Written by La comunidad de Putaendo lucha por continuar a ser territorio libre de minería y por no constituirse en una más de las diversas “zonas de sacrificio” que existen a lo largo del país. Ubicada en la zona central de Chile, la comunidad enfrenta la mayor sequía en historia del país. En medio de la pandemia, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó, sin la participación ciudadana, el proyecto de sondajes Las Tejas, perteneciente a la empresa minera “Las Vizcachitas holding”. El año 2007, Viscachitas holding fue adquirida por la empresa minera canadiense “Los Andes Copper”.
Su aprobación implica continuar con los trabajos de exploración que, desde hace más de 10 años, mantiene la empresa. Esta ha sido denunciada y sancionada en el pasado por una serie de irregularidades y por la ilegalidad de sus operaciones. El proyecto permite realizar 350 nuevos pozos de perforación durante los próximos cuatro años como etapa preliminar a la instalación de una planta de concentración y una mina a cielo abierto de molibdeno, cobre y plata. Si logra terminar esta fase de exploración e instalarse la mina en los próximos años en Putaendo, la empresa Andes Cooper podría llegar a ser dueña de la mina a cielo abierto de cobre más grande de Chile.
Previendo los impactos sociales y medioambientales de dicho proyecto y pese al confinamiento por el Covid-19, la comunidad de Putaendo decidió salir a las calles días después de su aprobación para manifestar su rechazo al proyecto. Tras la movilización pacífica de Putaendo el pasado 25 de abril, un gran contingente militar y de fuerzas del orden y de seguridad se hizo presente causando gran preocupación y repudio a nivel nacional. Cabe destacar que antes de la pandemia, Chile se encontraba en medio de un estallido social desde octubre pasado donde la represión y la grave situación de violación de derechos humanos se ha mantenido hasta el día de hoy. En medio de esta crisis social, una ley fue aprobada para otorgar funciones de orden y de seguridad a militares para la protección de “infraestructura crítica”, lo cual vaticina un escenario de mayor violencia, represión y control de manifestaciones públicas. La intervención militar frente al conflicto entre la comunidad de Putaendo y la empresa canadiense “Los Andes Copper” deja entrever el poder de los intereses canadienses en el desarrollo extractivo en Chile.
El Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL, conversó con dos integrantes de la agrupación “Putaendo resiste”, que nace en el año 2015 y junto a otras organizaciones ha impulsado un proceso de movilización importante que ha sido emblemático ya que su resistencia ha comenzado antes de la instalación definitiva del proyecto en el territorio. Gastón Arancibia dirigente vecinal del sector de Los Patos, poblado más cercano donde se pretende instalar las operaciones del proyecto minero nos cuenta los últimos sucesos ligados al proyecto y las movilizaciones:
“En estas últimas semanas ha habido una gran sensación de impotencia al ver cómo autorizan de forma criminal un proyecto de sondaje minero en un pueblo declarado como zona de catástrofe hídrica. En medio de una pandemia, sin darle ninguna posibilidad de que el pueblo se pueda expresar. No obstante, sabiendo la gravedad de lo que esto representa este proyecto para nuestra vida, la comunidad. Más de 300 personas, tomando los resguardos sanitarios, salieron a marchar a la calle y repudiar este proyecto. Como respuesta el gobierno militarizó al día siguiente las calles de Putaendo con fuerzas especiales y militares. Amedrentando y multando a los vecinos en una caravana pacífica estaban marchando. Aquí queda de manifiesto cómo el Estado chileno protege el modelo extractivista en desmedro y destrucción de la vida. La comunidad de Putaendo demanda y exige que queremos seguir viviendo en un pueblo libre de contaminación, conservando nuestro sistema de vida, conservando nuestros paisajes, nuestros glaciares y toda su biodiversidad. Conservando nuestro patrimonio sobre todo a nuestro derecho humano al agua. Y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias”.
Putaendo es el único valle de la zona central en Chile libre de minería y actualmente es considerada zona de catástrofe, ante la grave crisis hídrica que se viene agravando en Chile en los últimos 10 años. El proyecto minero afectaría particularmente el río Rocín, principal afluente del río Putaendo. Cabe señalar que el proyecto “Vizcachitas” surge en el año 1993 y hasta el día de hoy se han realizado 175 trabajos de perforación. Desde la adquisiciôn del proyecto por la empresa Andes Cooper en el año 2007, se han realizado 79 pozos de perforación a pesar de haber sido negado los permisos en el año 2008. En el curso de los últimos años han sido acusados por usurpación de agua, alteración de los cursos de agua y contaminación del río Rocin por presencia de metales pesados. Además han intervenido los glaciare y parte de la flora y fauna de la zona. Estas operaciones ilegales han ocasionado diversas acciones de parte de la comunidad de Putaendo.
“Como respuesta de nuestro pueblo al enterarnos el año 2015 de los daños de la contaminación de las aguas por metales pesados que esta empresa minera venía ocasionando con sus sondajes ilegales en el medio del río Rocin, que es la única fuente de agua que tiene nuestro valle de Putaendo. De ahí comenzaron a surgir diversas organizaciones en defensa del medioambiente y de nuestro pueblo. En estos cinco años de luchas hemos intentado hacer frente a esta amenaza por diferentes frentes: judiciales, como por ejemplo varios recursos de protección con el apoyo de OLCA y de su abogado Álvaro Toro. En dos ocasiones hemos solicitado participación ciudadana. La última es inédita en Chile, con más de 2000 cartas de personas naturales y organizaciones sociales, las cuales han sido rechazadas por el Servicio de Evaluación Ambiental. Hemos realizado marchas con más de 2000 personas, tomas en la gobernación y manifestaciones en la intendencia, talleres informativos, visitas. Todo el pueblo entregando información. Visita de una compañera de “Putaendo resiste” a Canadá a una ONG y la ministerio de relaciones interiores. Agregar también que se han realizado documentales y registros para visibilizar nuestro conflicto”.
