Written by En Chile se están viviendo momentos históricos y también críticos, donde el ejecutivo se ha transformado en un gobierno de facto, violándose sistemáticamente derechos humanos y coartándose libertades fundamentales de la población que se manifiesta, con fracasados intentos iniciales del gobierno para llevar el estallido social a un estado de vandalismo, delincuencia y desinformación, para luego dar ofertones de un paquete social y de imagen “amigable y respetuosa”, como acciones desesperadas que buscan amainar las movilizaciones que anteceden a la cumbre APEC (Foro cooperación económica Asia – Pacífio) del 16 y 17 de noviembre a la que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su venida el pasado 11 de octubre.
El estallido social de Chile ha apuntado directamente al régimen político – económico neoliberal que domina al País y que es controlado por una oligarquía encabezada por un selecto grupo económico (Piñera, Ponce Lerou, Paulmann, Angelini, Matte y Luksic) en contubernio con empresas transnacionales, bajo una red de corrupción política y militar que vive la mayor decadencia de los últimos 46 años desde que se instaló el neoliberalismo con la dictadura militar de Pinochet.
En los últimos años, se ha destapado en el País descaradas prácticas de colusiones empresariales (Celulosas papeleras, Afps, farmacias), robos de miles de millones de pesos de arcas fiscales por parte de altos mandos de Carabineros (Pacogate) y de militares al fondo reservado del cobre (Milicogate), como también, las denuncias e incluso condenas por diversos actos de corrupción entre sectores empresariales y políticos, las que han salpicado desde la extrema derecha hasta el Partido Socialista (Casos: Penta, Soquimich, Caval, Ley de pesca, entre otras), actos de delincuentes que han precarizado los derechos sociales de la población.
Diversas expresiones sociales de Chile, sin partidos políticos, salieron a las calles. Son millones de personas que de una u otra forma viene protestando contra la corrupción, contra las injusticias sociales y una gran parte contra el régimen político predominante, saliendo con fuerza las exigencias de renuncia del Presidente Piñera ante la incapacidad de gobernar y de dar respuesta efectiva a un cambio profundo, la que si bien tiene un efecto más bien comunicacional, habla de las complejidades que enfrenta el gobierno, cuyo accionar inicial como respuesta al estallido, se basó única y exclusivamente en llevar las protestas a un escenario de vandalismo y delincuencia, pero fracasó, teniendo que abrirse a dar respuesta a algunas de las demandas sociales, pero lejos de los temas de fondo y lejos de asumir el fracaso del régimen político – económico neoliberal que representan.
Chile tiene un régimen político cuyo gobierno en el presente representa a esa oligarquía que ha saqueado al País en todos estos años, cuya economía se ha basado en el consumismo y en el extractivismo depredador de la naturaleza (retail, mineras, forestales, acuicolas-pesqueras, agroindustria), que ha sido precedido por gobiernos de la concertación que co gobernaron con estos grupos económicos y que han desplazado economías locales y que han privatizado absolutamente todo, incluso, se impuso el ingreso de los pagos previsionales de las personas en las Afps, mercantilizando los fondos de los trabajadores/as para sus jubilaciones, distribuyendo los dineros en un mercado de acciones a favor de empresas nacionales e internacionales de tipo bancario, extractivistas como mineras, forestales y de energía.
El gobierno es parte de los crímenes y montajes
El Gobierno fue parte de la “Operación Huracán” y “Operación Andes”, operaciones bélicas y de criminalización de inteligencia a causas y expresiones mapuche, cuyo Ministro del Interior Andres Chadwick justificó inicialmente el asesinato (noviembre del 2018) del joven Camilo Catrillanca, para luego desmarcarse una vez que quedaba al descubierto el nuevo montaje y asesinato perpetuado por agentes del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales), lo que no es distinto en el estallido social de octubre del 2019.
Luego de las masivas evasiones del pago del metro en Santiago por parte de estudiantes y al inicio del estallido social en Chile, el domingo 20 de octubre el Presidente de Chile dijo: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.
