Written by “Se acabó la verdad histórica”, con estas palabras, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le dio un giro sin precedentes a la investigación sobre los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero (México) en 2014. Esta vez, la justicia vuelve a apuntar al Estado como uno de los responsables.
Gertz hace referencia a la versión oficial sostenida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), de que los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa –al sur de México– habían sido secuestrados, asesinados y quemados sus restos en un basurero por los Guerreros Unidos, uno de los tantos carteles de narcos en el país.
Según la Procuraduría General de República (PGR) –actualmente Fiscalía General (FGR)–, que entonces era dirigida por el procurador Murillo Karam, los buses en que viajaban los jóvenes rumbo a la capital mexicana la noche del 26 de septiembre de 2014, fueron “confundidos” con miembros de los Rojos, una banda rival de los Guerreros Unidos; un planteamiento que minimizaba e ignoraba la posible participación de autoridades y policías locales en lo ocurrido.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, sentenció Karam sobre las investigaciones, que desde el principio estuvo plagada de denuncias sobre irregularidades y errores cometidos en el proceso.
Sin credibilidad
Ni las familias de las víctimas ni las organizaciones de derechos humanos creyeron lo planteado por la PGR. Incluso el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ubicar a los estudiantes, desestimó esta versión.
Los expertos internacionales no encontraron bases científicas que probaran la “verdad histórica”, defendida por Peña Nieto.
Había inconsistencias en los supuestos restos y su ubicación; hubo evidencias importantes que no fueron procesadas; varias de las declaraciones de los acusados inicialmente, fueron obtenidas a través de la tortura, según el informe de la GIEI.
También señalaron la posible participación de las fuerzas policiales de Guerrero, así como de la Policía Federal y el Ejército.
“Todos los elementos con los que se había actuado han sido descalificados. Por ejemplo, (Tomás) Zerón está con orden de aprehensión. Imagínense, cómo se puede afirmar que hay una verdad jurídica válida si todos los participantes y el organizador de la indagatoria están en fuga o con orden de captura y con Interpol siguiéndolos” Alejandro Gertz Manero. Fiscal General de la República en México.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña de 2018 impulsar las pesquisas para dar con el paradero de los estudiantes, reabriendo las investigaciones tras llegar al poder.
Estas, permanecieron “congeladas” luego de que la administración de Peña Nieto no extendiera el mandato de la GIEI, en medio de señalamientos de obstrucción por parte de los propios funcionarios de la extinta PGR.
La decisión de la fiscalía, que este martes giró órdenes de captura contra 46 exfuncionarios del estado de Guerrero, por su presunta vinculación con la desaparición de los jóvenes, abre una nueva fase en los ya seis años sin respuesta ni justicia para la víctimas.
Al mismo tiempo, la Interpol emitió una alerta roja para la ubicación y aprehensión del exjefe de la antigua Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, prófugo de la justicia desde marzo pasado, y acusado de presenciar y cometer tortura durante las pesquisas del caso Ayotzinapa.
“Todos los elementos con los que se había actuado han sido descalificados. Por ejemplo, (Tomás) Zerón está con orden de aprehensión. Imagínense, cómo se puede afirmar que hay una verdad jurídica válida si todos los participantes y el organizador de la indagatoria están en fuga o con orden de captura y con Interpol siguiéndolos”, señaló el fiscal Gertz en una entrevista para el diario La Jornada.
Un largo camino
Para el periodista mexicano Néstor Negrete, si bien puede considerarse como un elemento positivo la decisión de la fiscalía de descartar la “verdad histórica”, mientras no se atienda uno de los principales problemas de fondo en el país –el “maridaje” entre el poder político, económico y los narcos– será difícil que pueda haber mayores avances en el caso.
“Lamentablemente, el gobierno de López Obrador está muy apegado a eso de no juzgar a ningún expresidente o autoridad de alto nivel (…) son golpes mediáticos en momentos de mucha crítica a su gestión ante la covid-19”, apuntó Negrete a La Estrella de Panamá.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de México, unas 61,637 personas se registran como desaparecidas, un dato oficial que hasta 2018 se mantenía en 40,000.
México vive, desde 2006, sumido en una espiral de violencia creciente ligada a carteles del narcotráfico, acompañada de denuncias por violaciones de los derechos humanos a manos de bandas criminales y también las fuerzas de seguridad del Estado.
Por: Juan Cajar B.
Fotografía: Desinformémonos
Last modified: 04/07/2020
