Written by Las comunidades de las áreas revertidas del Canal de Panamá están en pie de guerra. El gobierno ha decidido abrir vastos terrenos a la especulación inmobiliaria para lo cual está ampliando la avenida Omar Torrijos. Desde que se firmó el tratado del Canal con EEUU en 1977 el país ha estado en un permanente enfrentamiento con los especuladores que quieren hacer negocios con lo que en el siglo XX se llamaba Zona del Canal de Panamá. Los especuladores se encuentran confabulados con los funcionarios públicos del más alto nivel programando negocios de toda clase. No importa si son legales o ilegales. Tampoco si acaban con comunidades, culturas o paisajes. Aún más no les importa si destruyen las fuentes de agua que necesita el Canal de Panamá para funcionar.
Se sumó a las protestas comunitarias la Ciudad del Saber que sufrirá las consecuencias de las arbitrariedades del Ministerio de Obras Públicas que avanza con sus batallones de tractores tumbando todo lo que encuentra en su camino. El presidente de la Ciudad del Saber, Jorge Arosemena, le planteó al gobierno la necesidad de iniciar un diálogo para llegar a un entendimiento. La Ciudad del Saber señala que el proyecto de ampliación de la avenida se inició y se desarrolla en forma ‘poco transparente’ Agrega que ya ha ‘producido una masiva deforestación en áreas boscosas adyacentes al Canal de Panamá’.
El gobierno insiste en continuar sus proyectos especulativos sin atender las necesidades del país y, específicamente, de las áreas del Canal. Según Arosemena, ‘durante dos años ha estado tratando infructuosamente dialogar con el MOP para encontrar soluciones que minimizaran los impactos negativos del proyecto’.
La Ciudad del Saber ha interpuesto dos medidas legales para interrumpir el proyecto del gobierno. Por una lado, presentó en agosto un recurso de habeas data y, por el otro, en octubre una acción de amparo de garantías constitucionales. La Ciudad del Saber le hace un llamado al país para que solidarice con su pretensión de salvaguardar sus instalaciones. Las comunidades de las áreas revertidas se encuentran en la misma situación de desprotección al ver como avanzan los planes del gobierno y su ministerio de obras públicas.
Todo indica que quienes llegan al gobierno – sea del partido político que sea – llevan en su programa un punto en tinta invisible que se refiere al saqueo del país. Por un lado, saquean el erario mediante contratos, adendas y sobreprecios. Por el otro, saquean los recursos naturales como son los bosques, incluyendo los que rodean la vía interoceánica, las cuencas y las riquezas minerales. La Minera Panamá, empresa sudafricana-canadiense, comenzará a extraer cobre de Petaquilla y recibirá una subvención de varios miles de millones de dólares. Ya construyó un puerto sobre el Caribe por donde exportará el cobre. El fisco panameño recibirá 20 millones de dólares anualmente.
Las islas y playas se están vendiendo a extranjeros que engañan a los pescadores y campesinos sin que el gobierno haga cumplir las leyes o la Constitución. Esta última dice claramente que las islas y las playas no se pueden vender. El gobierno especula con el desarrollo de una carretera que una a la ciudad de Colón con Bocas del Toro. Igualmente, con las islas del archipiélago de Las Perlas. Todo sin plan que tenga en mente el desarrollo del país. Todas las iniciativas gubernamentales se reducen a hacer negocios con las riquezas del país.
Lo que pareciera ser un problema aún más serio es la negociación con la República Popular China de un tratado de libre comercio. ¿Se blindarán los actuales gobernantes, como hicieron otros en el pasado, para sacar beneficios de las inversiones multimillonarias provenientes de los chinos?
Los vecinos de las comunidades de las áreas revertidas están preparándose para dar la pelea. Creen que pueden enfrentar el gobierno con éxito. Hace 20 años la ARI hizo un plan para el desarrollo de las áreas revertidas. Contempló todos los ángulos para beneficiar un crecimiento armonioso con la naturaleza. También le dio prioridad al sector empresarial para que hiciera inversiones sobre tierras que obtenían a precios muy por debajo del mercado. Los vecinos exigen que se respete el plan de la ARI. No quieren otro plan que beneficiaría aún más a los saqueadores que se aprovecharían de las circunstancias para acabar con las comunidades, los bosques y el Canal de Panamá. Por unos dólares más.
29 de noviembre de 2018.
– Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Last modified: 01/12/2018
