Written by El fenómeno de la criminalización de la protesta es una tendencia que se advierte en toda América Latina, motivada, por un lado, por la incapacidad cada vez más manifiesta de los gobiernos neoliberales en dar respuestas a las reclamaciones populares frente a lo cual acuden, con mayor frecuencia, a medidas represivas contra la población; y, por otro lado, el interés de transnacionales y grandes capitales en las tierras que les pertenecen, los recursos naturales que poseen y protegen, se tornan cada vez más atractivos en un país sin industrias a gran escala, dependiente de sus sistemas de servicios. Estamos en presencia de los delitos políticos, que buscan limitar expresamente las actividades de disidencia política y el ejercicio de las libertades ciudadanas y, en este sentido, atentan contra el sistema democrático y contrarían la Constitución, que preserva claramente el derecho a la protesta, a las manifestaciones o reuniones al aire libre, pudiendo la autoridad sólo adoptar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos al ejercicio de los mismos (Artículo, 37 y 38 de la Constitución Nacional), siendo dichas medidas de policía, solamente de carácter administrativo y no penal.
Es la Ley Chorizo la que ampara la brutalidad policial, agravada por la política del gobierno de Juan Carlos Varela de criminalizar las protestas. Recordemos la represión diaria de las protestas por la falta de agua que en campaña Varela prometió resolver y han sido agredidos impunemente frente a las cámaras, luego apresados, encarcelados y falsamente acusados por los policías. El objetivo es claro, atemorizar a los ciudadanos, para que no defiendan sus derechos y así saquear con mayor efectividad las arcas del Estado y nuestros recursos. Veamos algunos ejemplos:
La Toma de la Universidad, el 9 de diciembre de 1998, por miembros de la Policía Nacional.
El Presidente de turno era, Pérez Balladares. Los estudiantes del Instituto Nacional, acusados de terroristas, bajo el gobierno de Varela, en el 2015. El 17 de agosto del 2017, la policía detiene a los estudiantes universitarios Rita Ramos y Gilberto Solís, y los acusa ante la Fiscalía y Corregiduría respectivamente. No olvidemos el caso de Felipe Cabezas, quien protestó contra el aumento de la energía eléctrica, el 26 de enero del 2018 por la empresa ENSA, en Colón. Recientemente, el 10 de noviembre Marcelino Ruíz, dirigente popular, es detenido por la policía y multado por una Jueza de Paz, porque el presidente Varela se sintió ofendido, por algunas expresiones del compañero Marcelino.
El 4 de diciembre, detienen al geólogo y ambientalista, Alberto Ruíz, por apoyar las protestas de los productores, en La Villa de Los Santos. Contra la Coordinadora Victoriano Lorenzo y su líder, Lic. Pablo Martínez, que luchan por el derecho del pueblo a una vivienda digna, se mantiene una persecución permanente.
Sin una efectiva libertad de expresión, si no se permite al pueblo protestar para defender sus derechos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana, se empiezan a tornar inoperantes dando paso a los gobiernos de hecho, poniendo en peligro las libertades y la propia vida de los ciudadanos.
La Coordinadora Electoral del Pueblo rechaza todo tipo de limitación o persecución contra el movimiento popular y sus líderes, exige el respeto a los derechos del pueblo panameño de defender sus derechos, consagrados en la Constitución y Pactos Internacionales de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la protesta y las diferentes formas de expresar libremente su opinión.
Hacemos un llamado al pueblo panameño a cerrar filas, para de manera unitaria, defender nuestros derechos y nuestras conquistas para construir una verdadera democracia, popular, incluyente y participativa.
Coordinadora Electoral del Pueblo
Panamá, 10 de diciembre de 2018.
Last modified: 12/12/2018
