En Canadá, gran parte de las personas migrantes sufren discriminación. Es el caso por ejemplo de personas que provienen del extranjero para trabajar en el sector agrícola. A pesar de que la agricultura sea considerada un servicio esencial, el contexto de la pandemia ha venido a agudizar aún más la explotación de las y los trabajadores donde las condiciones de trabajo se caracterizan por la precariedad y los abusos de parte de los empleadores es frecuente.
Cada año, 60000 personas llegan al inicio de la temporada agrícola para trabajar en la producción y recolección de frutas y verduras a lo largo del país. En abril, la provincia de Québec esperaba 16000 personas provenientes de México, América Central y el Caribe. Sin embargo, la pandemia por el COVID-19 apareció al inicio de la temporada agrícola. La Unión de productores agrícolas de Québec sonó la alarma ya que sin la llegada de las y los trabajadores extranjeros temporales, la agroindustria canadiense está expuesta a una profunda crisis. Canadá abrió así excepcionalmente sus fronteras para la llegada de las y los trabajadores agrícolas.
El Programa de trabajadores extranjeros temporales existe oficialmente desde 1973 y comprende diferentes programas según las necesidades de mano de obra de diversos sectores de actividad. Entre estos está el Programa de trabajadores agrícolas temporales que permite acceder a una visa de de trabajo cerrado, lo que significa que esta visa está asociada exclusivamente a un trabajo y empleador. Esta restricción de la visa de trabajo cerrado expone de manera sistemática a las y los trabajadores a diversas prácticas abusivas, las cuales comienzan desde el proceso de selección en sus países de origen. Existen agencias de reclutamiento que actúan como intermediarias y operan paralelamente tanto en Canadá como en los países de origen para el proceso de reclutamiento. El proceso de selección exige entre otras cosas pasar diversos exámenes físicos y médicos que exige asumir el pago de tarifas exorbitantes para que los trámites sean manejados por las agencias de reclutamiento. Generalmente las y los trabajadores están obligados a endeudarse en sus países de origen para venir a trabajar en Canadá.
En la mayoría de los casos, las y los trabajadores llegan a Canadá sin ninguna idea de las condiciones de vida y de trabajo que les espera. La precariedad de su situación económica, legal y social vuelve a estas personas vulnerables en la medida que además desconocen sus derechos, la barrera del idioma, entre otras, contribuyen a las dificultades que enfrentan para exigir el respeto de sus derechos. Esto limita las posibilidades de denunciar los abusos que sufren en el ámbito del trabajo. A esto se suma igualmente el miedo de perder su trabajo, lo que significa la deportación hacia sus países de origen en la medida que el permiso de trabajo cerrado no les permite buscar otro empleo.
Diversas organizaciones luchan en este contexto de urgencia frente a la pandemia para visibilizar los derechos de personas migrantes. El Comité por los derechos humanos en América Latina CDHAL tuvo la oportunidad de conversar con Jorge Frozzini del Centro de Trabajadoras y Trabajadores inmigrantes CTTI. Desde hace veinte años que el CTTI realiza un trabajo de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, particularmente la situación de las agencias de reclutamiento y el programa de trabajadores extranjeros temporales. Entre algunas de las denuncias que existen en el sector agrícola, se han recibido casos que han sido denunciados como una forma de trata humana y de esclavitud moderna. Jorge Frozzini del CTTI nos comenta con respecto a esto:
