Written by Por las treinta y ocho víctimas de la violencia machista de 2017
(13 femicidios, 14 tentativas de femicidio y 11 muertes violentas –según Ministerio Público hasta octubre de 2017).
Por la niña Cristiany Grand Batista y por Eneida Carmen Rodríguez Morán; Romina Andreina Peraza Torres; Migdonia Sanjur Domínguez; Lusti Oscarí Pineda Sánchez; Tatiana Lorenzo Boyd; Catherine Johannet; Luz Michelle Orocú; Roxana González; Diana Aparicio; Nayrobis Jaén; Vielka Gómez; Jessica Flores.
(Información recopilada de los medios de comunicación)
Nuestras vidas son vulneradas por políticas públicas insuficientes, por la desprotección gubernamental de los derechos humanos de las mujeres en condición de riesgo económico y social.
Hemos denunciado la violencia femicida. Hemos mostrado la elevada criminalidad que ocurre como consecuencia de un sistema, una estructura patriarcal que se expresa en arraigo de una cultura machista donde impera la discriminación hacia la mujer como reflejo de un poder excluyente.
Hemos hecho propuestas de leyes que en ejecución se traducirían en cambios respecto a esa masculinidad y han resultado insuficientes.
Las organizaciones en lucha por los derechos humanos de las mujeres levantamos nuestra voz, exigimos que el Estado apruebe y ejecute programas con presupuestos dirigidos a prevenir los femicidios y castigar con fuerza a los perpetradores, para que las familias no tengan que experimentar el sufrimiento por la pérdida de hijas, nietas u otro familiar, que mueren a manos de un femicida y violentan la convivencia ciudadana que tiene derechos a vivir en un ambiente de paz.
Nos envuelve una gran indignación por el estado de desprotección en el que vivimos. Observamos que el Estado no tiene entre sus prioridades programas efectivos que valoren la defensa de la vida de las mujeres a partir de la erradicación de los factores causales de este flagelo que crece cada día en nuestro país.
Las responsabilidades en materia de violencia machista y femicidio son evidentes: una política estatal incapaz de asignar los fondos que se requieren para poner en marcha la ejecución integral de la Ley 82 de 2013, contra la violencia hacia las mujeres. Las autoridades ministeriales y los diputados se confabularon con los sectores conservadores y eclesiásticos para evitar la protección a la vida de las mujeres con educación.
Los resultados no pueden ser más trágicos:
1. En 2016, diecinueve (19) femicidios, cuatro (4) tentativas de femicidio y ocho (8) muertes violentas.
2. Entre enero y septiembre de 2017 hubo trece (13) femicidios; catorce (14) tentativas de femicidio y once (11) muertes violentas. Solo en los últimos días de este mes, se dieron tres muertes violentas de mujeres.
3. Miles de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, miles de mujeres abusadas sexualmente, miles de niñas y adolescentes con embarazos a edades tempranas.
Los compromisos políticos e ideológicos de recamaras, sumados a la corrupción que impera entre el poder político de los poderosos, condenan a las mujeres pobres y en condición de vulnerabilidad a la desgracia, al abuso, al femicidio.
Quienes cometen estos crímenes deben ser castigados con todo el peso que la justicia obliga, pero quienes desde sus cargos han permitido que niñas inocentes paguen con sus vidas sus complicidades, indiferencias, prejuicios y desprotección de sus derechos son igualmente culpables.
Es hora de llamar a un Pacto Nacional por la Vida de las Mujeres desde todas las organizaciones de la sociedad para frenar la violencia hacia las mujeres y erradicar los femicidios.
Organizaciones:
Espacio Encuentro de Mujeres
Central General Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Panamá.
Voces de Mujeres Afrodescendientes
Tener Ovarios
Voces Ecológicas de Panamá COVEC
Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá
Panamá, 26 de diciembre de 2017.
Last modified: 27/12/2017