Los primeros días de reacción del gobierno se situó exclusivamente en responder a un “estado delictivo y de vandalismo” frente a incendios y saqueos, con un importante efecto comunicacional por los medios comerciales informativos, sin embargo, salió también a la luz pública una serie de montajes generados por propios agentes del estado vinculados a las fuerzas represivas de Carabineros y civiles policiales,, buscando generar un ambiente de caos y justificación para la intervención militar en el País, progresivo a diversas regiones, con sendos actos de violencia y brutalidad, con asesinatos, torturas y numerosos heridos, en su mayoría, no dirigidos a “delincuentes” sino hacia manifestantes, buscando generar temor e inseguridad a quienes protestan, sin embargo el cerco informativo en Chile comenzó a caerse y se abrió rápidamente la cobertura internacional por parte de agencias.
Luego del fracaso del gobierno en esta operación, a tal punto que la masividad de las manifestaciones nunca había sido vista en la historia de Chile, comenzaron las reuniones con sectores políticos, buscando parcelar y disminuir las fuerzas, apareciendo los de siempre en este tipo de “negociaciones”, representantes de partidos de la ex concertación, incluso, el presidente del senado, Jaime Quintana (PPD), previamente se veía fotografiándose con Piñera en señal de “gobernabilidad institucional”, quien dijo luego de los anuncios de los paquetes sociales, que le hubiese gustado que se hiciera cargo de la reforma tributaria y las modificaciones al código de aguas, dando cuenta de las posturas pro reformistas de estos sectores cómplices.
En medio de la crisis que enfrenta Piñera, de las exigencias de renuncia, de la ingobernabilidad y de la deteriorada imagen internacional que pronto, seguramente, afectará el mercado de los grupos económicos controladores del País, busca dar desesperadas señales de “respeto y amistad” e incluso solicita al Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, que encabeza la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelett, para que envíe observadores al País, con cambios en el uso de la violencia por parte de agentes del estado y con una “apertura” de las medios informativos locales a los temas que las manifestaciones vienen instalando.
Chile es sede de la Conferencia de Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, (COP25) que se concentrará en diciembre de este año. Asimismo, es sede del Foro de Cooperación Económica Asia y pacíficos (APEC) durante todo este 2019, el que por segunda vez se realiza en Chile y que involucra el 50 % de la economía capitalista del mundo, a la que el Presidente de Estados Unidos, Donal Trump, anunció venida para el 16 y 17 de noviembre, indicando que suscribirá un acuerdo con China.
Las exigencias de renuncia de Sebastián Piñera y todo su gabinete siguen con fuerza en las manifestaciones, lo que de concretarse, obligaría a que asuma el Presidente del Senado y llame a elecciones anticipadas en 90 días, buscándose a su vez transformar el régimen político neoliberal con una Asamblea Constituyente que cambie la actual Constitución proveniente de la dictadura militar de Pinochet, que es defendida por el decadente Gobierno de Piñera y sectores extremistas.
El prontuario de Sebastián Piñera
El empresario y presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha estado en varias oportunidades en el tapete de lo ilícito que a la fecha ha trascendido fronteras, incluyendo ser parte de campañas operacionales político-comunicacionales que han generado un enorme daño al Pueblo Mapuche.
“Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera, siendo Presidente de Chile en el marco de la muerte de siete brigadistas de forestal Mininco el 2012, mientras inmediatamente el ex Ministro HinzPeter y operadores políticos de su mismo bloque como el ex diputado Edwards, el ex Senador Alberto Espina (hoy Ministro de Defensa) y el ex Intendente de la Araucanía, actual diputado, Andrés Molina, hacían entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, mientras hacían desligar a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos y mientras los operadores de justicia como el ex Fiscal Ljubetic también apuntaba dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados.
Demás está decir la cercanía que el ex Presidente Piñera a los intereses de grupos empresariales forestales. El año 2006 vendía el 4% de las acciones de Antarchile y cuadruplicó su inversión en 6 años, holding perteneciente al grupo Angelini, quien posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco. Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.
Piñera, que a inicios del 2017 aparece con una fortuna que supera los 2.700 millones de dólares , fue un activo promotor en señalar supuestos vínculos terroristas “mapuches – Farc”. En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista y en agosto del año 2010 con el ex presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo entre mapuches y las Farc”.
Cabe consignar al respecto, que tanto Carabineros, la PDI, la CÍA de EE-UU , tuvieron que desmentir en su momento dicha campaña, no existiendo antecedentes. Los Cables de la Embajada norteamericana en Chile durante el 2008 al 2009, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demostraron que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje o sobre exageración.
