Written by Acto No. 1: Panamá le declara la Guerra al terrorismo
El 29 de noviembre de 2015, escribimos, en relación con la incorporación de Panamá a la coalición antiterrorista liderada por EEUU, lo siguiente:
“Panamá no puede ser beligerante y, aunque no mande tropas (que no tenemos) la incorporación de Panamá a la coalición antiterrorista es una tácita declaración de guerra al Estado Islámico, que no es atribución del Ejecutivo sino de la Asamblea Nacional. Aunque se diga que nuestra responsabilidad se limitará a monitorear o bloquear los fondos de la organización terrorista, el propósito de la coalición es hacer la guerra, y esto está en conflicto con el Tratado de Neutralidad. El Estado Islámico puede atacar a Panamá como lo desee. ¿Qué necesidad teníamos de exponernos de esta forma?
“Somos el único país de la región que es miembro de la coalición y, a la vez, el país más comprometido jurídica y moralmente para abstenerse. La responsabilidad por este desatino recae por obvias razones en Estados Unidos, la contraparte corresponsable en la firma del Tratado, lo que recalca una y otra vez nuestra condición de país tutelado. Aprovecho para aclarar que Estados Unidos no puede defender el Canal ni a Panamá, basado en la Enmienda DeConcini, sin el consentimiento previo de nuestro país.
“Panamá queda expuesta a todo tipo de amenazas sin que esté preparado para hacerle frente a ninguna. Una organización como el EI, que tiene algunas estructuras estatales, que posee ingentes recursos de todo tipo y carece de escrúpulos, podrá tomar sin ninguna dificultad acciones contra el Canal, la navegación o el país.” (Julio Yao, La Estrella de Panamá, “Sobre Panamá y la coalición antiterrorista”, 29 de noviembre de 2015).
La declaración de guerra al EI, además de que se lo impide el Tratado de Neutralidad, fue escandalosamente INCONSTITUCIONAL, ya que la Asamblea Nacional ni siquiera llegó a conocer el decreto espurio que la aprobó.
Acto No. 2: Panamá expulsa 62 barcos iraníes de su Marina Mercante.
En febrero de 2019, Estados Unidos obligó al gobierno de Panamá a expulsar de su Marina Mercante — la mayor del mundo — a 62 barcos iraníes abanderados en nuestro país, en seguimiento a su política de sanciones unilaterales e ilegales contra Irán, que no ha sido jamás enemigo de Panamá. Si Panamá no accedía, podría caer en la Lista Clinton bajo la OFAC del Tesoro de Washington, manipulada para chantajear a países insumisos (Caso Waked).
El hecho de que nuestra Marina Mercante no está sujeta a acuerdos internacionales con Washington, convierte la citada presión en inadmisible intervención en los asuntos internos de Panamá y en ataque a su desarrollo. Panamá deja de ganar anualmente varios cientos de millones de dólares, pero Estados Unidos no nos compensa en forma alguna. Dicho de otro modo, ¡Panamá subsidia a los pobrecitos Estados Unidos!
Como ocurrió con Irak (2003) y Libia (2011), Estados Unidos acusó a Teherán de un conjunto de delitos infundados como desarrollar programas nucleares, sin tomar en cuenta que Israel, enemiga de Irán, posee también cientos de cabezas nucleares sin ser jamás acusada. Desde muchos años antes de la expulsión — de la que Panamá no debió nunca hacerse cómplice — habían entrado en vigor sanciones para el aislamiento económico de Irán, restringiendo sus operaciones financieras, navieras y petroleras.
La expulsión de los barcos iraníes, acusados sin evidencia alguna de actos de terrorismo, abre el camino para que otros Estados nieguen abanderamiento a Irán y de esta manera los condenen a navegar como si fuesen barcos piratas.
Ante la peligrosidad que la citada expulsión significaba para Panamá, quien esto escribe sugirió públicamente al gobierno del presidente Laurentino Cortizo enviar una delegación diplomática a Irán que explicase el carácter de los compromisos con EEUU en el marco del Tratado de Neutralidad y de acuerdos impuestos unilateralmente (por ende, nulos), pero el gobierno hizo caso omiso (“Experto considera que Cortizo debe enviar a un diplomático a Teherán ante tensión con EEUU”, Telemetro/RPC Radio, 6 de enero de 2020).
El entonces inminente arribo a Venezuela de cinco barcos tanqueros hacía relevante la iniciativa diplomática.
El gobierno y sectores de la empresa privada argumentaron dos cosas: que se trata de la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y que la expulsión fortalece la imagen internacional de Panamá, ninguna de las cuales es cierta.
Lo único cierto es que EEUU obligó a Panamá a tomar una decisión que no debió aceptar, lo cual demuestra que la seguridad de la vía, la libertad de navegación y la ejecución del Tratado de Neutralidad están en manos de Washington, y ese hecho en nada favorece la imagen interna ni internacional de Panamá. ¿Qué nos dice la elitista Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá?
Por: Julio Yao
Tomado: www.alainet.org
Last modified: 07/06/2020
