Written by Cada 30 de noviembre se “celebra” en Guatemala el Día del Periodista, que más bien trae consigo una revisión de las estadísticas de agresiones contra el gremio, lo que hace perder el sentido de conmemoración. Es evidente que el programa de protección a periodistas no es más que una promesa más incumplidas por parte del Estado y gobiernos. Esa negligencia permite a funcionarios, agentes de seguridad pública y privada y otros actores de la sociedad agredir a periodistas a su antojo de diversas maneras.
Las y los periodistas en el ejercicio cotidiano enfrentamos una serie de agresiones que en su mayoría quedan en la impunidad, ya sea por la respuesta lenta del Ministerio Público y el sistema de justicia o por la falta de solidaridad gremial. Todo queda en un plano de frustración y contemplación.
Durante muchos años se ha denunciado que la violencia contra periodistas es visible en la ciudad de Guatemala, mientras la que sucede en los departamentos y comunidades no alcanza el mismo nivel de denuncia pública, a pesar de ser en donde más se registra esta problemática.
Un patrón de violencia cometida contra periodistas en los departamentos la que está dirigida, directamente contra el periodismo comunitario y la comunicación de los pueblos indígenas, que buscan el derecho a una frecuencia radioeléctrica; a periodistas que hacen cobertura sobre la autodeterminación de los pueblos, los bienes naturales, la cultura y la organización comunitaria que, y qu a través de los medios, demandam el fin del racismo y discriminación por parte del Estado guatemalteco.
Desde Prensa Comunitaria hemos documentado estos hechos. Mencionamos tres a continuación: el 2 de diciembre de 2016, se dio la reapertura de la Radio Comunitaria Snuq´ Jolom Konob´ en Santa Eulalia, cerrada por orden del alcalde municipal, el 20 de enero 2015; ese día fueron agredidas dos personas, entre ellas el periodista q´anjob´al Lorenzo Francisco, quien tuvo que desplazarse forzosamente por su seguridad. El allanamiento reciente en la casa de la periodista ch´ortí´ Norma Sansir, en el departamento de Chiquimula.
Y el tercero, la orden de detención contra el periodista q´eqchí´, Carlos Ernesto Choc Chub, desde agosto de 2017, tras haber denunciado a la empresa CGN Pronico, que criminaliza de varias formas a varios miembros de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal, y a los periodistas Carlos Choc y Jerson Xitimul; este último detenido en prisión preventiva durante un mes el año pasado. En junio de este año se cerró su caso por falta de méritos.
Carlos Ernesto Choc, ha buscado en cinco ocasiones presentarse voluntariamente en el juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, pero el juez Édgar Aníbal Arteaga López, la fiscalía del Ministerio Público y la querellante del caso han venido retardando el proceso.
Este martes 4 de diciembre, el periodista Carlos Choc, buscaba presentarse contra el juez contralor, que ordenó su detención en agosto de 2017. Pero la audiencia nuevamente ha sido suspendida. Por lo que sigue a la espera de la justicia, que ha limitado su trabajo como periodista.
Este proceso penal ha llegado a conocerse a nivel internacional ante diversos organismos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues conlleva agresiones directas a la libre expresión y de prensa y también la libre determinación de los pueblos. No es posible que cuando los pueblos indígenas denuncian la contaminación del Lago de Izabal (medio de vida de las comunidades a su alrededor) el Estado responda con persecuciones penales contra denunciantes y periodistas como Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitimul, quienes dieron cobertura y documentaron la contaminación y las demandas comunitarias.
La violencia no debe ser parte de los avatares del ejercicio periodístico, no debe naturalizarse ni permitirse, no importa de dónde venga ni quiénes la ejerzan. Los responsables deben ser castigados. Decimos al Ministerio Público: el periodista Carlos Ernesto Choc, es inocente, hizo únicamente su trabajo.
Por: Prensa Comunitaria / Guatemala
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Last modified: 07/12/2018