Sin embargo la historia de Piñera y actos ilícitos considerados inmorales va mucho más atrás. Durante la dictadura militar de Pinochet, no solamente fue privilegiado, sino además obtuvo diversos niveles de proteccionismo. Documentos desclasificados de la CIA en Estados Unidos mostraron no sólo el nivel de influencia y relación de su persona con la dictadura o a través de su hermano como ministro de estado o de su padre, que le dieron ventajas en sus proyecciones empresariales, sino además incluye una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema para ir en su favor e incluso, la de una operación de inteligencia que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca , mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.
Esto explica el rol fundamental que tuvo Piñera para pedir el retorno del dictador cuando se encontraba en Inglaterra detenido por acciones de la justicia internacional, bajo las peticiones del Juez español Baltazar Garzón por delitos de lesa humanidad. Piñera decía que “No somos colonia de nadie”, mientras el País ha sido saqueado por numerosas transnacionales.
En septiembre del 2018, el presidente Sebastián Piñera se reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, encuentro que más allá del hecho político dejó un numerito para la posteridad. El mandatario sacó la bandera de Estados Unidos , donde aparece una supuesta fusión de la bandera de dicho País y la de Chile, como parte de una colonia.
Imputado en Chile y Argentina
El ex Presidente Piñera y actual candidato presidencial, mantuvo una denuncia en Argentina por el pago de coimas por parte de LAN, ahora LATAM , a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner para poder funcionar en territorio trasandino en 2006, a través de su filial LAN Argentina. Mientras tanto en Chile, estuvo de imputado en el marco de la investigación del caso Bancard , diligencia que estuvo a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente donde presentó declaraciones.
Otros ilícitos
Cuando pretendía presentarse como candidato a la presidencia en 1993 de Chile por Renovación Nacional, se vio involucrado en el escándalo denominado “Piñeragate ” sobre espionaje e instrucciones para desperfilar públicamente a la otra candidata Evelyn Matthei.
Durante su periodo como senador se vio involucrado en un conflicto de intereses por el polémico Caso Chispas , cuando consiguió que Endesa España le pagara por sus acciones de Enersis un precio mayor que el que se ofreció a otros accionistas que se encontraban en las mismas condiciones que él.
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Piñera y los paraísos fiscales
Piñera participó en septiembre del 2016 en un foro denominado “Generación de empleo, un motor para el desarrollo. Desafíos de América Latina“, organizado por la Fundación Ecuador Libre. Allí señaló: “yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como la lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado. O muchas veces se utilizan para evadir impuestos… y por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales, y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos”.
El 14 de noviembre de 2016, publicaba El Mostrador : “En medio del juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Piñera realizó una inversión relevante en la Empresa Pesquera Exalmar S.A., una de las más grandes del Perú. Y esta resultó favorecida en sus derechos de pesca por la sentencia emitida el 27 de enero del 2014 por el referido tribunal internacional. Es decir, en términos gruesos, parte de lo que Chile perdió a manos de Perú en ese juicio, lo ganó el ex Mandatario con sus inversiones en esa compañía peruana”.
CIPER Chile publicaba el 25 de noviembre del 2016: “Exalmar no es la única inversión pesquera de Piñera en Perú. A través de Bancard International Inv., emplazada en Islas Vírgenes, es accionista de Austral Group, otra gran empresa peruana del rubro. CIPER obtuvo registros del paraíso fiscal que indican que la sociedad offshore fue creada por Piñera en 1997, convirtiéndose en su vehículo de inversión en sectores estratégicos de Perú (aeropuertos e Inca Kola, entre otros), Argentina (Central Costanera) y Colombia (controla la Bolsa). Sus inversiones en el exterior sumarían US$1.800 millones: el 72% de su fortuna, avaluada en US$2.500 millones”.
Piñera, Chiloé y el caso Tantauco
En el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera.
Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”.
La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.
Piñera adquirió a fines del 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson cerca de 120.000 hectáreas, terrenos que abarcan como el 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, ubicado en el sector Sur. Su compra desató ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.
El nombre de Tantauco es por referencia a un antiguo tratado compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).
Sebastián Piñera es parte de la red de corrupción en Chile que involucra a amplios sectores políticos y empresariales y es parte del régimen político económico que ha despojado derechos y bienes colectivos de todos y todas.
Por Alfredo Seguel
Last modified: 26/10/2019