“Si a veces utilizamos la expresión de esclavitud moderna es para plantear la situación en la que se encuentran los trabajadores migrantes dentro de un programa gubernamental. El problema son las limitaciones del Programa de trabajadores extranjeros temporales y en este caso, las limitaciones de los trabajadores agrícolas. Pero comencemos por aclarar algunas aspectos para demostrar esta idea. Cuando hablamos de esclavitud tenemos la imagen de personas que están limitadas en el ejercicio de sus derechos y libertades. Pero también pensamos en las personas que son vulnerables a estos abusos. En el caso de los trabajadores agrícolas el programa está diseñado para limitar ciertos derechos fundamentales, incluyendo el derecho de cambiar de empleador o de trabajo. De hecho, los trabajadores agrícolas no pueden fácilmente cambiar de empleador ya que tienen un permiso de trabajo cerrado que los vincula a un empleador durante el tiempo del contrato y de su visa de residencia temporal. Además es prácticamente imposible que estos trabajadores permanezcan en el territorio canadiense si así lo desean. Porque solicitar la residencia permanente es muy difícil para ellos. Por ejemplo, su ocupación no encaja en las categorías que buscan, el nivel de conocimiento del idioma requerido es demasiado alto, etc. Además no pueden traer a sus familias como otros tipos de trabajadores. En cuanto a los abusos, dado que suelen estar en zonas aisladas, tienen problemas de comunicación con la población local, no conocen sus derechos, etc es más probable que sean víctimas de malos empleadores. Se les puede pedir que entreguen sus papeles, pasaportes, permisos, etc a los empleadores. Puede ocurrir que trabajen un número excesivo de horas durante la semana pero que no son pagadas como debería ser, puede pasar que no denuncien los accidentes de trabajo y que no reciban la atención adecuada. Puede suceder que se les envíe de vuelta a sus países de origen si intentan ejercer sus derechos o si se enferman. Por estas razones y otras hay una tendencia a utilizar el término de esclavitud moderna para describir este tipo de programa y plantear las injusticias que viven estos trabajadores”.
Frente a la crisis por la pandemia, las organizaciones están confrontadas como nunca antes a una situación de urgencia para responder a las crecientes denuncias de parte de las y los trabajadores agrícolas y presionar al gobierno para exigir condiciones justas y dignas de trabajo. Jorge Frozzini nos habla de las medidas implementadas por el gobierno de Québec y de Canadá en el sector agrícola por el COVID-19:
“En el contexto del COVID-19, el gobierno está exigiendo que los trabajadores extranjeros temporales que entran a Canadá sean sometidos a exámenes de despistaje de base antes de partir y cuando llegan y que permanezcan en cuarentena por catorce días. Durante este tiempo se supone que reciben sus salarios ya que el gobierno ha proporcionado 1500$ por trabajador para ayudar a los empleadores. Dicho esto, si un trabajador es sorprendido trabajando durante su tiempo de confinamiento puede recibir una multa de hasta 750.000$ CAD y ser enviado un tiempo a la cárcel. Los empleadores también pueden ser multados entre 1000$ a 1.000.000$ CAD. Por el momento, parece que la mayoría de los trabajadores agrícolas han llegado sobre el territorio, es decir, por lo menos el 80%. Sin embargo, la falta de trabajadores significa que se les pide trabajar más tiempo en los campos. Hay informes de situaciones en las que han sido obligados a trabajar 18 horas seguidas. Por el momento no sabemos cuáles serán las consecuencias si hay infecciones en una granja. Sin embargo, parece haber una reorganización del trabajo y del hábitat de los trabajadores para colocarlos en pequeños grupos y evitar la propagación en caso de que ocurra. Por otra parte, siguen habiendo dudas porque si bien estos trabajadores tienen acceso a las prestaciones y la atención relacionadas con el COVID-19 en realidad el acceso puede ser difícil. Deben solicitar por teléfono o en línea los servicios que sólo están disponibles en inglés o en francés. Además no hay traductores para los servicios provinciales y es difícil tener traductor para los servicios federales. Por lo tanto, es de esperar que la vulnerabilidad de estos trabajadores aumente y haga que su situación sea aún más precaria”.
