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Un financiamiento de la Cuarta Línea de Transmisión por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial, será investigado por posibles violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Panamá.
La Cuarta Línea de Transmisión (“PL IV”)—la cual está siendo impulsada por la empresa de transmisión estatal de Panamá, ETESA—se extendería a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande hacia el este de Panamá, teniendo impactos adversos en las comunidades indígenas que habitan en la Comarca Ngäble-Buglé, un territorio indígena oficialmente reconocido por el gobierno de Panamá, así como las comunidades indígenas que viven en los distritos de Chiriquí Grande y Norte de Santa Fe.
En su informe preliminar la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), el mecanismo de rendición de cuentas de la IFC del Banco Mundial, anuncia que investigará el diseño de los procesos utilizados para asegurar que los pueblos indígenas afectados fueran debidamente consultados sobre la PL IV. El informe destaca la obligación de la IFC de identificar e incluir a todas las comunidades de dichos pueblos indígenas—incluidas aquellas que se encuentran fuera de la Comarca Ngäbe-Buglé—y de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados sobre el proyecto.
“Aplaudimos la decisión de la CAO de investigar la Cuarta Línea de Transmisión,” dijo Feliciano Santos, del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), quien representa a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto. “Cada imposición inconsulta en nuestros territorios amenaza no solamente a nuestro derecho a vivir en un ambiente sano en nuestras tierras ancestrales, sino también a nuestra supervivencia económica, social y cultural como pueblos indígenas de Panamá. Al dejarnos fuera de un proceso de consulta genuino sobre la propuesta de la línea de transmisión, tanto ETESA como la IFC están vulnerando nuestro derecho a asegurar el uso sustentable de nuestras tierras, territorios y recursos.”
La investigación tiene su origen en una queja presentada a la CAO en junio de 2018 por una coalición de organizaciones panameñas e internacionales, en representación de las comunidades indígenas que viven en el área de influencia de la PL IV. En dicha queja, las comunidades expresan su profunda preocupación por la falta de información sobre el proyecto, exclusión y deficiencias de los procesos de consulta y consentimiento.
“Aún antes de que se inicie la etapa de construcción, cualquier deficiencia o incumplimiento durante el diseño del proyecto pudiera dar lugar a vulneraciones severas de los derechos de los pueblos indígenas afectados,” dijo Sarah Dorman, abogada con el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). “Este caso pone a prueba la eficacia de las normas y estándares establecidos por la IFC para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas en todo proyecto de desarrollo, no solo la Cuarta Línea en Panamá.”
Para Santos, este proyecto representa una continuación de un patrón de marginación de los pueblos indígenas de Panamá. “Durante muchos años, nuestros pueblos han sido sometidos frente a presiones de desarrollo energético, así como de desarrollo turístico y minería,” reflexiona Santos, “lo cual ha tenido impactos devastadores para nuestras comunidades, tales como la desintegración familiar, un aumento en las tasas de inmigración forzada hacia las zonas no indígenas del país, y la destrucción de nuestra forma tradicional de vivir con la naturaleza. No queremos que la Cuarta Línea reproduzca este patrón.”
En el marco de la investigación, se espera que la CAO lleve a cabo una visita oficial a Panamá, con la finalidad de recibir información directamente de las comunidades indígenas que serían afectadas por el proyecto, quienes presentaron la queja.Nota para editores:
A través del financiamiento de la PL IV, la IFC ha brindado servicios de asesoría a la empresa estatal de transmisión de Panamá (ETESA) en dos etapas, la primera para llevar a cabo estudios técnicos, legales y financieros, así como un estudio del alcance ambiental y social. La segunda fase de los servicios de asesoría, aún sin terminar, incluye el proceso de licitación y de promoción del proyecto, entre otros.Contactos:
Feliciano Santos, Coordinador del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), [email protected], +507 6656-1696
Sarah Dorman, Abogada con el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), [email protected], +1 202-742-5854
Ciudad de Panamá/Washington, DC—3 de marzo de 2020
Last modified: 08/03/2020
