Francisco Lucas Pedro es defensor del agua, periodista y corresponsal en Prensa Comunitaria, al mismo tiempo ha sido dirigente de la resistencia en Barrilas, que logró hasta la fecha que el proyecto hidroeléctrico de la empresa Ecoener Hidralia S.A. se detuviera. Es miembro del partido político Winaq con quien participó como candidato para la alcaldía municipal en su municipio de Barillas en Huehuetenango, en la contienda electoral en el 2015 y 2019. La profesión de Francisco, es perito contador tiene cuarenta años de edad, es maya Q’anjob’al, tiene tres hijos y dos hijas.

Fue detenido y encarcelado este 21 de diciembre cuando se dirigía en motocicleta a Barillas. Dos semanas antes había retomado su trabajo de periodista, documentando sobre el juicio que se reabrió en un juzgado de Quetzaltenango en donde dos trabajadores de la hidroeléctrica están acusados del asesinato de un comunitario y herir a dos más.

Está persecución política en su contra comenzó según el mismo Francisco Lucas “en el mes marzo del año 2012, según una falsa acusación en el Ministerio Público hecho por el representante legal de Hidro Santa Cruz s.a. El español Luis Castro Valdivia“. Aparentemente la acusación viene desde esas fechas, y extrañamente estaba vigente ya que fue detenido este día por agentes de la Policía Nacional Civil en Santa Eulalia, en el lugar conocido como Campamento. El pudo participar como candidato a alcalde, porque sus antecedentes policíacos estaban en orden, esta detención le toma por sorpresa.

La Policía en sus redes publicó que está acusado de varios delitos que son coacción, amenazas, incendio, actividad contra la seguridad de la nación, terrorismo, secuestro, detenciones ilegales, y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Estos son los delitos por los que fue acusado por la empresa Ecoener Hidralia Energía S.A. Hidro Santa Cruz, que supuestamente no existe más en aquel poblado.

¿Cual es el origen de la detención?

La orden de aprehensión, aparentemente está vinculada a la causa penal 65-2012, estea fue emitida por el juzgado de primera instancia penal, del municipio de Santa Eulalia el 17 de abril del año 2012. En esta causa penal el Ministerio Público- MP solo se basó en el testimonio de una sola persona, quien era un trabajador de la empresa, acusando a 23 personas reconocidas en el territorio como luchadoras sociales y autoridades comunitarias

En el año 2012 cuando el gobierno de Otto Pérez Molina decreta un Estado de sitio en ese municipio, la casa de Francisco fue rodeada por varias radio patrullas, vehículos artillados del ejército, decenas de elementos del ejército y policías desde la media noche, ingresando en la casa por la mañana soldados con armas, policía y Ministerio Público con una orden de allanamiento sin aparecer ningún nombre de las persona que vivían en su casa.

Sus hijos e hijas recuerdan siempre ese momento de terror, ya que al abrir sus ojos por la mañana, lo primero que vieron fue personas con armas largas revisando toda la casa.  Hasta la fecha siguen con ese miedo, cuando ven a alguien con arma o uniformado empiezan a temblar o a llorar. En el momento del allanamiento tomaron fotografías de sus niños y niñas y de toda la familia que se encontraba ese día.

Para resguardar su vida tuvo que desplazarse un año y medio de su territorio y vivir clandestinamente, caminó desde el 2 de mayo a pie por veredas y montes durante dieciocho horas sin poder comer, solo tomaba agua de los ríos que encontraba en el camino hasta llegar a otro municipio donde una familia le dio refugio. Días después salió para otro departamento para estar seguro físicamente, pero emocionalmente estaba muerto, tenía preocupación por su familia, miedo y sin dinero para sobrevivir.

Los hijos e hijas podían hablar con el solo por teléfono siempre le preguntaban llorando cuando regresaba y le decían que no tenían comida, y que no tenían ganas de comer, lloraban mucho, se pelean entre ellos, no quieren ir a la escuela, se enfermaban constantemente y los compañeritos de ellos los molestaban porque no estaba su papa.

La esposa buscaba formas para sobrevivir y su preocupación era muy grande que   meses después tuvo un aborto, ella estuvo a punto de morir, tuvo que estar hospitalizada por varios días, gracias al apoyo de sus padres y de algunos vecinos quienes la ayudaron de varias formas y así pudo salir de este problema.

Francisco trabajó por días y horas como ayudante de albañil, descargaba camiones, trabajó también como agricultor en varios municipios, para poder apoyar a su familia pero en el siempre existe el miedo que le pudiera pasar algo en cualquier momento.

Estuvo catorce meses sin poder ir a ver a sus padres quienes vivían en la comunidad de Imxolá. Ante este desplazamiento forzoso perdió muchas cosas, su trabajo, sus documentos personales como pensum de estudios, diplomas, título de perito contador y otros documentos personales importantes, como también su oficina contable y otras formas de ganarse la vida

Las acciones de criminalización de las empresas transnacionales dejan un daño grande e irreparable en la vida de los defensores de derechos humanos, donde el Estado es cómplice del dolor que sufren las familias. Podemos ver en está acusación de la empresa española Hidro Santa Cruz cómo se persigue a todas las personas que exigen sus derechos fundamentales, utilizando el aparato judicial como método de intimidación, terror y violencia para callar las voces de las personas quienes defienden los recursos de vida.

Por: Carlos Ernesto Choc

Fotografía de archivo: Quimy De León

Este material se comparte con autorización de Prensa Comunitaria

Last modified: 27/12/2019