de cocaína la “mina de oro” que empezó a penetrar todas las estructuras de la sociedad colombiana.
En febrero de 1980 murió tiroteado el director de Aeronáutica Civil de Colombia, renuente a otorgar licencias de pistas privadas y rutas a la mafia. Tras su muerte, es nombrado en el puesto un joven político antioqueño, Álvaro Uribe, que según las investigaciones del periodista y Premio Internacional de Libertad de Prensa, Ignacio Gómez, no solo disparó la entrega de permisos, sino que cientos de estos terminaron en manos de narcotraficantes.
Alias “Popeye” confirmaría esta aseveración en una entrevista para la cadena Univisión, precisando que la construcción de una pista en la hacienda Nápoles, propiedad de Escobar y usada para traficar, fue conscientemente autorizada por Uribe. Posteriormente el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenaría desde 1983 la cancelación de decenas de licencias vinculadas con la mafia, chocando directamente con el cartel, que acabaría con su vida en 1984.
Tuvo un corto y convulso paso como alcalde de Medellín en 1982, para luego salir elegido senador de 1986 a 1994, periodo en el que se recrudeció la violencia en Colombia. Ya para entonces en Washington, tenían claro el perfil de Uribe: “un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos círculos de Gobierno (…) estuvo vinculado con el narcotráfico en EEUU”. Así lo describe un documento de 1991 del Departamento de Defensa, desclasificado y publicado en 2004 por la revista Newsweek.
Para ese momento ya estaba expresada una colusión entre las fuerzas del Estado, empresarios, grupos de extrema derecha, narcos y paramilitares, para combatir a las guerrillas o cualquier cosa que oliera a izquierda; pero también callar a jueces, defensores de derechos humanos o periodistas, como fue el caso del asesinato de Guillermo Cano, en 1986, director del diario El Espectador.
En 2018 serían desclasificados otros documentos, esta vez comunicaciones del Departamento de Estado de EEUU entre 1992 a 1995, donde se establecía que dinero producto del tráfico de drogas podría haber financiado la carrera política de Uribe. Pese a estas apreciaciones, no fue problema que, siendo presidente del país, Uribe fuera considerado uno de los más firmes aliados de Washington en la región.
Durante su gestión como gobernador de Antioquia (1995-1997) fue un firme defensor del proyecto de las “Convivir”, una propuesta planteada por los presidentes Gaviria (1990-1994) y Samper (1994-1998), una suerte de milicia privada que luego sería el motor para el paramilitarismo. Fue durante este periodo que tuvo lugar la matanza de la localidad antioqueña de El Aro, cuando miembros de las AUC torturaron, mutilaron y asesinaron a campesinos frente a sus familiares.
Sobre este caso, exjefes paramilitares vinculan al expresidente y su hermano Santiago Uribe Vélez –hoy judicializado por su relación con otra banda “Los 12 Apóstoles–; pero por ahora no se ha podido avanzar en la investigación. El Estado colombiano fue condenado por este crimen en 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según datos del Centro de Memoria Histórica, bajo los dos mandatos presidenciales de Uribe (2002-2010) ocurrieron al menos 297 masacres; de estas, un 35% fue cometido por guerrillas o grupos no identificados; el 65% restante fue perpetrado por paramilitares y el Ejército colombiano.
Por: Juan Alberto Cajar B.
Foto: https://www.resumenlatinoamericano.org/
Last modified: 08/08/2020
