Written by La CCIAP se pronunció hace una semana, a favor de desregular las profesiones en Panamá, para permitir la importación de ‘talento’ extranjero a fin de generar ‘oportunidades a la sociedad y a la economía’.
Aunque primero abogó para que se permitan profesionales extranjeros en carreras tradicionales como ingeniería, arquitectura, abogacía y medicina, con el rechazo cerrado a tal postura, por parte de los diversos gremios profesionales y autoridades de las universidades oficiales, últimamente ha hablado de enfocarse en áreas no tradicionales como inteligencia artificial y realidad virtual. La APEDE se les ha unido en el planteamiento.
En lugar de promover un proyecto nacional de desarrollo, el sector privado continúa alentando un modelo económico que no satisface las necesidades sociales, privilegiando el lucro fácil a través de los negociados que se empujan desde los gobiernos y depauperizando cada vez más a la mano de obra. Sólo veamos las cifras: el 50% de los salarios devengados en el país se dan en el rango de entre los 400 y 800 balboas mensuales; y el 45% de los ocupados lo son en ocupaciones informales.
No ha sido suficiente con abaratar la mano de obra en general a través de políticas migratorias flexibles al ingreso de extranjeros y nula supervisión de normas laborales. Ahora hay que enfilarla contra los sectores medios profesionales, cuando las leyes que los protegen y que reservan su ejercicio a los nacionales han sido producto de arduas luchas de los diversos gremios en toda la historia republicana.
Asimismo, los cuestionamientos del sector empresarial, en vez de ser proactivos, deja en entredicho la formación profesional que imparten nuestras universidades, incluyendo las del sector privado que forman parte de sus corporaciones. Sólo hay que recordar que la UP ha formado a un cuarto de millón de profesionales, en sus casi 85 años de vida.
Para viabilizar su propuesta, la CCIAP y APEDE deben primero reformar la Constitución y derogar todas las leyes especiales que protegen las profesiones, pues La Constitución es clara: ‘Se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional’ (art. 73).
La derogación de este artículo no se planteó ni en la Concertación ni en la Asamblea Nacional, dentro del paquete de reformas constitucionales. ¿Se atreverán a hacerlo en el diálogo del PNUD?
Por: Anayansi Turner. Catedrático. Abogada
Last modified: 22/02/2020
