Written by Con la tragedia que se vive por el COVID-19 teníamos la esperanza de que nuestros gobernantes harían a un lado sus particulares intereses para responder a las necesidades de su pueblo. Sin embargo, corroboramos que el ánimo de lucro y sus antecedentes de corrupción y clientelismo siguen imperando.
Prueba de ello es que el ‘Estado de Emergencia’ declarado –y que se lleva de calle nuestras libertades- no se fundamentó en la Constitución, sino en la Ley de Contrataciones Públicas y en la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). La finalidad: poder disponer de 50 millones de balboas para co ntratar bienes y servicios de manera expedita y poder solicitar a la Asamblea Nacional dispensa de los límites presupuestarios. También se aprobó Ley para la utilización del FAP como garantía de empréstitos, el cual asciende a la suma de 1,360 millones. Asimismo se emiten nuevos bonos por la suma de 2,500 millones adicionales. Para mantener a los medios de comunicación amordazados se aprobaron 6 millones en publicidad; y para acallar voces de protestas, 7 millones en armas y municiones.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ante la gran recesión económica que se viene, le dice a los gobiernos que ‘tienen que prepararse y apuntalar a los hogares más pobres, a los que no tienen ingresos, a la informalidad…para los próximos 6 meses’. Ese apuntalamiento significa dotarle de medios suficientes para permanecer en casa, la seguridad de que recibirán los servicios públicos necesarios y no serán despojados de su vivienda y otros bienes, por lo cual resulta de urgencia notoria la declaratoria de una moratoria general por 90 días, de todas las cuentas por pagar tanto al sector público como privado.
A pesar de ello, constatamos que hasta la fecha, no hay certeza de cómo, cuándo, cuánto, dónde y a quiénes se distribuirá el bono solidario; además de ser irrisorio el contenido de la bolsa de comida. Ambas cosas, sujetas a la distribución clientelar a través de diputados y representantes de corregimiento.
En medio del rejuego político, la moratoria fue propuesta por la Asamblea, sin embargo, ésta es cerrada abruptamente por su Presidente, justo antes de su aprobación, lo cual no sólo es inconstitucional, sino, inconcebible en un Estado de Derecho.
Por Humanidad: ¡Urge una moratoria general y una distribución equitativa y suficiente de bonos y alimentos!
Por: Anayansi Turner. Catedrática de Derecho de la Universidad de Panamá
Last modified: 01/04/2020
