Mariano Rajoy ha caído. Con los votos de la mayoría del Congreso de los Diputados, se aprobó este viernes una moción de censura que defenestró al principal líder de la derecha española.
Con él, naufraga el Partido Popular (PP), colectivo con el que gobernó como la principal fuerza política del país, misma que hoy se encuentra empantanada en procesos judiciales y sentencias por corrupción.
Estruendosa salida
Propuesta por el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la moción superó los 176 votos necesarios para sacar a Rajoy del Palacio de la Moncloa, siendo esta la más relevante e inmediata consecuencia política tras conocerse las condenas por la Justicia española contra el PP y varios miembros del partido, ligados a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país ibérico, el ‘Caso Gürtel’.
Pese a tener solo 85 votos en el Congreso, el PSOE logró sumar casi de inmediato el apoyo de la izquierda aglutinada en Unidos Podemos y Compromís que aportaron 71 votos; grupo que ya había propuesto anteriormente una medida similar en julio del año pasado, precisamente por las acusaciones de corrupción que ya acumulaba el PP, aunque sin conseguir entonces el respaldo de los socialdemócratas.
En una alineación contra el Partido Popular, las principales fuerzas de los nacionalismos regionales (catalanes, vascos y canarios) acuerparon la moción con sus 24 votos.
Con estos se sumaron 180, número que dio la llave, no solo para expulsar al Partido Popular, sino también para dar la presidencia al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
De acuerdo a la normativa española, al Sánchez obtener el apoyo de la mayoría del Congreso en respaldo a la moción de censura, automáticamente se convierte en el nuevo presidente del país.
El “Leitmotiv”: La corrupción
Las condena de los tribunales españoles a una treintena exmiembros del PP por el ‘Caso Gürtel’, una compleja red de corrupción que operó por casi 30 años, principalmente en los municipios de Madrid, Valencia y los de la Costa del Sol (Andalucía), permitió a empresarios adquirir contratos públicos fraudulentos por medio de sobornos.
Al mismo tiempo, las investigaciones judiciales establecieron que una parte de estos actos de latrocinio fueron a parar a las arcas del Partido Popular y que incluso fue utilizada para financiar campañas electorales.
Las sentencias pronuncias por la Audiencia Nacional detallaron que hubo ‘enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado’, hechos que se tradujeron en ‘beneficios económicos cuantificables al Partido Popular’.
De acuerdo a la prensa ibérica citando autos judiciales, la lesión patrimonial contra las arcas públicas por la trama Gürtel rondaría más de mil millones de dolares.
Aunque ciertamente, el partido de Rajoy no es la única fuerza política con causas ligadas a delitos de corrupción; el propio PSOE o el extinto Convergència i Unió (nacionalistas catalanes de derechas) son ejemplos de ello. Al tenerse una visión panorámica de la gran mayoría de los procesos que llevan los tribunales españoles, miembros del Partido Popular aparece una y otra vez entre los señalados.
Fuera de la trama Gürtel, los populares arrastran investigaciones como: el Caso Púnica, una red para la adquisición de contratos públicos otorgando coimas a miembros del PP en Madrid; el Caso Lezo, aún en investigación, sobre la presunta utilización de una empresa publica de aguas para desvío de fondos al partido; o el Caso Noós, una red que incluía a Iñaki Urdangarín, miembro de la Casa Real y yerno del Rey de España, donde utilizó su posición para obtener contratos irregulares con gobiernos locales administrados por el PP, desviando parte de los fondos hacia sociedades opacas.
Para la catedrática de la Universidad de Panamá e investigadora, Yolanda Marco, la salida de Rajoy es un ‘alivio y esperanza’ para la ciudadanía española. Esto termina con un Gobierno ‘vergonzoso’, particularmente por el hecho de que durante años se vinieron destapando escándalos de corrupción sin que se registraran consecuencias políticas acordes a los delitos cometidos.
Según explicó a La Estrella de Panamá la doctora y especialista en historia, considera que la diferencia entre este y otros caso de corrupción en España radica en el rol que jugó el partido como epicentro para la comisión de delitos (robo, tráfico de influencias, lavado de activos, etc), apuntando a que las responsabilidades no recaen sobre el ‘desliz’ individual de un funcionario o exmiembro del PP.
‘Es la primera vez que un partido político tiene una red de esta magnitud para beneficiarse (…) además que ha sido utilizada para jugar con ventaja (en las elecciones), ha sido dinero (público) que fue a para a las campañas. Es decir, se ha aprovechado de este mecanismo de manera sistemática (…) no son solo individualidades, como lo demuestra las sentencias judicial’, señaló Marco.
El nuevo gobierno
De acuerdo a Marco, de nacionalidad española y residente en Panamá, lo que viene será una ‘prueba de fuego’ para el régimen político español. Rechaza la idea de que un posible Gobierno de coalición con fuerzas tan heterogéneas (socialdemócratas, republicanos de izquierda e independentistas) o al menos respaldadas por estas sin ser parte del Gobierno, lleve a un escenario de ‘ingobernabilidad’, como denunció el viernes los líderes del PP y del derechista partido Ciudadanos.
‘En Portugal se constituyó un Gobierno entre socialdemócratas, comunistas y la centro-derecha, con un programa mínimo (…) otras democracias del norte de Europa también lo han hecho, no es algo nuevo (…) aunque sería inédito en España, será una prueba de fuego’, indicó la profesora universitaria.
En opinión de Marco, la administración de Sánchez no solo enfrentará la difícil situación social y económica que hereda o los intentos secesionistas catalanes, sino también los ‘viejos problemas’ no resueltos tras la transición de la dictadura de Francisco Franco en 1977
‘Cuando muere el dictador (Franco), se instauró un régimen democrático que se hizo bajo la fuerza y la coacción de la dictadura. Los demócratas y los partidos de izquierda tuvieron que aceptar una situación (…) donde, por ejemplo, nunca se votó si la gente quería una monarquía o una República, entre otras cosas que en un régimen de libertad no hubiese pasado’, explicó Marco.
Entre aquellos asuntos que tienen más de 40 años de no haberse resuelto y que afloran en este momento crítico de España, está la cuestión de las nacionalidades, ya que la Constitución pactada en 1978 ‘solo habla de naciones pero no de autodeterminación de lo pueblos’. Otro de los problemas es el de la ‘memoria histórica’.
‘En España nunca se han podido curar las heridas dejadas por la Guerra Civil (1936-1939) y luego por la represión franquista (…)los miles de muertos y desaparecidos siguen en las cunetas’, apuntó Marco.
Para la historiadora la actual derecha española, que hoy sale del Gobierno con Rajoy, mantiene todavía una mentalidad de justificar aquel pasado franquista, lo que dificulta pensar en una España diferente, acorde a las necesidades de los nuevos tiempos.
Por: Juan Cajar
Gráfico: Rainer Hachfeld
Last modified: 04/06/2018