Desde hace años el CTTI junto con otras organizaciones exigen la mejora de las medidas de seguridad, salud y protección en las granjas. Un otro aspecto que ha sido en reiteradas ocasiones denunciado es la insalubridad y la sobrepoblación de los alojamientos entregadas por los empleadores a las y los trabajadores en las granjas. Estas situaciones ya conocidas de violaciones a los derechos de las y los trabajadores agrícolas se han agudizado en el contexto de la pandemia. Cómo asegurar la implementación de medidas de protección para el COVID-19 cuando de manera sistemática no se protege la seguridad y salud de las y los trabajadores? Diversas organizaciones exigen de fortalecer las medidas de fiscalización en las granjas. Las denuncias recibidas de parte de las organizaciones de defensa de personas migrantes revelan cómo estas situaciones se han visto agudizadas en el contexto de la pandemia. Esto ha exigido una fuerte movilización de parte de las organizaciones y de definir acciones en diferentes frentes en la medida que la pandemia ha visibilizado la precariedad de condiciones de trabajo de personas que están en la primera línea de los denominados “servicios esenciales”. En este sentido, la Coalición contra el trabajo precario el cual agrupa diversas organizaciones de defensa de trabajadores migrantes tales como el CTTI, se pronunciaron el día internacional de las y los trabajadores para señalar que el trabajo esencial no debe ser un trabajo precario.
“El CTTI es parte de la Coalición contra el trabajo precario. Esta coalición a formulado demandas que pueden ayudar a facilitar la vida de muchos trabajadores extranjeros temporales y de otros tipos de trabajadores. Hemos formulado seis exigencias: 1. Que haya investigaciones en persona en lugar de a distancia en los lugares de trabajo que se consideran esenciales para hacer cumplir las normas de salud y de seguridad en el trabajo y todas las medidas de seguridad relacionadas con el COVID-19, 2. Regularizar la situación de todos los trabajadores ofreciéndoles inmediatamente un certificado de selección del Québec, 3. Ofrecer inmediatamente un permiso de trabajo abierto para que los trabajadores extranjeros temporales puedan dejar sus trabajos si los consideran peligrosos, 4. Proporcionar los aumentos salariales relacionados a la pandemia a todos los trabajadores esenciales incluyendo los trabajadores agrícolas temporales, 5. Implementar un salario mínimo de 15$ por hora y 6. Proporcionar un trabajo permanente y seguro a los trabajadores de agencias de empleo incluyendo los trabajadores de mantenimiento, los cuidadores de personas enfermas o adulto mayores y los trabajadores de bodega. Con respecto a las acciones futuras, estamos desafiando los recientes cambios en el programa de experiencia del Quebec que proporciona una vía rápida para acceder a la residencia permanente en el Québec. El 28 de mayo el ministro de inmigración introdujo cambios que dificultan el acceso. Participamos a varias coaliciones que luchan por avanzar en la justicia por los trabajadores migrantes pero dado los limitados recursos del centro nuestros esfuerzos se dirigen a responder a las situaciones de crisis por esta pandemia. Por ejemplo, otorgar asistencia para los trabajadores que necesitan las prestaciones de asistencia del gobierno para los trabajadores migrantes e indocumentados”.
El ocho de junio pasado, la coalición canadiense “Alianza de trabajadores migrantes por el cambio” publicó un informe que retrata un panorama muy grave sobre las condiciones de vida y de trabajo en las granjas durante el contexto de la pandemia. El informe denuncia tratos inhumanos y de riesgo: falta de alimento, agua, de equipos de protección, sobrecarga de trabajo, robo de salarios son algunas de las diversas situaciones denunciadas. A esto se suma el número creciente de casos positivos por el COVID-19 y el fallecimiento de dos trabajadores agrícolas mexicanos a principios de junio.
La pandemia ha agudizado las desigualdades y la vulnerabilidad de las y los trabajadores migrantes. En este contexto de crisis actual, la lucha por la dignidad y los derechos de personas migrantes no puede continuar a ser ignorado. En este periodo, es crucial de avanzar en el reconocimiento y el respeto de los derechos que históricamente han sido negados a las y los trabajadores migrantes en Canadá.
Por: Christina Ayala del Comité por los derechos humanos en América Latina CDHAL, Desde Canadá.
Last modified: 22/06/2020