Diversos movimientos medioambientales y por el agua en Chile se han organizado en los últimos años ante la profundización del extractivismo y saqueo. Este ha contribuido directamente a la mayor crisis hídrica y sequía que ha afectado el país. La fase de construcción y explotación de la mina a cielo abierto en Putaendo está prevista antes del año 2024 y daría paso al desarrollo de la gran minería en la zona central del país. Esto advierte un panorama crítico en los próximos años si se considera que gran parte de la zona central está declarada actualmente como zona de emergencia agrícola. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medioambientales OLCA, actualmente existen diversas regiones de Chile declaradas como “Zonas de emergencia agrícola” afectando a más de 11 millones de personas. En la zona central, es de especial atención la situación de Putaendo donde la escasez hídrica afecta el derecho al agua para el consumo humano y la agricultura campesina. Además, desde el año pasado, miles de animales de crianza murieron siendo Putaendo uno de los epicentros de esta dramática situación ante la falta de alimentos y agua para la supervivencia de estos. Cabe señalar que el modelo de aguas en Chile está basado en el derecho de propiedad, lo que ha privilegiado la creciente demanda de las últimas décadas de la industria extractiva sobre el derecho al agua para el consumo humano. Dentro del sector extractivo, la minería es la principal consumidora de agua la cual es indispensable para el funcionamiento de sus operaciones. Según el Observatorio Ciudadano, la legislación chilena otorga a las concesiones mineras un derecho preferente para usar las aguas sin ninguna restricción. De esta forma, no están obligadas a justificar su uso ni menos aún el volumen de agua que se está extrayendo.
Sara Gómez, presidenta de la agrupación Agua potable rural del sector norte de la comuna de Putaendo, nos comenta de los impactos del proyecto.
“La verdad de las cosas es que es un tema muy preocupante sobre todo y por sobre todas las cosas por la sequía que hay. Hay una escasez de agua tremenda no sólo en la comuna de Putaendo. Ya se han visto otros casos en el norte donde las mineras han hecho lo suyo. Comprado acciones de agua y eso ha llevado por muy mal camino a la agricultura. Acá también en Putaendo hay mucha agricultura, gente que exporta sus productos y de alguna forma también se verán afectados por esta contaminación porque ellos tienen que demostrar que sus productos vienen de un lugar sano ambientalmente y eso con la minera se perdería….se afectaría también el diario vivir de los habitantes. Además en estos sectores viven muchos adultos mayores y por ser un camino rural especialmente el sector de Los Patos, Casablanca no existe veredas peatonales. Además los campesinos trasladan su ganado por dicho camino lo que significa un peligro latente de tránsito tanto para las personas como los animales. Y también para las aves, flora y fauna autóctona. Razón que me lleva a pensar cómo las autoridades actuales adolecen de criterio ecológico y autorizan este tipo de actividad minera que sólo va a traer malas consecuencias porque desgraciadamente la minería sustentable en Chile no existe….Un rotundo no a la instalación de la gran minería acá en Putaendo porque la verdad de las cosas que no va a traer buenas consecuencias cómo trata de hacer saber la empresa”.
El conflicto de la comunidad de Putaendo con la empresa canadiense Andes Cooper no resulta nada sorprendente ya que las inversiones canadienses son la principal fuente de capital extranjero en Chile en el sector minero. Tal como ha sido denunciado por OLCA, actualmente existen más de cuarenta sociedades mineras canadienses y más de 100 proyectos en el país, por lo cual es imposible negar el rol de las inversiones canadienses en la situación de despojo en los territorios. En medio del estallido social y la grave situación de violación de derechos humanos que atraviesa Chile, el gobierno de Sebastián Piñera estuvo presente en marzo de este año en Toronto, Canadá para participar al encuentro más importante del sector minero a nivel mundial. Cabe señalar que la primera fuente de inversión extranjera en Chile proviene de la minería, lo que devela los intereses de parte de Chile y Canadá por aumentar aún más estas, principalmente en la explotación de cobre y de litio. Chile tiene las reservas más importantes y es el primer productor de cobre a nivel mundial. Si la mina a cielo abierto de cobre llega a instalarse en los próximos años en Putaendo, las previsiones indican que Andes Cooper sería propietario de la mina a cielo abierto de cobre más grande de Chile. Esto antepone un escenario desolador sobre los impactos socioambientales y la violación de los derechos humanos que ya está sufriendo y se agudizará en los próximos años para la comunidad de Putaendo. Dentro de este escenario no es posible dejar de mencionar el rol del Estado de Canadá el cual entrega apoyo financiero y político a las inversiones canadienses en el extrajero en el sector minero y extractivo. Un ejemplo de ello, es el rol de la agencia gubernamental de créditos a las exportaciones, Export Development Canadá que ha entregado apoyo finaciero para las operaciones mineras en Chile. Este apoyo de acompaña además cómo se ha visto en casos emblemáticos de violación de derechos humanos a comunidades afectadas por una completa impunidad frente al actuar de sociedades mineras canadienses.
Por: Christina Ayala por el Comité por los derechos humanos en América Latina CDHAL. Canadá.
Imagen: OCMAL
Last modified: 27/05/2020
